SE CUMPLIO CON LA CIDH

Karina Avilés, Alonso Urrutia y Jesús Aranda Ť Al afirmar que ``es un caso concluido'', la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, apuntó que el gobierno mexicano ha cumplido ``con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el punto donde podíamos cumplir''.

Mientras, el senador panista Luis Felipe Bravo Mena señaló que la postura asumida por México frente a la CIDH resulta incongruente, pues el gobierno mexicano ``por un lado firma convenios en donde se compromete a respetar los derechos humanos y, por otro, rechaza las recomendaciones que instancias internacionales realizan sobre casos concretos''.

A su vez, organizaciones no gubernamentales que apoyan la causa del general José Francisco Gallardo solicitarán que la Corte Interamericana de Derechos Humanos examine el caso, para que ésta ventile el asunto del militar.

Se han acatado las normas jurídicas mexicanas: SRE

Rosario Green sostuvo que el gobierno de México ha seguido las recomendaciones de la CIDH en los casos del ejido Morelia, de Aguas Blancas y del caso del ``ex general Gallardo'', pero sobre todo, subrayó, se han acatado las normas del sistema jurídico mexicano.

``Cuando ha sido posible cumplirlas al pie de la letra -añadió-, se han creado algunas de las instituciones que la CIDH nos ha pedido. En otros casos, insisto, como en el del ex general Gallardo, se han seguido los códigos competentes. Y, en ese sentido, pues compete a las autoridades militares y así se ha hecho''

Para el gobierno de México, aseguró Green, el asunto de las recomendaciones ``es un caso concluido'', pues la CIDH decidió hacer público el informe, ``con lo cual decidió cerrar el caso y nosotros estamos concluyendo algunos otros temas al interior''.

Hay otras recmendaciones, abundó la canciller, ``que para nosotros han sido ya cumplimentadas, es decir, ya se adoptaron las decisiones que se tenían que adoptar''.

Por ejemplo, siguió, ``en el caso de Guerrero ya ha habido hasta la compensación, ya hay gente que está siendo procesada. Y en otros casos se ha creado una fiscalía especial para atender el tema. De manera que nosotros creemos que hemos cumplido con la recomendación de la CIDH hasta el punto donde podíamos cumplirla''.

Es ``vergonzosa'' la actitud oficial, califica Bravo Mena

Por su parte, el panista Luis Felipe Bravo Mena, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República -correspondiente a organismos internacionales-, deploró la actitud del gobierno mexicano de no asistir a la audiencia pública que ayer se realizó para desahogar los casos de la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos en el ejido Morelia y la aprehensión del general José Francisco Gallardo.

``Creo que lo más conveniente es que si México está en desacuerdo con las recomendaciones giradas por la comisión, pues acuda a las instancias abiertas y externe sus argumentos por los cuales discrepa de las recomendaciones que le fueron emitidas'', consideró.

Recordó que nuestro país aún no reconoce la jurisdicción de la CIDH para asuntos internos: ``Me parece que si el gobierno mexicano ha firmado convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo más congruente es que asumiera todas las consecuencias que de ellos se derivan.

Bravo Mena calificó de ``vergonzosa'' la actitud mexicana de rechazar en los hechos las recomendaciones de la CIDH. ``Es claro que éstas sólo tienen un carácter de sanción moral y cuya máxima sanción es ventilar públicamente, en un informe, el incumplimiento de los tratados, pero basta con ello para que México cumpla sus principios de respeto a los derechos humanos y no aparezca en esa lista negra de gobiernos''.

Por otro lado, informó que ya se encuentra en el Senado, para su ratificación, la iniciativa por medio de la cual el gobierno mexicano acepta la jurisdicción de la CIDH en asuntos internos, misma que deberá aprobarse en los próximos días.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la inasistencia a la audiencia de la CIDH ``muestra la falta de disposición del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones emitidas por ese órgano''.

Por otro lado, Marco Vinicio Gallardo -hijo del general Gallardo- afirmó que varias organizaciones no gubernamentales solicitaran a la CIDH promover el caso de su padre , luego de la audiencia que celebró ayer este órgano en Washington.

Hay malestar en la Corte, dice un hijo de Gallardo

Después de hablar telefónicamente con los representantes de varias ONG -entre éstas la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos-, que acudieron a la audiencia en Washington, Marco Vinicio Gallardo señaló que los miembros de la CIDH externaron su malestar por la falta de seriedad del gobierno mexicano, el cual no se presentó pese a que las tres resoluciones referidas son a favor de las víctimas y contrarias a la postura oficial.

Dijo que ``no es casual'' que el gobierno de México se niegue a aceptar las recomendaciones, debido a que en los tres asuntos están involucradas violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares.

Es conocido que a raíz de que los soldados se salieron de los cuarteles, por los problemas en Chiapas, y al involucrarse cada vez más en cuestiones de seguridad pública, los soldados se han convertido en los principales violadores de las garantías individuales, aseveró.

Criticó también el desconocimiento manifiesto de la cancillería en el caso de su padre, a quien la dependencia se dirigió nombrándolo el ``ex general Gallardo'', toda vez que los procesos en su contra no han terminado aún -queda pendiente la resolución del Supremo Tribunal Militar y después el fallo de la justicia federal-.

Consideró que el gobierno de México no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que hizo la CIDH en 1996 sobre el caso Gallardo, que son: la inmediata libertad del general; cese de la campaña de hostigamiento contra él; castigo a los responsables de la campaña de difamación y desprestigio del general; indemnización por el tiempo que ha estado injustamente recluido; así como adoptar las medidas necesarias para que se decidan las causas en su contra.

El gobierno mexicano, sostuvo el entrevistado, no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la CIDH, y tanto en el caso de mi padre, como en el de Aguas Blancas y el ejido Morelia, ha asumido una actitud de ``franco desacato''.