IP: los deudores deben enfrentar pasivos y olvidarse de protestas
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de respaldar el cobro de intereses sobre intereses de deudas (anatocismo) cancelará cualquier posibilidad de un nuevo rescate bancario, evitará una crisis financiera y dará a las empresas la posibilidad de contar con un régimen financiero competitivo, consideraron ayer líderes empresariales y funcionarios gubernamentales, mientras los partidos políticos de oposición criticaron la medida, porque se afecta el interés de los deudores. Ante la disposición de los magistrados, consideraron que se hace necesario legislar sobre el tema. El PRD anunció que enviará una iniciativa de ley para evitar el anatocismo.
El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia fue ``adecuada'', debido a las condiciones actuales que enfrentan pequeñas y medianas empresas. Ahora, dijo, se abre una nueva posibilidad para que haya disposición de crédito y en consecuencia tener un régimen financiero competitivo.
Aseguró que en las condiciones financieras actuales lo fundamental para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es que haya disponibilidad de créditos, que ``sólo podrá lograrse mediante el cobro de intereses y de capital por parte de los bancos''.
Posición similar a la del funcionario expresaron los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eduardo Bours Castelo; de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Jorge Marín Santillán, y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Vicente Yáñez Solloa, quienes señalaron que la determinación de los magistrados permitirá fortalecer el sistema financiero mexicano; de alguna manera favorecerá la disposición de los bancos a otorgar el crédito, hasta ahora restringido, y evitará que el país tenga que recurrir a un nuevo esquema de rescate bancario similar al Fobaproa.
Críticas empresariales a El Barzón
A partir de ahora, agregó la cúpula empresarial, la única alternativa que le queda a los más de 10 millones de deudores de la banca es hacer frente a sus pasivos y dejar de canalizar su irritación a través de plantones y mítines, que no llevan a ninguna solución. En este marco, sostuvo que los métodos utilizados por El Barzón son ``inadecuados e incorrectos'', y no representan la forma idónea para que el país avance. Sin embargo, admitió que es urgente que autoridades, partidos políticos y banqueros aceleren la aprobación de programas de apoyo a pequeños y medianos deudores cumplidos.
Del mismo modo recomendó avanzar en el establecimiento de mecanismos que permitan la reducción de las tasas de interés, para que los deudores puedan hacer frente a sus compromisos con la banca.
Entrevistados en diversos foros, los líderes empresariales e industriales consideraron que el fallo de la SCJN a favor de la legalidad del anatocismo no representa dar la razón a los banqueros, ni es cuestión de un enfrentamiento entre deudores y banqueros; solamente representa un avance en la consolidación del sistema financiero del país.
Vicente Yáñez Solloa señaló que es mejor reconocer la legalización del cobro de intereses sobre intereses ``que quitárselos a los ahorradores que se beneficiaron de éstos durante los últimos años'', luego de exhortar a las organizaciones de deudores a no malinterpretar la decisión del máximo órgano de justicia del país.
Nadie, dijo, puede sostener que la SCJN actuó o esté a favor de los banqueros; lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores.
En la Cámara de Senadores, el priísta Salvador Rocha Díaz dijo que la resolución de los magistrados obliga a reformar las leyes, más que a polemizar sobre la posición que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Manifestó que la resolución se dio con base en leyes que datan de 1890, cuando el problema de los intereses no tenía significado y el Código de Comercio establecía que los intereses moratorios serían de seis por ciento anual.
Esos números eran explicables en el siglo XIX, subrayó.
Agregó que el Código Civil, que prohíbe el anatocismo en forma genérica, absoluta, sin una regulación más acorde con los fenómenos y las necesidades financieras de los mexicanos, es obvio que requería una reforma desde hace mucho tiempo. ``Como el Congreso no hizo esas modificaciones, las contradicciones de tesis llegaron a la Suprema Corte y es injusto que el tribunal deba dirimir algo que por lo menos hace 20 años debió solucionarse por vía legislativa''.
El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Carlos Medina Plascencia, dijo por su parte que la decisión de los magistrados afectará el saneamiento del sistema financiero mexicano y, paralelamente, hará crecer la irritación de los deudores de la banca.
Entrevistado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el legislador expuso que legalmente nada se puede hacer frente a una resolución del máximo tribunal del país y por ello, ahora, los partidos políticos y el gobierno están más obligados a sacar adelante los programas de apoyo a deudores. ``Creo -dijo Medina- que es esa la alternativa que estamos en condiciones de ofrecer a los mexicanos, por lo que debemos acelerar para concretar esos programas''.
Medina insistió en que la decisión de la Corte viene a ``complicar más el escenario'' y representa un obstáculo a los intentos por sanear el sistema financiero nacional, toda vez que se trata de una resolución que a la larga podría influir negativamente en la recuperación de la cartera vencida de los bancos.
Por su parte, la senadora perredista Amalia García Medina calificó como ``lamentable e injusta'' la medida aprobada por los magistrados, al considerar que obliga a legislar sobre el problema, para evitar lesionar más a los deudores.
Anunció, en este sentido, que el Partido de la Revolución Democrática presentará una iniciativa para evitar el anatocismo.
Recordó que hasta hace unas semanas, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenían una posición favorable a los deudores; sin embargo, en el transcurso de los días la cambiaron, debido a las presiones de los banqueros y del propio presidente Ernesto Zedillo.
La legisladora lamentó que los magistrados no hayan podido mantener su independencia frente al Ejecutivo, como lo habían hecho en otros casos.
Finalmente, citó como ejemplo la resolución en torno del caso Aguas Blancas, en donde se consideró que los funcionarios de Guerrero tenían responsabilidad en la matanza. (De la redacción)