En los últimos años se ha glorificado de tal manera a las organizaciones de la sociedad civil que nadie espera de ellas más que hechos positivos, piadosas acciones anónimas, siempre por encima de cualquier egoísmo. Sin embargo, el escándalo por la desviación de recursos de la Cruz Roja hacia otra entidad asistencial comprueba que ninguna institución está a salvo de caer en ciertas formas de corrupción o patrimonialismo, ni siquiera aquellas que sobresalen por méritos propios: la Cruz Roja y el Monte de Piedad.

Independientemente de que el asunto encuentre una solución satisfactoria, como es deseable, el caso Cruz Roja obliga a revisar a fondo las normas que rigen la actuación de esas instituciones cuya importancia para la comunidad es indiscutible. Tras la disputa entre las entidades privadas de asistencia se esconde una legislación arcáica que ya no responde a la necesidades actuales. Junto a la Cruz Roja, que es un organismo necesario y defendible, pululan organismos que no rinden cuentas ante nadie, pero medran con las necesidades y los recursos ajenos sin que a nadie parezca preocuparle gran cosa.

Pero hay algo más que tiene que ver con la ética en nuestra sociedad. Las instituciones de servicio se han presentado ante la sociedad como entidades neutrales ante los vaivenes políticos o ajenas a otros intereses económicos o religiosos, cosa que cada vez resulta más difícil demostrar. La abierta participación de prominentes personajes de la Iglesia católica en defensa de José Barroso Chávez es una demostración de que tal neutralidad es inexistente.

En las altas cúspides de nuestra sociedad aún prevalece el sentimiento de que los ricos, por serlo, tienen una misión moral que deben cumplir por mandato celestial, una responsabilidad propia, particular que los diferencia de los demás mortales ciudadanos. En los últimos años se han pronunciado ríos de palabras para probar que es la sociedad civil, no el Estado, quien debe canalizar las políticas sociales, todo en la misma lógica de privatizar las funciones públicas.

Sin embargo, más allá de la disputa interna, escándalos como éstos ponen a prueba la supuesta superioridad moral de algunas cabezas del asistencialismo mexicano para regir la solidaridad social, erosiona la idea que hace del mundo privado un reducto aparte de los métodos, conductas y actitudes censurables, atribuibles al universo ético del Estado. Se ha comprobado que no es así.

Si bien sería una injusticia inadmisible poner a todos los filántropos en el mismo saco, desconociendo labores muy meritorias, cómo no recordar que la demolición ideológica del viejo Estado a cuenta de la derecha, la vieja y la nueva, pasa por el encubrimiento moral de estos prohombres que son dueños de parte abundante de la riqueza nacional. La historia reciente ha cancelado esas pretensiones. Muchos de los pillos modernos proceden, justamente, de esas cúpulas. Los personajes tras las rejas o eludiendo la justicia ya no son solamente oscuros funcionarios ávidos de riqueza, sino supuestos hombres de bien, capitanes financieros con sonoros sobrenombres, como El Divino, o filántropos de elevada moralidad, ejemplos de buenas costumbres y de valores cristianos.