Julio Boltvinik
Defender el subsidio a la tortilla

A las víctimas de la matanza de Tlatelolco

Nuevamente la Secofi subió el precio de la tortilla, esta vez 40 centavos: de 2 pesos 60 a 3 el kilo. El aumento equivale al 15.4 por ciento. Es la tercera vez que se aumenta este precio en el año. En febrero de 1 peso 90, a 2.20. En junio hasta 2 pesos 60. Los aumentos acumulados en el año suman 1 peso 30, el 68 por ciento, contra una inflación acumulada de menos de la quinta parte. Tal como lo recuerda El Financiero (18/9/98), ``desde agosto de 1997 las secretarías de Hacienda, de Agricultura, de Desarrollo Social y de Comercio, así como Conasupo, acordaron (¿no habrá en México un Poder Legislativo que tenga algo que decir al respecto?) que a partir del presente año se eliminaría el esquema de precio oficial a la cadena maíz-tortilla''. Estos aumentos serían pasos para eliminar, ``junto con la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para 1999'', el esquema de subsidio generalizado al precio de la tortilla. La Secofi informó que esta medida hace posible mantener el monto de recursos asignados al programa Fidelist mediante el cual es entregado un kilogramo del alimento gratis a un millón 950 mil familias en 1998, y que permitirá ampliar la cobertura del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) a más de un millón 950 mil familias este año (Ibid). En pocas palabras, se trata de eliminar los subsidios de tipo generalizado y sustituirlos por programas focalizados a los pobres extremos. El argumento viene de los manuales neoliberales que ven con horror que algunos no pobres reciban subsidios.

El mismo argumento podría aplicarse a la educación primaria y secundaria gratuitas, a las que, sin duda, se cuelan múltiples niños y niñas cuyos padres podrían pagar una escuela privada. De ahí no se deriva, afortunadamente, la tesis de sustituir el subsidio generalizado a la educación por uno focalizado. Nótese que el propósito de eliminar el subsidio generalizado a la tortilla, supone quitarle a muchos pobres, para darle a unos cuantos.

1994 es el último año para el cual tenemos datos disponibles. A pesar de la promesa de Jarque que la ENIGH96 estaría disponible al público en general este septiembre, ayer primero de octubre, no estaba a la venta en los puntos de venta de INEGI y sólo parecen haber enviado una nota de prensa resaltando algunos resultados a algunos periódicos: véase El Financiero (1/10/98). La estructura del consumo de maíz y tortilla puede resumirse de la siguiente manera. En 1994 el 70 por ciento de la población era pobre. Actualmente, con una caída entre 94 y 96 del 5.4 por ciento del ingreso per cápita, según reporta El Financiero basándose en cifras de la ENIGH96, la pobreza debe cubrir alrededor del 75 por ciento de la población. De acuerdo con un libro en preparación de Fernando Cortés, los primeros siete deciles (tal como los manejan las publicaciones de las ENIGH) comprenden al 67.9 por ciento, y los primeros ocho al 78.9 por ciento de la población. De esta manera, los pobres incluirían casi la totalidad de los primeros ocho deciles de hogares. Además el consumo per cápita en maíz de grano, harina de maíz, masa de maíz y tortillas de maíz, era de 20 pesos trimestrales en 1994 en promedio, alcanzando su máximo en el decil 5 (24 pesos) y su mínimo en el decil 10 (13 pesos). Esto prueba que la tortilla es lo que los economistas llaman un bien inferior. De esta manera, los dos deciles más altos, los únicos en los que no hay población pobre, consumen 18.3 por ciento de los derivados del maíz. Si se toma sólo el consumo urbano de tortilla, los dos últimos deciles consumen una proporción aún menor: el 15.9 por ciento. Es decir más del 80 por ciento del subsidio llega a los pobres, lo que es formidable incluso para un programa focalizado. El error fundamental de quienes quieren focalizar el gasto a la pobreza es suponer que, al igual que en los países desarrollados, los pobres son una fracción menor de la población. En esos casos, los gastos universalistas efectivamente beneficiarán a una proporción muy importante de no pobres.

Pero en México, donde la mayoría de la población es pobre, la mejor manera de apoyarlos es a través de programas universalistas. La Cámara de Diputados tiene la obligación de defender el subsidio universalista a la tortilla. A la baja directa a los salarios reales se viene a sumar ahora esta baja indirecta a través del brutal aumento al precio del principal alimento de los mexicanos. La compensación ofrecida, mantener el programa de Fidelist y mantener las metas de Progresa (entre ambos una población de menos de 4 millones de hogares, de un total de 23 ó 24 millones) no compensarán el daño sufrido, sin retribución alguna, por los otros 16 millones de hogares pobres. ¿Por qué la gente acepta pasivamente estos despojos a su ingreso real?

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