Octavio Rodríguez Araujo
Política en Chiapas

En Chiapas no existe normalidad constitucional. En Chiapas no existe normalidad en ningún sentido, y menos desde las recientes catástrofes climáticas. En Chiapas no hay gobierno sino un caciquismo obsoleto e impune por añadidura. En Chiapas, con motivo de las inundaciones, hay diez mil soldados más sobre las decenas de miles que ya había. En Chiapas hubo elecciones que no debieron haberse realizado. En Chiapas, para el sátrapa encargado del despacho de gobierno, Marcos es un delincuente y el marco legal que lo protege, mientras no se rompa el diálogo de San Andrés, es letra muerta.

Si no fuera porque no me la creo, como nadie se la cree, podría pensarse que el federalismo sí existe en México: el supuesto gobernador de Chiapas hace lo que le da la gana y en esa entidad todo le es permitido al grupo que domina y controla la economía y los privilegios locales. El poder nacional, en lo formal, parece que no pudiera hacer nada por detener la satrapía de Albores Guillén y la ilegalidad en que acontece la vida (¿vida?) cotidiana. Pero sabemos bien, y no precisamente de ahora, que el federalismo no existe en México y que una de las funciones de las decenas de miles de soldados en Chiapas es proteger los intereses de los grandes hacendados y comerciantes de la entidad. El gobierno de la República, salvo demostración en contrario, defiende y permite que los hacendados en y fuera del poder formal del estado hagan con éste y con sus habitantes, como en tiempos feudales, lo que quieran sin más limitación que sus propias y elementales capacidades como seres humanos.

Pecan de ingenuidad quienes han dicho que podría haber una crisis de constitucionalidad en Chiapas de no cumplirse con las formalidades para la instalación del próximo Congreso. No puede haber crisis de constitucionalidad donde no hay normalidad constitucional, donde las constituciones nacional y local son letra muerta. Las elecciones se llevaron a cabo a pesar de todos los inconvenientes detectados, denunciados y reconocidos. Se llevaron a cabo con una abstención mayúscula y con todos los fraudes imaginables de la consabida bolsa de trucos del PRI. No es extraño que el tricolor esté conforme con los resultados. Lo grave es que los otros partidos vayan a convalidar, por pírricos triunfos, un proceso que no debió tener cabida. Las elecciones debieron posponerse hasta asegurar condiciones de normalidad constitucional y físicas de los electores. Pero no; la prepotencia del poder, como en casi todo México, se impuso y ahora hasta los habitantes de San Juan Chamula que impidieron la instalación de casillas pueden ser acusados de delito electoral. El viejo estilo: la ley para los enemigos... y los enemigos son el pueblo chiapaneco y todos los que no pertenecen al círculo de poder del sátrapa, de sus socios y del Ejército y las policías que los protegen. Es indignante, sí, pero no se me ocurre cuál pudiera ser la solución, ya que descarto de antemano, por un mínimo de realismo, la posibilidad de que el Senado de la República actuara de acuerdo con sus facultades.