Nuevamente la Secretaría de Gobernación y los propietarios de medios escritos y electrónicos han levantado una cortina de humo para cancelar cualquier posibilidad de reforma.

Desde 1981 la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la diputación priísta han vetado el mínimo cambio en los mecanismos de control y de decisión de las concesiones de radio y televisión.

La iniciativa de reforma, anunciada por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados --hoy presidida por el PAN y un partido distinto al PRI--, ha desatado la misma campaña y con el propósito de siempre: impedir la reforma.

Desconozco aún los términos de la iniciativa panista y de esa comisión, pero supongo es la que expuso en la legislatura pasada ante la Comisión Especial de Medios de Comunicación. En ella se comprometió a instrumentar una reforma ``de consenso'', pero no pasó de la convocatoria en los mismos foros, en los que se desahogan estos asuntos, y regresó al tema de la ``reglamentación o no al derecho a la información'', lo cual implica la reforma al artículo 6¼ constitucional.

En estricto sentido, el tema ha sido sustancialmente rebasado por las condiciones de la información: menos de un millón de mexicanos lee periódicos, y radio y televisión han hegemonizado los medios de comunicación en el país. Tanto el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación, como la iniciativa privada mantienen una sólida alianza en contra de la sociedad a la cual le niegan sistemáticamente, vía gestionaria o legislativa, contar con medios de comunicación al servicio de las comunidades.

En cada campaña de la CIRT y de Gobernación contra los diputados que pretenden instrumentar el cambio, se ha impedido reformar el reglamento que otorga las concesiones, así como debatir a fondo las bases de una nueva estructura que permita que la sociedad en comunidades, municipios y ciudades cuente con sus propios medios de comunicación electrónicos.

El monopolio político se hace presente cada vez que se regresa al falso debate sobre la reglamentación al derecho de la información, señalada como una ``ley mordaza'' por quienes han amordazado a la sociedad para que opine sólo en los términos y en el tiempo que deciden los concesionarios privados. No puede haber pluralidad ni transición en los medios mientras exista esta campaña que demuestra que nadie puede reformar esa vieja estructura, aliada al poder político priísta y a los más retrógrados intereses.

Se van con la finta quienes se centran en la iniciativa del PAN y olvidan el veto que existe. Pero además se desperdicia una gran oportunidad, ya que en la actual legislatura PRD, PAN, PT y PVEM podrían, sin el PRI, modificar la Ley de RTC y quitar todas las trabas reglamentarias. ¿Acaso Gobernación y PRI tienen más aliados en este tema que los de su propio partido? Es muy grave que la oposición de la LVII legislatura, teniendo mayoría simple, no logre reformar y acabar con el monopolio informativo de la familia priísta disfrazada de CIRT.

PD. Televisa perdió una oportunidad histórica para reivindicarse. ¿Por qué no abrió sus archivos fílmicos sobre el movimiento estudiantil de 68, ahora que la sociedad lo exige? La alianza con el viejo poder y su amistad con los presidentes continúan. Los medios se mantienen fieles y se sumarán a todas las campañas que pretendan reformar la usurpación del derecho a la información de la sociedad mexicana a través de medios abiertos y que garanticen la pluralidad política, económica y social de México.