Las detenciones, sin base legal, señala Emilio Krieger, defensor de los dirigentes

Rosa Elvira Vargas Ť Aunque entendían que el problema era político y no jurídico, un grupo de abogados se lanzó en 1968 a la tarea de defender a los encarcelados por su participación en el movimiento estudiantil. ``Sabíamos que jugábamos una carta marcada, pero teníamos que ayudar para no dejarlos en el abandono legal. Había que demostrar al gobierno que no podía actuar impunemente'', dice hoy con énfasis conmovedor, Emilio Krieger, quien como litigante llevó entonces los casos, entre otros, de Heberto Castillo, José Revueltas y Manuel Marcué Pardiñas.

Insiste en que desde el primer momento, él, Guillermo Andrade, Carlos Fernández del Real y Carmen Merino, entre otros abogados, tenían claro que no existían bases para la detención de los procesados por su participación en las acciones estudiantiles que sufrieron su más fuerte represión en Tlatelolco, el 2 de octubre.

Sin embargo, dice Emilio Krieger, el objetivo fundamental fue siempre lograr que los dejaran en libertad, pero todavía lamenta que no obstante todas las actuaciones judiciales no pudieron evitar que pasaran varios años en la prisión de Lecumberri.

Y es que sobre los maestros y estudiantes encarcelados pesaban ``un montón de acusaciones'': sedición, rebelión, daños en propiedad ajena. En respuesta, señala, la tarea de la defensa se basaba en que nada de eso era cierto, que ellos sólo habían ejercido sus derechos ciudadanos de expresarse, de pedir justicia, de demandar la libertad de presos políticos, de exigir el cumplimiento de la ley.

Ante eso, las autoridades judiciales, ``daban entrada a nuestros argumentos... y los mandaban al archivo''. Comenta entonces que igual suerte corrió el documento que al finalizar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz elaboraron cinco abogados, por supuesto los propios defensores de los presos políticos, acusando al presidente de numerosos delitos, incluido el asesinato.

Cuenta Krieger que al presentar el pliego al entonces procurador de Justicia, Julio Sánchez Vargas --hoy director del Instituto Nacional de la Senectud--, éste les dijo: ``Les recibo el documento; les sello la copia, pero ya saben lo que va a pasar: se va a guardar en ese cajón''.

Con su vehemencia y la voz ronca de sus 77 años, el abogado narra que cada semana acudía a Lecumberri para dar cuenta de las acciones legales y estar al tanto de cómo enfrentaban anímicamente el encierro los presos del movimiento estudiantil. En cada caso, asegura, el proceso fue vivido de muy diversas formas. `` Había gente como Heberto que se dedicó a pintar y a enseñar; otros, como Manuel Marcué Pardiñas, que pasaba el tiempo hablando mal del gobierno; Pepe Revueltas, siguió con la bebida y continuó escribiendo. El caso penoso fue sin embargo el de Eli de Gortari, quien hizo `méritos' para que lo soltaran antes que a todos los demás''.

Los recuerdos se acumulan en Krieger, y enseguida pone el ejemplo de Raúl Alvarez Garín, quien ``trabajó muy bien'', pero como es natural, comenta, ``a todos les pegó la cárcel. Yo iba por lo menos una vez por semana con Carmen Merino y ahí presenciamos escenas muy dramáticas de desesperación''.

Pero, platica divertido, en muchos casos las cosas pendientes antes del encarcelamiento siguieron su curso, como fue el de Revueltas, quien había iniciado desde antes su proceso de divorcio, mismo que se concluyó ahí mismo, cuando el propio Krieger le llevó un juez de lo civil para que diera fin al trámite.

De entonces, dice también, hubo muchos procesados y algunas sentencias, como la del propio Heberto Castillo que fue puesto en libertad cuando se habían iniciado los trámites de apelación.

``Echeverría quería acabar con ese problema'' y por eso en 1970 puso en libertad a los que aún permanecían en Lecumberri. Cuenta incluso que el presidente que hoy elude cualquier responsabilidad sobre el 2 de Octubre, le ofreció en ese año que se hiciera cargo del Complejo Industrial Sahagún, porque pensaba relevar del puesto a Jesús Reyes Heroles para mandarlo como dirigente del PRI.

``Yo le respondí que no podía aceptar porque entre mis actividades estaba la defensa de presos políticos y él me argumentó que ya pronto todos quedarían en libertad. Incluso el propio Heberto me aconsejó que aceptara, pues desde esa posición podría hacer mucho a favor de los compañeros'', rememora.

Pese a que el ambiente político- policiaco de entonces no favorecía las tareas de defensa, Krieger admite que él nunca tuvo problemas de persecución o acoso a su labor de litigante. Considera, sin embargo, que ello se debió a un notario que al tiempo que laboraba en su despacho, también llevaba asuntos personales del propio Díaz Ordaz.

``El me comentó --explica-- que el propio presidente le avisó un día que iban a detenerme por andar defendiendo a los presos, pero aquél le respondió que como abogado tendría que saber que a un profesional del derecho no puede ser aprehendido por defender a un preso. Díaz Ordaz le dijo que tenía razón y por eso nunca fui molestado'',

En Krieger, lo ocurrido en 1968 contribuyó a despertar la conciencia de los mexicanos, aunque ``no lo logramos plenamente''. La gente ha cambiado pese a que tiene aún muchas necesidades e intereses insatisfechos.

Pero tiene otras cosas claras, como por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas no tiene razón cuando exculpa al Ejército como institución en los hechos de ese año. ``No puede decir eso, cuando cientos de jóvenes estuvieron presos en el Campo Militar Número Uno, que es una de las principales instalaciones de la Defensa; cuando el bazukazo a San Ildefonso fue una decisión no sé si de generalitos o capitancitos, lo mismo que la toma de Ciudad Universitaria''.

Todas esas, afirma, fueron decisiones de las fuerzas armadas, aunque por supuesto sin desdoro de las responsabilidades de Díaz Ordaz y Echeverría, porque ahí ``la culpa debe distribuirse equitativamente''.