Durante su comparecencia en la glosa del cuarto Informe de Gobierno ante la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación negó nuevamente la existencia de grupos paramilitares, y acusó de odiar al Ejército Mexicano.

Ahora resulta que los responsables de la matanza de Acteal no son parte de ningún grupo paramilitar. Sin embargo, los informes de organizaciones de derechos humanos han comprobado que estas bandas paramilitares mantienen sus operaciones en todos los rincones del estado donde se presume influencia del EZLN.

La inclinación por el diálogo y la negociación sólo existe en el discurso oficial. El Presidente ha optado por una estrategia de saturación militar con 40 mil efectivos en la zona de conflicto y en las comunidades indígenas que simpatizan con el zapatismo. Su doble discurso no sólo disminuye la posibilidad de reanudar las conversaciones, sino que también afecta la integridad constitucional de las Fuerzas Armadas.

De manera progresiva, el Ejército ha construido un complejo cerco de fuerzas en torno del EZLN: con la reestructuración territorial, el cerco comprende cinco zonas militares y tres bases aéreas en torno del área de conflicto. La militarización se ha reproducido a escala federal en estados como Oaxaca y Guerrero, donde se concentra la actividad guerrillera

El gobierno ha incrementado el presupuesto y efectivos de las Fuerzas Armadas. En 1994, cuando Zedillo recibió el mandato presidencial, estaban integradas por 214 mil 681 efectivos. Para 1998, el número se incrementó a 237 mil 543.

La militarización de la lucha contra el narcotráfico ha llevado a la creación de 34 Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFE) y al empleo de 24 mil efectivos diariamente. Tan sólo en el último año, se crearon seis brigadas de infantería, dos guarniciones militares, un cuartel general para el cuerpo de Policía Militar y ocho compañías de infantería.

Con la militarización también se sustituyen cuerpos completos de seguridad pública y de la policía judicial estatal por personal militar, activos o con licencia. Lo mismo sucede con delegaciones enteras de la Procuraduría General de la República. Los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina participan activamente en la definición de las políticas de combate contra el crimen organizado y encabezan la lucha contra el narcotráfico.

La preparación de las policías de seguridad pública del país se realiza ahora en instalaciones castrenses, y los instructores son oficiales y suboficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.

Son varios los resultados de este proceso de militarización. Primero, ha crecido la autonomía de los militares mexicanos respecto de los mandos civiles. Asuntos como el gasto militar, la compra de armamento, los acuerdos con Fuerzas Armadas de otros países, el contenido de los cursos de entrenamiento militar en el país y en el extranjero, ascensos y promociones, son temas sin el debido control civil.

Segundo, obligadas a combatir en la primera fila de la lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas han sido expuestas al riesgo de la corrupción. Las detenciones más recientes indican que los narcos han logrado penetrar a esferas altas de oficiales y mandos castrenses, incluidos jefes de zona y región militares.

Tercero, los militares mexicanos están en constante roce con la población. De acuerdo con informes de organismos especializados, ha empeorado la violación de los derechos humanos cometida por militares.

Paradójicamente, no hay datos indicativos de que esta política de militarización haya tenido éxito. Los decomisos de droga han disminuido notoriamente. Los vuelos clandestinos de naves cargadas con drogas son ahora menos frecuentes y, en cambio, el tráfico de drogas vía marítima se ha vuelto masivo e intensivo en las costas mexicanas. Según informes de la DEA y el Congreso estadunidense, México sigue siendo el paso de cerca de 70 por ciento de los 300 millones de toneladas de cocaína que se consumen anualmente en Estados Unidos.

La crítica de la militarización es al mismo tiempo la reivindicación del uso constitucional de las Fuerzas Armadas. No es válido empujarlas contra la población de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y luego alabar su lealtad y disciplina. No lo es tampoco permitir que los militares paguen los platos rotos de políticos incapaces de gobernar, ni dejar que ellos sean los encargados de lavar el desprestigio de los civiles en el gobierno.