Adolfo Sánchez Rebolledo
68: la legalidad secuestrada
La negativa a abrir los archivos del 68, en particular los que están resguardados por la Secretaría de la Defensa, demuestra que no todo ha cambiado en el país en estos largos años de transición democrática. Las razones aducidas por la Secretaría de Gobernación para mantener el secreto son, por decir lo menos, rutinarias y anacrónicas. La sociedad mexicana quiere saber, y tiene derecho a saber, qué pasó exactamente durante los meses del movimiento estudiantil y, muy particularmente, conocer los detalles de la operación policiaco-militar que condujo a la tragedia del 2 de octubre.
Todo el mundo sabe que el gobierno pisoteó descaradamente la legalidad para salvar el llamado principio de autoridad, es decir, para proteger el presidencialismo autoritario que el movimiento estudiantil había erosionado. El movimiento estudiantil de 1968 surge como respuesta a la arbitraria y anticonstitucional intervención del ejército y la policía contra recintos universitarios y termina con la represión militar del 2 de octubre. Por la naturaleza de sus demandas --el pliego petitorio--; por sus efectos políticos, morales e ideológicos, por la resistencia que hubo de vencer es, sin lugar a dudas, un movimiento democrático que topa de inmediato con el autoritarismo presidencial.
En el fondo, si se observan con cuidado los hechos, se verá que el único ``delito'' cometido por los estudiantes fue no haberse plegado a las decisiones intocables del Presidente.
Durante muchos años la izquierda levantó la bandera de la defensa de la Constitución como un intento de someter al gobierno al imperio de la legalidad. No tuvo éxito: todos los movimientos sociales fueron reprimidos o ilegalizados mediante la intervención del Estado, de los cuerpos de seguridad o de los tribunales. Cualquiera que repase la historia reciente de México topará una y otra vez con la desmoralizadora realidad de que la justicia siempre estuvo subordinada a las decisiones del Presidente.
En 68 las cosas adquirieron otro curso: la prepotente clase política de entonces sencillamente no daba crédito a lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. El régimen no podía admitir que el movimiento actuara con total autonomía respecto del poder. No podía soportar la crítica al Presidente, muchas veces festiva, pero siempre certera e irritante de los estudiantes. Eso explica que la represión y los procesos montados al vapor ordenados por el juez Mc Gregor Ferrer adquirieran el tono de simples actos de venganza para hundir a los presos políticos y reducir a polvo la rebeldía estudiantil. Pero con ellos se derrumbó, justo es decirlo, el último vestigio de credibilidad del poder judicial que no quiso o no pudo oponerse a la impunidad.
Hay que repetirlo mil veces: ni los autores intelectuales ni los responsables directos de la matanza de Tlatelolco y otros actos delictivos fueron sometidos jamás a juicio alguno. ¿No es hora de conocer toda la verdad posible sobre estos hechos?
Para construir un régimen democrático hace falta despejar el presente de los fantasmas del pasado. El rescate de la legalidad halla en la revisión de las ilegalidades del 68 uno de sus principios fundadores. Lejos de allanar el camino para que los hechos de 1968 se conviertan en historia, la clausura de la información ayuda a mantener viva una herida que no puede sanar con el paso del tiempo.