La violencia criminal es un asunto político. Surge de una cultura que le tiene poco aprecio a la vida y crece gracias al deterioro de las condiciones socioeconómicas. Tiene que ver, además, con la impunidad y corrupción, ambos factores relacionados estrechamente con el sistema político. Mientras su combate se aborde sólo a partir de una visión policiaca no se darán pasos firmes y definitivos para su disminución, no importa cuántas reuniones de alto nivel se hagan o cuántos recursos se canalicen a comprar armamento y pagar más policías.

Los resultados sangrientos de parcializar la realidad y tratar de regatear las soluciones de fondo están a la vista. Uno de los más recientes sucesos ocurrió el pasado 17 de septiembre cuando un grupo de desconocidos ametralló a 19 personas de tres familias en una localidad cercana a Ensenada. Por los detalles de las muertes, incluidas las de varias mujeres y ocho menores, el hecho fue noticia de primera plana a nivel local y nacional. Aun en un estado en donde la violencia se ha vuelto, por desgracia, cosa de todos los días, los homicidios conmocionaron a los ciudadanos.

Las muertes de estas 19 personas acentúa el clima de violencia y criminalidad que existe en Baja California. Ya casi todos los medios de comunicación escritos o electrónicos han señalado el dudoso honor del estado de encontrarse en los primeros lugares del país por denuncias presentadas: robos, lesiones, delitos contra la salud, portación de armas y homicidios. El propio gobierno estatal admitió, a finales de agosto, que durante 1997 hubo casi 20 mil robos y 481 homicidios, esto es, 1.3 homicidios diarios. Para 1998, a principios de septiembre ya se había alcanzado la cifra de 240 homicidios, más los que se acumularon en estas últimas semanas.

La violencia y criminalidad han permeado ya la vida y actividades de todos los ciudadanos de Baja California, pero el problema no se limita a esta entidad. Se ha extendido a casi toda la República y contaminado las esferas económicas, sociales y políticas. La inseguridad se ha convertido en un factor de inestabilidad y desarticulación social.

Es evidente que el asunto preocupa a la sociedad y al gobierno federal, en especial al propio Presidente que desde su toma de posesión y en cada uno de sus informes de gobierno se ha referido al asunto. Sin embargo, además de la suspensión de programas televisivos amarillistas (que después volvieron a aparecer con otros nombres) y el reconocer que se ha fallado, hay pocos elementos visibles que permitan ser optimistas en la materia.

Así, se propuso debatir el asunto de la pena de muerte, lo que suscitó un fuerte intercambio de opiniones entre juristas, analistas políticos, religiosos, comunicadores y especialistas varios, que finalmente no llevó a nada.

Hace unos tres años, ante la corrupción de los cuerpos policiacos, se echó mano de los militares a los que se habilitó como policías. En aquel entonces, muchos dijeron que no era ésta la solución de fondo para resolver los problemas de inseguridad. Ahora, los diarios frecuentemente mencionan casos de militares arrestados por colusión con criminales o por estar ellos mismos metidos en actividades ilegales. Esto, de acuerdo a la información de The Washington Post, le ha partido el corazón a funcionarios antinarcóticos estadunidenses que estarían decepcionados luego del arresto de militares mexicanos destacados en el aeropuerto de la capital mexicana. Los soldados detenidos habían sido entrenados en Fort Brag para la lucha antinarcóticos.

Ante ésta y otras noticias, parece claro que en un nuevo cambio de opinión, se ha tomado la decisión de sustituir a los soldados por personal civil.

Finalmente, el pasado 26 de agosto, el presidente Zedillo convocó a una Cruzada Nacional Contra el Crimen y la Delincuencia. Se anunciaron iniciativas nuevas para enfrentar la criminalidad y se atribuyó la delincuencia a la ineficiencia y corrupción policial y a muchos años de rezago, negligencia, simulación y reformas judiciales insuficientes, pero no se mencionó el papel que ha tenido la crisis económica ni la impunidad.

Hay además otros factores preocupantes, entre ellos el del respeto a los derechos humanos. Hay muchos y creíbles datos que muestran que hay una tendencia al agravamiento de los derechos humanos en nuestro país. Esto ha sido negado una y otra vez por nuestras autoridades, que atribuye parcialidad y hasta mala fe a quienes se atreven a señalar el problema.

Ahora que en el Congreso de la Unión se discutirán cambios legales en cuanto al combate del crimen, solicitemos que se profundice el debate para llevar a cabo no sólo medidas de castigo, sino aquéllas que garanticen el respeto a los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida.

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