Se buscará que Ericsson repare el daño
José Galán Ť Debido a las irregularidades producto de los contratos suscritos entre la Procuraduría capitalina y la firma Ericsson, en 1995 y 1996, y que no fueron sometidos al proceso de licitación marcado por las leyes mexicanas, la dependencia investiga a funcionarios de la administración anterior y de la empresa. En caso de que las pesquisas comprobaran la existencia de un fraude, el consorcio sueco se vería obligado a reparar el daño con base en los cerca de 30 millones de dólares que importaron las transacciones, más los perjuicios ocasionados a la PGJDF.
El procurador Samuel del Villar informó a La Jornada que ya se dio vista del asunto a la Contraloría interna, que depende de la Contraloría General del gobierno de la ciudad de México, además de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, ``por el cúmulo de irregularidades no sólo en el cierre de los contratos y su monto, sino también en la calidad de unos equipos que deja mucho que desear''.
``Los 30 millones de dólares involucrados en la adquisición de los sistemas y equipos Ericsson en realidad fueron pagados por los contribuyentes. Por ello, mi deber es vigilar que hayan sido empleados de la mejor manera posible. Además de que, como todos saben, los recursos son escasos''.
El funcionario reconoció el prestigio y la capacidad de la firma Ericsson, y subrayó que en las acciones emprendidas no existe ningún interés particular en perjudicar a la empresa o en afectar su imagen, ya que sólo se cumple con las obligaciones que imponen las leyes, incluyendo proteger el patrimonio de la institución y ejercer sus funciones.
``Las leyes obligan a todos: tanto el que compró como el que vendió deben cumplir con las normas legales. Nadie está exento de ellas'', subrayó el procurador. ``Por ello, la dependencia presentó ante el Ministerio Público una denuncia para iniciar las investigaciones sobre las responsabilidades penales que en su caso pudiera haber, y buscar, en caso de que así lo ameritara, la reparación del daño''.
Para el procurador, la Constitución estipula en su artículo 134, con toda claridad, las responsabilidades en el cuidado de los recursos públicos:
``Los recursos económicos de que dispongan el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes''.
A la luz de estas características, Samuel del Villar puso énfasis en que el Ministerio Público debe estar al margen de influencias políticas, ``porque el ejercicio de la acción penal debe estar totalmente despolitizado, y no debe haber ninguna consideración de ese tipo.
``Si resultan responsabilidades de servidores públicos de la actual administración o anteriores, se actuará en consecuencia. De igual forma con funcionarios de la empresa involucrada'', reiteró.
En este caso, la PGJDF tiene un doble carácter: parte ofendida, de acuerdo con la evaluación de la oficialía mayor y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la propia dependencia sobre los equipos y sistemas, los procesos de adquisición y la falta de licitación en la adjudicación de los dos contratos por cerca de 30 millones de dólares, y como titular de las responsabilidades del Ministerio Público.
Los sistemas y equipos de radiocomunicación son, de acuerdo con el procurador, ``un instrumento fundamental para la institución, como pueden ser para la policía el arma, el vehículo, o la computadora en el caso de las áreas ministeriales. En el caso de los servicios periciales, la radiocomunicación resulta fundamental para dar un buen servicio a la ciudadanía. ¿Cuánta gente no se ha quejado que tan sólo en accidentes de tránsito a veces los peritos en mecánica tardan hasta 11 horas en llegar?'', se preguntó.
``Los sistemas de radiofonía son cruciales. Deben tener cobertura no sólo en el Distrito Federal sino también en la zona conurbada; deben permitir una comunicación segura, invulnerable a la penetración e invasión de frecuencias; acondicionados al trabajo duro y a los rigores del clima'', detalló Del Villar. ``Y estos son nada más los requerimientos técnicos''.
Porque, hacia delante, dijo, hay un planteamiento para construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que requiere de la integración y homologación de todos los sistemas y equipos utilizados por las distintas corporaciones policiacas en el país y, en el caso de la PGJDF, ``por lo menos una buena comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública y con los cuerpos policiacos de los estados de la zona centro, particularmente con municipios conurbados a la ciudad de México''.
``Este es un proyecto --explicó-- de la Secretaría de Gobernación, que contiene los lineamientos para el funcionamiento del Plan Nacional de Seguridad con base en un Sistema Nacional de Comunicaciones que, resulta obvio, requerirá de equipos funcionales y operativos. Sin fallas, y que sean, como he dicho, compatibles con otras corporaciones''.