Rehúsa el gobierno mexicano acudir a una audiencia de la CIDH

Tras ser informado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy se efectuará una audiencia en relación con los casos del ejido Morelia, la masacre de Aguas Blancas y el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo, el gobierno mexicano informó, en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que declinará participar en dicha instancia.

Al justificar su inasistencia, el gobierno comunicó ``respetuosamente'' a ese organismo que lo hacía con base en las disposiciones de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 51, párrafo 3 de la convención. Esto, en razón de que la comisión determinó publicar los informes definitivos 43/96, 48/97 y 49/97, referentes a los casos mencionados.

De acuerdo con la cancillería mexicana, esta disposición preserva el estado de derecho que contempla el sistema interamericano. A pesar de la inasistencia a la reunión de hoy, el comunicado señala que ``el gobierno mexicano reitera su compromiso de seguir colaborando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la promoción y protección de las garantías individuales y en la solución de quejas individuales sometidas a su consideración''.

El ``ex general'' Gallardo ya fue juzgado, afirma la SRE

En el informe, la dependencia se refiere a Gallardo como un ``ex general'' que ya fue juzgado por la justicia castrense por los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación, ``sentenciándolo a prisión según los códigos correspondientes''.

La SRE reiteró que en juicios públicos la justicia militar ``determinó la culpabilidad del acusado'', a quien se le responsabilizó de los delitos antes mencionados

Sin embargo, la dependencia no menciona que ambos procesos no han concluido aún, por estar pendientes dos recursos de apelación presentados por el general ante el Supremo Tribunal Militar, independientemente de estar abierta la posibilidad de acudir a la justicia federal, es decir, las sentencias a que hace referencia la cancillería no son definitivas ni aplicables aún al implicado.

En la recomendación de la CIDH se consignó, incluso antes de que los militares dictaminaran su fallo, que el general Gallardo debería ser puesto en libertad de inmediato, por considerar que es un ``preso de conciencia''.

Señaló que los más de 20 procesos iniciados en el fuero castrense en contra de Gallardo reflejaban la persecución de que era víctima, particularmente por sus posturas a favor de la creación de un ombudsman militar.

De acuerdo con la postura asumida por la cancillería, dos de los tres casos citados por la CIDH ya se han resuelto jurídicamente, mientras en el otro -el del ejido Morelia- se continúa con la investigación de los hechos.

El comunicado de la SRE refiere que en lo referente a la masacre de Guerrero ya se ha procedido legalmente y agrega que ``se ha manifestado, en múltiples ocasiones, que en el caso de Aguas Blancas se ejercitó acción penal contra 43 servidores públicos, cuya participación en la matanza del 28 de junio de 1995 fue plenamente acreditada''.

La postura de la cancillería al respecto es que ya se realizaron las consignaciones necesarias, al tiempo que el gobierno del estado de Guerrero indemnizó a los deudos de las víctimas.

Por otro lado, la dependencia informó que la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIDH ya se encuentra sujeta a la consideración del Senado de la República y reiteró la importancia que para México tiene este paso ``en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.''