La Cámara de Representantes del Congreso estadunidense decidió ayer, por amplia mayoría, estudiar la posibilidad de iniciar un juicio político contra el presidente Bill Clinton a raíz de los intentos de éste por ocultar -ante una corte de justicia- sus encuentros eróticos con Monica Lewinsky.

Ante una sociedad que se manifiesta mayoritariamente harta del generalizado mal gusto de que han hecho gala la clase política y los medios en su tratamiento del asunto, que querría deslindar el desempeño público de Clinton de su vida privada y que reprueba la obsesiva persecución emprendida contra el presidente por el fiscal Kenneth Starr, habría sido prudente, de parte de los representantes, esperar el mandato que surja de los comicios de noviembre antes de dar curso a la investigación sobre la procedencia del proceso de impeachment.

Pero la decisión de los legisladores y el proceso, en general, están obviamente distorsionados por los intereses electorales de corto plazo. Así puede entenderse el que 31 representantes demócratas se hayan alineado con la mayoría republicana, en un intento por distanciarse, en vísperas de las elecciones parlamentarias del mes próximo, del humillado y disminuido mandatario.

La premura por aprobar la investigación, en una Legislatura que habrá de modificar su composición a raíz de tales comicios, expresa también el interés de los integrantes de la Cámara Baja del Capitolio por exprimir al escándalo las últimas gotas de beneficio político personal y partidario. De hecho, se da por sentado que las audiencias relativas a la investigación se programarán para después de las elecciones.

Desde otra perspectiva, resulta claro que una buena parte de los congresistas estadunidenses se debaten en un dilema de difícil solución: si bien no desean aparecer ante los electores como solapadores o cómplices del jefe de la Casa Blanca, querrían, por otra parte, terminar de una vez por todas con un asunto que ya empieza a resultar desagradable y contraproducente hasta para muchos republicanos conservadores.

En esta lógica, cabría esperar que la investigación aprobada se convirtiera en una salida aceptable para todo el mundo y en la forma menos inelegante posible de dar por concluido un proceso público perverso y por demás lesivo para la solidez de las instituciones del país vecino.

Finalmente, si se considera la enorme gravitación política, económica, militar y geoestratégica de Estados Unidos en el mundo, resulta claro que la inestabilidad política en Washington es un factor de obligada preocupación para la comunidad internacional. Desde este punto de vista, una hipotética defenestración de un mandatario estadunidense, por los motivos que sea, afectaría negativamente el conjunto de las relaciones planetarias. El que un asunto de alcoba, que debiera mantenerse en el ámbito de las vidas privadas, haya abierto esta perspectiva, es una muestra de las graves distorsiones que caracterizan al orden internacional contemporáneo.