Eduardo Montes
Dos de octubre: terrorismo de Estado
Con la acción terrorista del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el gobierno de Díaz Ordaz, y con él los hombres del sistema, quisieron castigar al movimiento de estudiantes, maestros, intelectuales y militantes políticos de izquierda, quienes con su labor de crítica, su exigencia de libertades democráticas, de diálogo y justicia, habían desafiado al autoritarismo gubernamental; se enfrentaban con firmeza a la lógica del sistema de dominación. En la esencia del pliego de peticiones de seis puntos estaba la demanda de cambio a un régimen de libertad y democracia.
Los viejos métodos de control gubernamental, de manipulación, engaño, amenazas o cooptación habían fracasado; fueron ineficaces para someter al movimiento estudiantil que estalló con fuerza a fines del mes de julio. Tampoco se pudo frenar el movimiento con la entrada del Ejército a la UNAM el 18 de septiembre o con el asalto a sangre y fuego de las escuelas del IPN en el Casco de Santo Tomás. Por eso el gobierno decidió utilizar el máximo de violencia militar y policiaca, el terror, para aplastar el movimiento e impedir su prolongación.
Pese a lo que se dijo entonces, y hoy todavía se repite como justificación o al menos explicación de lo ocurrido el 2 de octubre, al gobierno no le preocupaban tanto las olimpiadas, cuya realización no la ponía en riesgo el movimiento; tampoco tuvieron importancia las posibles diferencias internas de los aspirantes a la Presidencia. Lo que determinó la acción terrorista en la Plaza de las Tres Culturas fue la defensa del principio de autoridad del sistema, el rechazo total a quienes lo cuestionaban. Aunque sin el saldo sangriento del 2 de octubre de 1968, de igual manera procedió el gobierno y el sistema nueve años antes al reprimir con el ejército la huelga de los trabajadores ferrocarrileros de marzo a abril de 1959, o más tarde en las universidades de Michoacán y Sonora, donde también intervinieron los militares como fuerza policiaca.
El 2 de octubre del 68 se expresó de manera brutal la esencia autoritaria del sistema político mexicano y el despotismo presidencial, aderezado con la ideología anticomunista dominante en los círculos oficiales en aquellos años. Ciertamente no se puede negar la influencia que en esos hechos tuvo la personalidad de Díaz Ordaz, pero eso es secundario; lo decisivo fue su determinación y la de sus hombres, Echeverría, Marcelino García Barragán, Gutiérrez Barrios, los dirigentes del PRI, de defender a toda costa el régimen antidemocrático, de restricción de las libertades, de anulación práctica de los derechos constitucionales. Muy diferente era la personalidad del presidente López Mateos y, sin embargo, ordenó aplastar violentamente con el Ejército la huelga ferroviaria de 1959, detener a cientos de dirigentes y procesar y condenar a Vallejo y Campa por los llamados delitos de disolución social. Los tecnócratas de hoy tampoco dudan en utilizar a las fuerzas armadas para enfrentar problemas políticos como el conflicto en Chiapas y en labores policiacas por completo ajenas a sus responsabilidades castrenses claramente establecidas en la Constitución.
Precisamente por ello, 30 años después de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, es preciso el deslinde de las responsabilidades y el esclarecimiento completo de aquella acción terrorista. No sólo como acto de justicia y transparencia histórica, sino como una necesidad del presente. Pues el Ejército, por órdenes del Presidente o por voluntad propia, sigue realizando funciones policiacas ilegales. Además, como institución, al negarse a aclarar el papel de los militares el 2 de octubre y rechazar la apertura de sus archivos, en la practica se solidariza con aquel acto condenable. Igual puede decirse de los funcionarios y políticos del sistema, del pasado o del presente, quienes a toda costa intentan encubrir, no a responsables con nombre y apellido de aquella represión sangrienta, sino al sistema autoritario en su conjunto, que hoy no obstante los avances democráticos conquistados por varias generaciones de luchadore, aún sobrevive y puede reincidir en actos terroristas, o propiciarlos como en Acteal.
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