Las elecciones municipales y legislativas estatales que se realizaron ayer en Chiapas dieron la razón, a posteriori, a quienes anteriormente abogaron por una postergación de esos comicios.

Aunque la razón inmediata para tal propuesta es la catástrofe natural que afectó a varias regiones de la entidad, es claro que la institucionalidad política chiapaneca opera con márgenes mínimos de credibilidad -si es que algunos-, y que las condiciones de hostigamiento, movilización militar y distorsión de la justicia que se presentan en tierras chiapanecas adulteran, necesariamente, el sentido de la votación.

Con la suspensión de las elecciones en ocho municipios y tres distritos devastados por las aguas, con una preocupante tensión política en las zonas de conflicto --Altos y Selva--, con cacicazgos como el de San Juan Chamula, y con los procesos de paramilitarización en curso, resultaba previsible el escenario que, finalmente, se configuró en la jornada de ayer: altos índices de abstencionismo en la mayor parte de las demarcaciones, actos de intimidación a los votantes, sufragios en masa de cuerpos de seguridad estatales y, presuntamente, de soldados del Ejército Mexicano, escasez de candidatos y de opciones políticas, casillas presididas por paramilitares, suspensiones arbitrarias de la votación -como en Chamula-, además de otras irregularidades, y un entendible temor de la mayor parte de los votantes a ser marcados con tinta indeleble, en Chenalhó.

Ayer se evidenció, en toda su crudeza, la ruptura del Estado de derecho que padece la entidad, así como la improcedencia de efectuar una elección en esas circunstancias. De entrada, la conformación de la legislatura estatal, surgida de estos comicios, enfrentará dificultades de procedimiento acaso insuperables, toda vez que, de las 40 curules del Congreso local -24 uninominales y 16 plurinominales-, sólo se pusieron a votación 21, y las restantes -tres uninominales y 16 plurinominales- tendrán que decidirse en fecha posterior.

Por lo que se refiere a las autoridades municipales, resulta dudoso que las surgidas de estas elecciones sean capaces de revestirse de legitimidad suficiente como para incidir en forma positiva en la solución de los innumerables problemas que aquejan al estado. Especialmente en la zona de conflicto, los candidatos ganaron por omisión, ya fuera por el amedrentamiento de que fueron objeto los simpatizantes zapatistas o ante la decisión de las organizaciones opositoras de no participar en la elección.

Antes de realizar ejercicios de ficción democrática, las autoridades deberían empeñarse en reconstruir la credibilidad y la legitimidad institucional. La procuración efectiva de justicia por la matanza de Acteal, el desmantelamiento de los cuerpos paramilitares, la liberación de los simpatizantes zapatistas que aún se encuentran encarcelados en Cerro Hueco, así como el inicio de negociaciones serias con la dirigencia de los indígenas rebeldes, serían los primeros pasos en ese sentido.