La Junta de Asistencia Privada solicita a Hacienda audite a la institución
Angeles Cruz Ť La Junta de Asistencia Privada (JAP) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) realice una auditoría fiscal a la Cruz Roja Mexicana (adicional a la que realiza la propia junta) y aunque su presidente, Víctor García Lizama dice no tener ningún interés en ``linchar'' a José Barroso Chávez o en que éste salga de la institución, también solicitó información sobre los medicamentos que ingresaron por aduana durante el segundo semestre de 1997.
``Se trata de verificar si los dos millones de pesos que pagó la Cruz Roja por gastos de importación y traslado a la Fundación de Apoyo Social (FAS) corresponden al 5 por ciento del valor de los productos'', dijo.
García Lizama pidió al DIF que asigne una persona para certificar si el tipo y la cantidad de medicamentos enviados a Acapulco y Oaxaca por el huracán Paulina ``correspondió a las necesidades de ese momento''.
Subrayó la necesidad de ``democratizar los procesos de selección de directivos en la Cruz Roja, para que estén en igualdad de condiciones los empresarios que dan dinero y las personas, cuya principal aportación es el trabajo''.
Esperan la renuncia de Barroso
Comentó que los presidentes de comités renunciantes esperan que a partir de su denuncia sobre presuntos desvíos de recursos, se dé la renuncia de José Barroso, la modificación de los estatutos de la institución y, sobre todo, el cambio en la forma de elección de los directivos.
Respecto al presupuesto de ingresos, egresos e inversión de 1998, informó que el director general nacional, Gustavo Lastiri, envió estos documentos el pasado 28 de septiembre, pero no tienen validez porque de acuerdo con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y los estatutos de la Cruz Roja Mexicana, José Barroso tenía que haber firmado el oficio, además de acompañar la documentación con una copia del acta de la sesión del Consejo Nacional de Directores en la que se aprobó el proyecto.
De hecho, ayer mismo, la JAP solicitó por escrito la corrección de estas deficiencias a la Cruz Roja Mexicana. García Lizama precisó que el presupuesto 1998 del hospital central fue aprobado por la JAP en febrero pasado y lo que ahora se solicita es el correspondiente a los recursos controlados por el Consejo Nacional de Directores.
Cuestionado sobre declaraciones recientes del presidente de Cruz Roja, en el sentido de que la benemérita institución debiera ser independiente y no admitir la intervención de la JAP, García Lizama recordó que durante el sexenio anterior, Barroso intentó en un par de ocasiones que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari emitiera un decreto para dar autonomía a la Cruz Roja con relación a las leyes mexicanas.
En el caso de la Cruz Roja, señaló que sus estatutos se elaboraron con base en la Ley de IAP y fueron aprobados por la JAP. En el mismo sentido, descartó que exista algún vacío legal. ``La ley actual, apuntó, tiene suficientes mecanismos de sobrerregulación y vigilancia. Ya no es posible limitar más las acciones de las instituciones de asistencia'', dijo.
Los cambios que requiere el marco legal, explicó, están relacionados con la democratización en la elección del presidente de la JAP. Los representantes de las IAP se han pronunciado a favor de que dicha selección sea por voto universal y directo de las propias instituciones agrupadas en la JAP.