La colaboración, aún en ciernes, entre actores no gubernamentales de México y Estados Unidos a favor de la protección del medio ambiente en la frontera común ha crecido paulatinamente en intensidad y extensión.
En los últimos años, los paradigmas básicos se han roto: los activistas de ambos países en la región se esfuerzan por superar las diferencias lingüísticas y culturales que podrían impedir el trabajo binacional. En parte, la coexistencia obligada ha facilitado eso, pero también ayuda que muchos de los activistas permanentes abordan estos asuntos con confianza y tratan de asegurarse de que están considerados en cada proyecto.
Sin embargo, la reciente depreciación del peso y la crisis económica en México han mermado severamente estos esfuerzos.
Las alternativas se han diversificado, pero también los problemas. Las organizaciones civiles y no gubernamentales -sobre todo del lado mexicano- batallan por la escasez de financiamiento y padecen de limitaciones para sus trabajos de investigación.
Si usted hubiera querido organizar en 1990 una conferencia sobre temas ambientales en la frontera México-Estados Unidos, habría tenido suerte si reunía a 50 personas (la mayoría habrían sido académicos).
Antes de esa fecha, el único trabajo ``ambiental'' transfronterizo de relieve se desarrollaba en la Border Trade Association, donde los gerentes de las maquiladoras mexicanas se reunieron con sus homólogos estadunidenses para celebrar su liberación de las regulaciones ambientales y la presión ciudadana.
En marzo pasado hubo una conferencia de organismos no gubernamentales en Ciudad Juárez que atrajo a más de 400 personas: más del 65% eran ciudadanos o activistas de ONG provenientes de distintas áreas de la frontera México-Estados Unidos (1).
En dos días de reuniones se cubrió un amplio rango de tópicos: desde el manejo de desechos peligrosos, conservación de recursos naturales, salud ambiental y mujeres, hasta el marco legal e importancia de las fundaciones.
Otro indicativo del crecimiento del trabajo ambiental transfronterizo es la diversidad de organizaciones que han surgido. Existe un anuario que enlista a 35 grupos mexicanos y 48 estadunidenses involucrados en trabajos ambientales en la zona fronteriza. (2).
En algunos aspectos, el debate sobre el Tratado de Libre Comercio tuvo efectos catalizadores sobre el trabajo ambiental en la línea fronteriza.
Tales efectos se reflejaron tanto en regiones dedicadas a la industria maquiladora, como en espectros más amplios (tratados fronterizos y políticas ambientales).
El debate sobre el TLC ayudó a focalizar la atención en los temas ambientales de la frontera y propició foros y otras oportunidades para que trabajaran juntos ambientalistas de ambos países. También permitió una unificación de tópicos sobre los cuales enfocar los esfuerzos, no obstante las muchas diferencias existentes entre los grupos mexicanos y estadunidenses.
El principal problema está en la precaria situación económica de México, que estalló con la crisis del peso en 1994, que cortó violentamente los presupuestos de las iniciativas mexicanas (3). Ahora la norma son los programas ``de acuerdo voluntario'' y los ``acuerdos confidenciales de colaboración''.
La disposición mexicana para impulsar proyectos de infraestructura ambiental también fue severamente limitada. De hecho, no fue sino hasta que el NadBank recibió donativos por 170 millones de dólares de la EPA cuando fue capaz de fundar algún proyecto en México. Con sus préstamos era difícil, porque las entidades mexicanas no podían comprometerse a pagar y no tenían muchos apoyos económicos de su gobierno.
Además, diversos proyectos contingentes o que recibieron fondos de Préstamos Ambientales para la Frontera Norte del Banco Mundial se redujeron con la crisis, por lo que esas partidas fueron severamente recortadas.
Un segundo problema es la renuencia de las fundaciones estadunidenses para recaudar directamente en México. Con excepción de la oficina en México de la Fundación Ford y los donativos de la fundaciones McArthur y W. Alton Jones al Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (CEMDA), han sido muy pocos los fondos directos disponibles para ambientalistas mexicanos y ONG comunitarias.
Existen algunas transferencias de fondos de la C.S. Mott, de la Ford y otros institutos filantrópicos, pero no en la escala necesaria para formalizar una estructura organizativa razonable en muchos grupos. Sin embargo, la estructura de las transferencias tampoco ayuda al establecimiento de relaciones simétricas.
La renuencia de las fundaciones estadunidenses parece estar ligada a su inseguridad porque no existen asociaciones civiles mexicanas equivalentes, al régimen fiscal en Estados Unidos y a una falta de interés entre los miembros directivos de las fundaciones.
Un problema ligado a los anteriores es la falta de bases filantrópicas para el trabajo ambiental en México. Aun así, algunos grupos mexicanos han tenido la capacidad de recaudar una suma razonable de fondos de fuentes europeas. También hay una necesidad de algunos grupos mexicanos y estadunidenses de la frontera -especialmente en nuevos y pequeños grupos- para tener mayor acceso a capacitación de las fundaciones.
Un tercer factor es la falta de una agenda pro-activa, en tanto el mayor trabajo está centrado en responder a problemas existentes en la agenda de los industriales y los oficiales gubernamentales. Esto se da especialmente en la frontera.
El trabajo político en la línea fronteriza ha formado algunas agendas alternativas, que han influido en el debate. Sin embargo, hasta hace poco había escasos ejemplos de trabajo transfronterizo de organizaciones ambientales y comunitarias basados en una agenda pro-activa para cambiar el debate público sobre el desarrollo de la frontera (4).
En la próxima década podrían aparecer factores que influirían en el curso del trabajo ambiental de México y Estados Unidos.
Estos factores van de la relatividad mundana (la explosión del acceso a la información y productos para los grupos mexicanos en la internet) a la dinámica cambiante en la política en México, y las tensiones en todas las relaciones México-Estados Unidos que pueden influir sobre el trabajo de la sociedad civil.
La recaudación de fondos continuará siendo un asunto crítico, especialmente para las ONG mexicanas, como lo será el acceso a la información.
Sin embargo, la base transfronteriza que ha sido construida en el pasado reciente es razonablemente fuerte y se está haciendo más fuerte. El trabajo en relación con la frontera ha producido experiencias positivas y realzado las relaciones de trabajo, aunque no siempre. Y los intereses comunes -al igual que los trabajos- son algunas veces más fáciles de definir en éste, que en otros campos.
NOTAS
(1) Otro 20% de los asistentes fueron académicos de Estados Unidos
y México, muchos de los cuales también realizan trabajo ambiental en
cruces fronterizos.
(2) Centro Interhemisférico de Recursos. Cross-Border Links: 1997
Directory. La introducción de este directorio da una perspectiva del
IRC sobre las relaciones transfronterizas en la arena ambiental y
levanta muchos puntos similares a los que se presentan en este
escrito.
(3) No obstante que autoridades de la Semarnap negaron esto, parece
que la agencia está corriendo casi exclusivamente con préstamos del
Banco Mundial.
(4) Algunas de estas discusiones están basadas en ideas recogidas por
Roberto Sánchez en la sesión plenaria de la reunión de ONG de marzo de
1998.
(*) Mary E. Kelly es investigadora del Centro Texas de Estudios
Políticos. Presentó la versión original de este trabajo en julio de
1998.
En los últimos años, el trabajo ambiental transfronterizo ha producido algunos éxitos concretos. Algunos ejemplos:
La Coalición de Salud Ambiental, y un amplio rango de aliados en el área San Diego-Tijuana, gratamente han incrementado la atención a los asuntos de la contaminación tóxica y han desarrollado técnicas pioneras de organización para incrementar el aliento y la efectividad de la participación comunitaria. Los proyectos innovadores incluyen trabajos sobre la contaminación del New River, el caso de contaminación por plomo del Alco-Pacífico y los esfuerzos para la educación pública sobre la contaminación de las maquiladoras en Tijuana.
La cooperación entre Enlace Biológico, el Proyecto Ecología Fronteriza y el Centro Norteamericano de Integración y Desarrollo de la UCLA, resultante del desarrollo de un proyecto alternativo para el tratamiento de los desechos residuales para Naco, Sonora, uno de los primeros certificados por la Comisión Fronteriza de Cooperación Ambiental (BECC).
Una alianza de grupos pro conservación texanos y mexicanos descarriló y reconcibió la propuesta de extender el Canal Intracostero del Golfo de Brownsville -a través de la prístina Laguna Madre de Tamaulipas- hasta Tampico. Este proyecto era una desafortunada inspiración del gobernador de Tamaulipas y de los intereses de los navieros estadunidenses amparados en el TLC. El proyecto fue suspendido gracias a la difusión de sus implicaciones negativas (ambientales y económicas). Acciones legales en México que objetaron el permiso para el canal, y una cooperación fuerte a lo largo de la línea fronteriza, que incluyó información compartida, así como estrategias y acciones coordinadas.
Un persistente trabajo de organización comunitaria y repetidos toxic tours (giras tóxicas) para periodistas, legisladores y otras delegaciones por la Comunidad Ecológica de Matamoros, apoyada por la Coalición de Justicia en las Maquiladoras y otros grupos, incitó el cierre de uno de las peores plantas a lo largo de la infamante Chemicla Row en Matamoros y la limpió de descargas de desechos residuales provenientes del parque industrial FINSA.
El trabajo del Fondo de Defensa Ambiental, de la FEMAP y de otros grupos en el área de El Paso-Ciudad Juárez resultó en la creación de una nueva administración binacional de calidad de aire en el distrito, que se ha potenciado como un modelo para más acciones locales (binacionales) en asuntos del medio ambiente y salud pública.
La oposición de grupos mexicanos a los cambios a la Ley Federal del Medio Ambiente en 1988, la cual recibió apoyos editoriales, cartas y otras asistencias de grupos estadunidenses en su petición por limitar las enmiendas dañinas.
Las presiones coordinadas de grupos mexicanos y estadunidenses han tenido el apoyo de la BECC para la participación y acceso público a la información de sus carteras y han prevenido sobre la fundación de algunos malos proyectos (por ejemplo, la quema de llantas en Mexicali o la mezcla de combustibles y desechos peligrosos en Ciudad Juárez).
Más estructuras permanentes para el trabajo transfronterizo están ahora en las localidades, incluyendo, entre otras: reuniones binacionales en el área San Diego-Tijuana, el nuevo Centro de Información Binacional -INCITRA- dedicado a atender las necesidades de información de grupos ciudadanos de ambos países y la reunión anual fronteriza sobre Medio Ambiente de las ONG.
Gran parte de los esfuerzos se han centrado en incrementar la habilidad de los ciudadanos para usar las herramientas legales disponibles en la legislación ambiental mexicana y en vigorizar esas leyes en los ámbitos federal, estatal y local. Algunos de esos esfuerzos han tenido dimensiones transfronterizas, incluyendo el establecimiento de dos nuevos Centros de Asistencia Legal en la frontera norte, el desarrollo de E-LAW México (una red de enlaces electrónicos para abogados y activistas en México), y el desarrollo de la Red México-Estados Unidos-Centroamérica de abogados ambientalistas, encabezada por el CEMDA y el Fondo de Defensa Legal EarthJustice.
Recientemente, el trabajo ambiental de las ONG y de los ciudadanos a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos ha tomado diversas formas, que incluyen:
Trabajo fronterizo enfocado a localidades, similar al de la alianza entre la Coalición de Salud Ambiental en San Diego y los vecinos y líderes ciudadanos en Tijuana; el trabajo binacional de ProEsteros para proteger el sistema esturiano a lo largo de la costa Ensenada-San Diego; la Alianza Internacional Desierto Sonorense, el trabajo Naco-Agua Prieta-Bisbee para el Proyecto de Ecología Fronteriza y Enlace Ecológico, y muchos otros esfuerzos a lo largo de toda la frontera.
Las alianzas fronterizas regionales, como la colaboración de la Red Fronteriza de Medio Ambiente y Salud con el Proyecto de Ecología Fronteriza y el nuevo proyecto Incintra de La Red con el Centro de Investigación; las largas relaciones de trabajo sobre medio ambiente, conservación y organización comunitaria en la región noroeste de la frontera México-Texas; los prolongados esfuerzos de la Red Sudoriental de Justicia Ambiental y Económica, y muchos otros.
Las alianzas en lugares específicos, como las formadas para luchar contra las propuestas de construir basureros de desechos radioactivos de bajo nivel en Ward Valey, California, y Sierra Blanca, Texas, y lugares de desechos peligrosos como el propuesto incinerador de la Chemical Waste Management en Tijuana y el tiradero de PCNB en el condado de Terrel en Texas (los cuales fueron derrotados).
Las alianzas enfocadas a labores continuas e injusticias ambientales en la industria maquiladora, lo cual incluye la Coalición por la Justicia en las Maquiladoras, la Red de Salud y Seguridad en las Maquiladoras, la alianza entre la UE y la FAT, y otras muchas.
Esfuerzos en el ámbito nacional como el trabajo entre RMALC, Sierra Club, Amigos de la Tierra, Alianza Responsable, Coalición de Ciudadanos y otros; la colaboración del Centro Mexicano de Derecho Ambiental con la Fundación de Defensa Legal EarthJustice y el Centro de Legislación Ambiental Internacional; el nuevo proyecto E-LAW México, iniciado con la ayuda el E-LAW de Estados Unidos...
Trabajos de investigación sobre conservación entre grandes grupos nacionales, como las colaboraciones de Pronatura con la Fundación Mundial para la Conservación Natural y la Vida Salvaje.