El grupo en el poder, todavía salinista, no puede ocultar que buscará sin escrúpulos perpetrarse en el poder en el 2000, y que no le va a dejar a los mexicanos otra vía de lucha que la de la resistencia civil.

1. Los signos que los tecnócratas que gobiernan a México están haciendo llegar son ominosos, pues sin proponérselo se asemejan cada vez más a una banda criminal que actúa en abierta ilegalidad: encubriendo los crímenes políticos, protegiendo al narco, humillando al Poder Judicial y recurriendo al fraude electoral.

2. El régimen quiso legitimar a través de las elecciones legislativas y municipales de Chiapas, el 4 de octubre, la imposición política, la militarización del estado y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, pero el rechazo abrumador del pueblo chiapaneco a una simulación de comicios efectuados en estado de sitio y bajo el peso de una crisis social y económica que se ha agravado hasta el límite de la supervivencia, lo ha desnudado una vez más. Ernesto Zedillo quiso imponerse por unas elecciones fraudulentas y una vez más salió derrotado.

3. ¿Qué elecciones ``libres'' puede haber -cabría preguntarse- en una entidad que se halla en la más absoluta ilegalidad, con un gobierno de ocupación, viviendo una guerra de baja intensidad, y con amplias zonas devastadas por las políticas oficiales y por la naturaleza? ¿Qué elecciones ``libres'' puede haber cuando el PRI, que es un partido de Estado, amedrenta a los campesinos indígenas con sus bases paramilitares: Chinchulines, Paz y Justicia, Máscara Roja, sin que la autoridad electoral le retire el registro? ``No se puede salir a las parcelas o a buscar comida'', decían atemorizados a La Jornada (1o. de octubre) habitantes de las Cañadas. ¿Cómo podrían entonces ir a votar?

4. ``Los indios de Chiapas no pueden encontrar refugio en México'', decía en su pasada visita a nuestro país, el 19 de marzo, el novelista portugués José Saramago, a quien la Academia Sueca acaba de otorgar el premio Nobel de Literatura 1998, y esta reflexión es más cierta que nunca.

5. Las elecciones chiapanecas constituyeron una violación masiva y generalizada de los derechos humanos, tal y como lo están reportando los observadores de Amnesty International, de Global Exchange y de múltiples ONG nacionales. Los hechos son contundentes: compra de votos, intimidación a los votantes, rasuramiento del padrón, expulsión de representantes de la oposición y acarreo de votantes, hasta llegar a la falsificación de votos para disimular el abstencionismo: todo el catálogo de prácticas de fraude que los funcionarios del IFE dicen que ya no existen.

6. El mensaje de Ernesto Zedillo a los chiapanecos al organizar en medio de la crisis social estas elecciones fraudulentas no podía ser más grave, pues habiéndose opuesto ya al cambio por la vía de los acuerdos de San Andrés, ahora deja ver claramente que para él no se puede impulsar tampoco el cambio por la vía electoral.

7. Las elecciones de Chiapas del 4 de octubre fueron sin embargo, en otro sentido, un verdadero plebiscito que se saldó por un repudio del pueblo chiapaneco al régimen, y al mismo tiempo por un respaldo a las demandas históricas de los campesinos indígenas zapatistas, que se abstuvieron de votar. Las cifras son elocuentes: más de 85 por ciento de abstencionismo en las que el régimen ha estimado zonas de mayor rebeldía, y más de 60 por ciento en todo el estado, por más que ahora se busque fabricar votos fraudulentos para hacer descender las cifras.

8. En Chiapas, como en amplias zonas del país, hay desde hace tiempo una crisis institucional, social y económica sin precedentes, y por ello resulta irrisorio hablar ahora de una ``crisis constitucional'' por el hecho de que tras haber sido suspendidas las elecciones en tres distritos y anularse la elección de San Juan Chamula, no se pueda instalar legalmente el Congreso. En Chiapas se vive en la ilegalidad desde hace décadas y no podrá haber un estado de derecho si el gobierno no cumple los acuerdos de San Andrés y si no negocia en serio con el EZLN y se instaura un orden constitucional. La anulación de los comicios, demandada por el PRD, no sería por lo mismo más que un paliativo temporal.

9. El autodenominado ``gobernador'' Roberto Albores, impuesto por Zedillo desde Los Pinos en plena ilegalidad, no ha actuado en su deplorable gestión más que como un vulgar delincuente. Su responsabilidad criminal en las matanzas de Ocosingo o de El Bosque ha dado la vuelta al mundo; PAN y PRD anunciaron el 27 de septiembre que lo denunciarían por los delitos de especulación y acaparamiento de la ayuda humanitaria a los damnificados de las inundaciones y ahora, sin duda, será acusado por haber instrumentado una violación masiva de los derechos políticos de la población. Este deleznable individuo no es, sin embargo, el único culpable del deterioro de la situación en Chiapas: la responsabilidad de lo que acontece es de todo el sistema y de su jefe formal. De la misma manera que los venales ministros de la Suprema Corte, que aprobaron la aberrante decisión de que el anatocismo es ``legal'', no son los únicos responsables de hundir en el descrédito al Poder Judicial.

10. Los últimos acontecimientos muestran que el fin del ``sistema'' podría estar más cercano de lo que muchos suponen. Pero también nos dejan la lección de que éste no podrá llegar si no es por la resistencia de las mayorías: por esa ``insurrección ética'' de que hablaba José Saramago.