I

A diferencia de lo que generalmente se cree, la región tzotzil-tzeltal de los Altos no es la región más pobre de Chiapas. Esa calidad corresponde a la llamada Región VII de la Sierra, donde viven unos ocho mil campesinos que se identifican como indígenas mames, y que junto con los mochós, asentados hasta hace unas semanas en la cabecera municipal de Motozintla, son de los grupos indígenas menos conocidos en el área maya y de los más afectados por las políticas de aculturación del Estado mexicano.

Desde principios del siglo, la llamada Sierra Madre de Motozintla se constituyó en la principal fuente de mano de obra para las fincas cafetaleras del Soconusco. En el porfiriato, la colonización fue promovida por los mismos finqueros como una forma de contar con mano de obra barata. Muchos de los actuales habitantes de la Sierra descienden de indígenas mames que llegaron en esa época procedentes de los Cuchumatanes guatemaltecos. Junto con sus certificados de naturalización, llegaron las políticas de aculturación forzada que prohibieron los idiomas indígenas.

Durante la gubernatura callista de Victorico Grajales (1932-1936), se quemaron los trajes tradicionales indígenas en las plazas públicas, a la vez que se distribuyó ropa de mezclilla, como parte de las ``políticas modernizadoras''. Durante varias décadas los mames desaparecieron de los censos oficiales y actualmente pocos saben que entre la población más afectada por las inundaciones, junto con los miles de campesinos mestizos, se encuentran estos pueblos mayas fronterizos.

Las comunidades de los indígenas han permanecido sumidas en la más extrema pobreza, la mayoría de ellas sin servicios públicos y comunicadas con el exterior por veredas de terracería, muchas destruidas por las recientes lluvias.

Los principales problemas de salud (gastrointestinales, respiratorios y de la vista) detectados a partir de las inundaciones, han estado presentes históricamente en la zona. Antes de la aparición de la conjuntivitis hemorrágica, que tanto preocupa actualmente a las autoridades, la oncocercosis había alcanzado niveles de epidemia durante los años cincuenta; incluso, dejó ciegos a miles de indígenas, quienes recuerdan esta época como los tiempos del ``mal morado'', cuando ir a las fincas representaba regresar con la cara hinchada y la piel obscura, y con unas protuberancias en la nuca que poco a poco se empezaban a llevar la luz. Fue una época de miedo y los ancianos mames hablan de un mosquito que aún vive entre los cafetales en espera de volver a salir. La conjuntivitis hemorrágica, producida generalmente por la clamidia, ha vuelto a desatar al fantasma de la ceguera.

Culpar exclusivamente a la naturaleza de lo que se vive actualmente en la Sierra y en la Costa es ignorar las precarias condiciones de las comunidades, perdidas muchas de ellas entre las cañadas serranas y con poca o nula inversión pública.

II

Se ha informado que unos ocho mil habitantes del municipio de Motozintla fueron afectados por las inundaciones y que los barrios de Xelaju Grande y Xelaju Chiquito, Reforma, San Lucas, Emiliano Zapata, Las Canoas y San Antonio, desaparecieron casi totalmente. Quienes conocemos Motozintla inmediatamente nos dimos cuenta que fueron los barrios de las orillas, los más pobres y los habitados por los pocos indígenas mochós que quedan, los que no resistieron las lluvias.

Las inundaciones no sólo han dejado a los mames y mochós sin viviendas ni carreteras, sino que han acabado con sus fuentes de subsistencia al destruirse unas 30 mil hectáreas de cafetal, según datos de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. Estas hectáreas incluyen tanto las tierras ejidales de los pocos indígenas que habían logrado incursionar exitosamente en el cultivo, como las tierras de plantación del Soconusco, en donde muchos de ellos se contrataban como trabajadores temporales.

La vida económica de la región se ha visto afectada profundamente, ya que las hectáreas destruidas por las lluvias producían unos 600 mil quintales de café, equivalentes al 14% de la producción nacional.

No será posible valorar en toda su dimensión el costo en vidas humanas de esta catástrofe, hasta que se logren desenterrar las decenas de comunidades y barrios que quedaron cubiertos por el lodo.

Sólo la cooperativa de cafeticultores orgánicos, Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (Ismam), anunció en días pasados que 52 de sus socios murieron y 50 más permanecen desaparecidos.

El ``diluvio'', como le llaman algunos en la región, vino a tambalear uno de los pocos experimentos exitosos de cooperativismo agroecológico en el país.

Estas experiencias tuvieron su origen a fines de los cincuenta, cuando mames y mochós se unieron a campesinos mestizos para incursionar en la agricultura orgánica y enfrentar así la aguda crisis económica que trajeron la caída del precio del café en 1989 y el retiro de la presencia oficial del sector.

Con el apoyo de algunos sacerdotes de la Diócesis de Tapachula se inició un movimiento cooperativista que intentaba conjugar el conocimiento de los ancianos con las técnicas contemporáneas de la agricultura orgánica. Así, surgieron las cooperativas de cafeticultores y horticultores orgánicos, Ismam y K'Nan Choch (Nuestra Madre Tierra), que representaron para los campesinos de la Sierra la posibilidad de recuperar una identidad cultural negada, el mejoramiento de sus condiciones de vida, y la posibilidad de romper la dependencia con el Estado y las transnacionales de los agroquímicos.

Ismam se había convertido en una de las cooperativas agroecológicas más exitosas de toda América Latina. Su área de influencia se extiende más allá de la zona mam, incluyendo a tojolabales, tzeltales y mochós, de unas cien comunidades en veinte municipios.

En los últimos tres años, los socios de Ismam compraron su propio beneficio en Tapachula y establecieron 18 laboratorios para el control biológico de plagas. Después de diez años de esfuerzos y trabajo colectivo, los agricultores orgánicos de la Sierra Madre ven en peligro su proyecto: los cultivos de ocho mil de sus socios fueron destruidos.

Lo que el presidente Ernesto Zedillo calificó como ``el mayor desastre natural después del terremoto de 1985'', tiene otra dimensión que es necesario reconocer.

En los últimos años, se ha considerado prioritario mantener más de 60 mil efectivos militares en la zona de conflicto y la construcción de una red carretera de eminente uso contrainsurgente, por encima de las necesidades de las comunidades indígenas. La destrucción de 21 puentes, la desaparición de asentamientos enteros y el alto costo en vidas humanas sólo puede entenderse si se conoce el tipo de vivienda e infraestructura carretera de la zona.

Desafortunadamente fue necesario un diluvio para hacer visibles la pobreza y la marginación.

*Investigadora del CIESAS.

1. Lo ocurrido en Chiapas fue una prueba de que se está viviendo un problema general: la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Por toda la República se extiende un desastre: no se trata de emergencias locales, sino de la patente fragilidad institucional y social para enfrentarlos. No es la ``furia de la naturaleza'', el desastre expresa las contradicciones y la condición de subdesarrollo del país.

Los sectores sociales más dañados son parte de la normalidad resultante del ``modelo'' hiperconcentrador de la riqueza. No es un problema de pobreza, sino de exclusión y desigualdad. México tiene una historia centenaria de desastres relacionados con sismos, sequías, huracanes e inundaciones, y no hay memoria histórica al respecto.

2. Sin que existan bases legales para declarar zonas de desastre, el gobierno federal está coordinando acciones de auxilio en diversas regiones. El Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) sólo existe formalmente. Las reuniones del gabinete en Tapachula no fueron del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC). Falta aclarar si los asesores presidenciales ignoran que esta atribución compete al jefe del Ejecutivo desde 1990. La Secretaría de Gobernación está legalmente facultada para coordinar la política de protección civil, pero en el actual desastre no ha tenido una presencia relevante.

Al ubicar la protección civil en la seguridad nacional, se privilegia la acción militar en un contexto de deterioro de las instituciones civiles competentes.

Por los vacíos jurídicos y organizativos señalados, el manejo del desastre se basa en la discrecionalidad y en una subcultura paternalista y autoritaria, y en argumentos repetidos una y otra vez: ``todo está bajo control'' y ``no es momento para lucrar políticamente''. No obstante, la magnitud del desastre crece día tras día, y las fuerzas vivas aprovechan la coyuntura para ganar imagen, prestigio y votos.

3. La evaluación de los daños se hace con cálculos aproximados y no con base en un riguroso estudio de los efectos. La ``guerra de cifras'' respecto a las personas fallecidas es un ejemplo elocuente. Todavía se habla de que el sismo del 19 de septiembre de 1985 habría provocado en la ciudad de México más de 4 mil muertos (regente del DDF), 10 mil (Cruz Roja) o 40 mil (Coordinadora Unica de Damnificados). A la fecha, en Chiapas y en otras entidades prevalecen cifras contradictorias. ¿Cuánto cuestan los muertos?

El desastre está rompiendo el mito de los ``asentamientos irregulares'', pues afecta igualmente a los ``regulares'' y centros urbanos consolidados. El alto riesgo es una característica del proceso general de crecimiento de la población.

Por otra parte, ¿qué está pasando con los sistemas de medición de la precipitación pluvial? Como en otros desastres, se declara que es una situación sin precedente. ¿Se seguirán haciendo comparaciones erróneas, sumando en los promedios de lluvias los meses en que no llueve y omitiendo el análisis detallado de los rangos mínimos y máximos registrados en las temporadas de huracanes?

Los sistemas de alerta son inexistentes o de mínima utilidad cuando se trata de informar directamente a la población. El esquema atiende la comunicación con organismos especializados en atención de emergencias.

Además, la falta de confianza da lugar a que ni Estado ni sociedad promuevan conjuntamente medidas de evacuación masiva que en Cuba y en Estados Unidos permiten reducir los impactos humanos. También se carece de experiencia y de recursos para una acción de esta índole.

4. Por la profundidad del desastre debe emitirse una declaratoria federal de desastre, con una clara definición de los recursos a aplicar, lo que supone que el poder legislativo ejerza sus atribuciones en materia de protección civil (artículo 73 constitucional), así como un replanteamiento de las prioridades de la actual política económica (en lo inmediato, el presupuesto de egresos). En caso contrario, el desastre puede extenderse y la reconstrucción será parcial y en no pocos casos inexistente.

Mientras tanto, las lluvias continuarán y otros huracanes siguen gestándose en las zonas ciclogénicas que afectan anualmente al territorio nacional. Los costos humano, social, económico y político del desastre puede representar por sí mismos otro desastre. La sociedad se dio cuenta que los centros de acopio sólo son parte de un problema que nos involucra a todos.

Hace diez años trabajé, con la colaboración de un grupo de amigos, en la crónica del huracán Gilberto. El énfasis lo pusimos en Nuevo León, que fue donde produjo más víctimas en virtud de una de las recurrentes crecidas del río Santa Catarina. Fue publicado en libro con el título de Gilberto. La huella del huracán en Nuevo León.

Convertidos en ``huracanólogos'' de momento, consultamos diversas fuentes para darle cuerpo a la crónica: testimoniales, hemerográficas y documentales. De la información obtenida, tanto de dependencias federales como estatales, seleccionamos la que nos pareció más importante para el tema. Por ejemplo, el origen y frecuencia de las trayectorias que siguen los huracanes que azotan las costas del Pacífico y el Atlántico. En verdad es alarmante. Puede decirse que no hay año sin que este tipo de meteoros se presenten en Centro América, el Caribe, México y la región de Estados Unidos bajo la influencia del Golfo de México.

Hallamos que la temporada de huracanes se extiende desde la última decena de mayo hasta la primera quincena de octubre, y que sus rutas responden a cuatro zonas matrices. La primera de éstas tiene su origen en el Golfo de Tehuantepec e inicia su actividad ciclónica la última semana de mayo propiciando así el comienzo de la época de lluvias en el país. De julio en adelante, los vientos huracanados aumentan su intensidad. Corren paralelos a la costa del Pacífico y dan lugar a una precipitación copiosa en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Eventualmente dibujan una parábola y penetran a tierra al norte del Cabo Corrientes azotando los estados de Nayarit, Sinaloa, y el extremo sur de la península de Baja California.

La segunda zona se ubica en la Sonda de Campeche. La actividad ciclónica se inicia en junio con perturbaciones lluviosas, que bañan el litoral de Veracruz, y alcanza su pleno desarrollo en julio.

La tercera de esas zonas se origina en la región insular de las pequeñas Antillas, en el Caribe oriental. A partir de julio, cuando se ha acentuado el calor, en esta zona se generan potentes ciclones. De agosto a octubre suelen afectar la península de Yucatán y repercutir en Veracruz y Tamaulipas. Cuando penetran en el Golfo de México, su impacto se centra en la desembocadura de los ríos, particularmente en las cuencas del Bravo y el Mississippi.

La cuarta zona se sitúa al sur de las islas Cabo Verde. Se activa entre julio y agosto y sus huracanes son los de mayor alcance y frecuencia. Atraviesan el Caribe, cruzan el Golfo de México y sus impactos son parecidos a los que origina la tercera zona. Su ubicación varía, como la de todos, según el máximo calentamiento marítimo.

El dios Huracán (deidad de los vientos entre los indios del caribe) es, como puede verse, cíclico e infatigable. Pero las autoridades parecieran ignorar esto. La mar de leva --signo de que se aproxima un huracán-- nada les dice y actúan con decisión cuando ya sus efectos segaron vidas y tumbaron casas. Y hasta daría la impresión de que es deliberado este aparente desinterés. Los males de la población sirven para lucirse, para movilizar fuerzas que de otra manera permanecerían apáticas. Incluso, como eventos oportunos para distraer la atención pública de focos que generan críticas (el Fobaproa, por ejemplo) o para ganar popularidad frente a ciertos adversarios políticos (el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo).

Ante esa anomalía es preciso exigir a las autoridades nacionales y locales la conformación de consejos de protección civil con la participación de las dependencias pertinentes y la de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos (los cuales contribuyen al equilibrio de la acción oficial) que aseguren:

--una actividad permanente;

--un estudio y seguimiento de los huracanes y sus efectos;

--la determinación de zonas inseguras y por tanto prohibidas para asentamientos humanos;

--la activación de mecanismos probados de educación, alarma, evacuación, suministro de artículos para los damnificados y demás medidas para enfrentar las catástrofes naturales de cualquier orden.

Se requerirá, además, como una vez le oí formularlo a Fidel Castro, el establecimiento de un fondo especial destinado a este tipo de contingencias.

Es imperativo evitar la pérdida de vidas y el sufrimiento de los más desprovistos, como casi siempre ocurre. Por reglas, los administradores leen cada vez menos (algunos se fatigan después de la tercer tarjeta que reciben) y la poesía, entre las lecturas posibles, les queda demasiado lejos. De otra manera podrían escuchar voces como las de Neruda. Unos versos suyos sirvieron de epígrafe a nuestra crónica:

5. Inician las lluvias en Chiapas.

15. El presidente Zedillo dice que ``los más lastimados son los más pobres''. La Secretaría de Salud reporta 90 muertos. Entre los sobrevivientes aparecen enfermedades diarreicas, parasitosis, infecciones respiratorias agudas y hongos en la piel. La cifra extraoficial es de 214 muertos.

Otros saldos: 444 kilómetros carreteros deteriorados, 22 puentes colapsados, 68 interrupciones por deslaves, cortes o problemas de alcantarillas, 3 mil 600 kilómetros de caminos rurales afectados.

Y más: 658 mil personas sin agua potable y 200 mil hectáreas de cultivos perdidas.

También hay numerosos daños y muertes en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Morelos.

18. Nuevas cuentas en Chiapas: 407 muertos y 849 desaparecidos.

Reparar más de tres mil 660 kilómetros de caminos costará 550 millones de pesos, informa la Secreataría de Comunicaciones.

19. Conjuntivitis en Nayarit. Brotes de dengue en Puebla, Yucatán y Sinaloa. Desbordamientos en Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Nayarit y Oaxaca.

Los días suman muertos: encuentran 171 cadáveres en Motozintla y 12 en Pijijiapan. 413 muertos en total.

20. Mientras se informa que 353 comunidades siguen incomunicadas en Chiapas, el presidente Zedillo dice que se ha superado el estado de emergencia.

22. Mueren seis personas en Guanajuato, Oaxaca y Aguascalientes a causa de las lluvias. Jalisco y Morelos, en estado de alerta. Dos mil damnificados en Puebla. Lluvias en el Distrito Federal.

Renuncian a su cargo nueve funcionarios de la Cruz Roja, argumentan manejo dudoso de la ayuda humanitaria.

27. Ocho mil personas aisladas por las lluvias en Veracruz. Desalojos por un nuevo desbordamiento del río Huixtla en Chiapas. Daños en varios municipios conurbados del Valle de México y en el oriente del DF. Llueve durante nueve horas y 27 minutos.

28. Dos mil damnificados en el estado de México. En el DF, deslaves y desbordamiento del río Mixcoac. Se desgaja un cerro en la delegación Magdalena Contreras: 11 muertos.

29. Cuatro muertos en Puebla y Tlaxcala. Desbordamientos en Chiapas, Morelos y estado de México.

30. Siguen las inundaciones en Jalisco, Nayarit, Guerrero. En Morelos desalojan a 250 familias de una zona peligrosa. En la delegación Alvaro Obregón, del DF, mil 800 habitantes de una zona de alto riesgo rechazan ser reubicados.