¿Qué sucedió para que de un recuento festivo por los resultados electorales del primer paquete de entidades donde se practicó el procedimiento de elección abierta de candidatos priístas para contender por las gubernaturas, de pronto el panorama haya cambiado en forma radical y aparezcan cuatro procesos de selección interna con un balance desfavorable en lo político y con una imagen pública tan dañada?

La respuesta parece encontrarse en la ausencia de una crítica seria y objetiva de lo que realmente ocurrió durante la celebración de los primeros experimentos de elecciones abiertas realizados en Tlaxcala, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas. En su lugar hubo un caudal de declaraciones festinando la supuesta llegada de la tan anhelada ``democracia y transparencia'' a los procedimientos internos que se desarrollan en este instituto político nacional.

Se puede afirmar que en Puebla, Sinaloa y Tlaxcala, los gobernadores y la federación encontraron acuerdos que permitieron desarrollar un procedimiento abierto, que dejó satisfechos a los principales grupos nacionales y locales con intereses en juego. ¿Cómo se llegó a esto?

En el caso de Puebla y Tlaxcala, los gobernadores contaban con varios candidatos que tenían fuerza y presencia estatal suficiente para que ganara quien ganara, los mandatarios se fortalecieran; dejaron jugar porque contaban con casi toda la baraja y así no podían perder. En Sinaloa el gobernador siguió los designios del centro y permitió el triunfo de Millán. Pero cuidado, alcanzar la candidatura no significa, como antaño, tener garantizada la gubernatura. De acuerdo con las encuestas, de este paquete es precisamente Sinaloa el único estado con alto riesgo de perderse.

Una conclusión salta a la vista. En las tres entidades hubo un ``proceso abierto'' en donde los gobernadores, la federación y los candidatos estuvieron de acuerdo en alinearse a un procedimiento tradicional en donde las reglas no escritas del partido guiaron el ``espíritu'' de la elección interna.

Tamaulipas fue un caso distinto. Se combinaron varios elementos: la existencia de un gobernador que jugó a una sola carta; los titubeos del CEN del PRI para decidir si se abría el proceso o si se designaba un candidato de unidad, y la presencia de un candidato independiente del gobierno local, que no se sujetaba a las reglas no escritas y que demandaba un juego limpio y una elección equitativa. Es decir reglas claras, transparentes, modernas y sobre todo, escritas.

Al permitir la federación y el CEN del PRI que Tomás Yarrington ganara, el mensaje que recibieron los gobernadores fue claro: se puede ser obvio, burdo y finalmente obtener lo que se persigue: dejar al sucesor de su preferencia y parecer democrático.

De ahí deriva la explicación para entender el comportamiento posterior de los gobernadores en lo que se conoce como el ``segundo paquete de elecciones internas'' (Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero e Hidalgo); todos los gobernadores intentaron imitar el comportamiento de Manuel Cavazos y no el de Bartlett, Alvarez Lima o Vega Alvarado.

Ganaron quienes contaban con la fuerza local suficiente para imponer a su candidato (Hidalgo y Baja California Sur) y perdieron quienes no representan a los grupos locales poderosos (Guerrero y Quintana Roo), pero en todos el balance político para el PRI es negativo: acusaciones de fraude; involucramiento de recursos de origen dudoso; participación abierta y descarada de los gobernadores; uso indebido de recursos públicos; y lo más preocupante en todas las entidades: fracturas irreversibles y debilitamiento de la imagen pública del PRI.