Letra S, 1 de octubre de 1998

Historiador de formación, termina interesándose por la medicina e ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad Washingthon de San Luis Missouri y a la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Desde los primeros años de su vida profesional, fija su compromiso con la salud pública y desde los Centros para el Control de Enfermedades, se involucra en programas gubernamentales de atención a zonas marginadas y afectadas por la pobreza.

En 1984, a los inicios de la epidemia del sida, decide trasladarse a Kinshasa, Zaire, para unirse a los esfuerzos contra ese padecimiento en uno de los países más afectados, donde funda y dirige el Proyecto Sida, trabajo pionero que fija las primeras directrices de investigación.

Dos años después, debido a los logros de su trabajo, es invitado por la Organización Mundial de la Salud a fundar y dirigir el primer Programa Global sobre Sida, por lo que se traslada a Ginebra. Desde ahí organiza una movilización mundial de salud pública sin precedentes para unificar los esfuerzos y las políticas nacionales contra la pandemia. Funcionario atípico, se mantiene en constante movimiento por todo el mundo para convencer a ministros de salud, científicos, trabajadores sociales, líderes comunitarios y agencias de financiamiento de la gravedad del problema y de la necesidad de elaborar una estrategia global. Por su tenacidad y elocuencia, en poco tiempo logra cambios extraordinarios en la conciencia mundial respecto al sida.

El histórico consenso logrado le permite organizar en Londres en 1988 la mayor cumbre de ministros de salud para tratar un problema de salud. Ahí, los funcionarios de más de cien naciones se comprometen a impulsar la información y la educación como las únicas medidas eficaces para detener a la pandemia. Además, la OMS adoptó, por primera vez en su historia, una declaración contra la discriminación de las personas afectadas por un padecimiento, como parte integral de su estrategia global para prevenirlo y controlarlo.

Para 1989 casi todos los países del mundo contaban con un Comité y un Programa Nacional contra el Sida, gracias al apoyo del Programa que él dirigió. Así lo relata el doctor Mann: "Muchos gobiernos renuentes a admitir la presencia del sida en sus países, desarrollaron combativos programas para hacerle frente; se proporcionaron orientación y recursos para acelerar su puesta en marcha; se fortaleció el espíritu de solidaridad global."

En 1990 renuncia a su cargo como protesta por las presiones burocráticas, la falta de apoyo y la insensibilidad del nuevo presidente de la OMS hacia el problema del sida.

En los años siguientes, se dedica a la cátedra y a formar nuevas generaciones de especialistas en salud pública y derechos humanos en la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde funda y edita la revista Health and Human Rights.

El 2 de septiembre pasado viajaba a Ginebra, en el avión que explotó frente a las costas de Canadá, para atender una reunión sobre sida. Al parecer, un nuevo liderazgo en la OMS le ofrecía la oportunidad de regresar a ese organismo para reiniciar su excelente trabajo en ese campo. Iba acompañado de su esposa Mary Lou Clements-Mann, destacada científica en el campo de las vacunas, quien trabajó en más de cien ensayos clínicos para desarrollar vacunas contra la influenza, la hepatitis C y el VIH, entre otras enfermedades.

En este fin de siglo mexicano nos enfrentamos a un problema de salud pública mayor: la desarticulación de las instituciones de salud pública y la anulación, en los hechos, de la garantía del derecho a la salud.

A raíz de la puesta en marcha del modelo que se conoce como neoliberalismo, una de las variables fundamentales afectadas es el presupuesto dirigido al gasto social. Ha habido una contracción absoluta del gasto en salud, alimentación, vivienda, etcétera, es decir de todas aquellas condiciones básicas que permiten la existencia de un estado de bienestar mínimo que posibilite el desarrollo de las capacidades de las personas.

Este modelo económico que nos han impuesto significa que la salud y el bienestar social dejan de ser una responsabilidad pública, un compromiso del Estado con la sociedad para convertirse fundamentalmente en una responsabilidad individual. Es decir, este nuevo modelo lo que hace es reconceptualizar el bienestar social y la salud de acuerdo con una lógica de mercado.

El diagnóstico equivocado

En diciembre de 1995, con el sólo voto de la fracción parlamentaria del PRI, el Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley del Seguro Social. La justificación fue la existencia de una crisis financiera dentro del Instituto que requería una reforma urgente. Se nos dijo que había dos variables fundamentales que la justificaban: por una parte, una transición epidemiológica; y por la otra, una transición demográfica. Por la primera entendían que el país estaba transitando de los padecimientos infecto-contagiosos a las enfermedades de tipo crónico-degenarativas. En cuanto a la segunda se nos dijo que hemos dejado de ser un país de jóvenes para convertirnos en un país de ancianos. Ambas variables suponen una demanda mayor y más costosa de atención a la salud, y en una situación de crisis financiera eso hacía necesaria la reforma estructural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Quienes trabajan asuntos relacionados con la salud saben perfectamente que en función del diagnóstico que se haga de una situación se derivarán las medidas terapéuticas. En el caso del Seguro Social, nosotros sabemos que la fuente básica de financiamiento es el salario base de cotización de los trabajadores, pero si tenemos una situación económica que contrae los salarios, no crea empleos y reduce el gasto social, entonces el problema básico de la crisis financiera del Seguro Social es provocado por el modelo económico.

Esa es la verdadera causa a partir de la cual se reformó al IMSS. Pero si se nos miente o quiere confundir diciendo que las causas de la falta de financiamiento son las transiciones epidemiológica y demográfica, entonces las soluciones que se van a dar a esa problemática no tendrán nada que ver con las variables del salario, del empleo y del gasto social. Si se tomaran en cuenta dichas variables, las reformas a la seguridad social no conducirían a la privatización que se está llevando a cabo de esa institución. Así, la reforma al seguro por enfermedad y maternidad del IMSS, consiste fundamentalmente en la creación de áreas rentables para el capital de aquello que tiene que ver con la prestación, la atención y la administración de los servicios otorgados por esa institución. Esta reforma es una privatización selectiva, se privatizan aquellas áreas que favorecen la acumulación de capital y la ganancia, por medio del proceso, que todos conocemos, de subrogación de servicios y de reversión de cuotas.

La reversión de cuotas consiste, fundamentalmente, en que el IMSS recoge las cotizaciones relativas a enfermedad y maternidad y en vez de dejarlas dentro de ese ramo las transfiere a las empresas, para que éstas, a su vez, contraten servicios médicos privados o los otorguen. ¿Qué significa esto? Que los recursos se transfieren al sector privado de la medicina y dejan de ingresar al IMSS. Este éxodo de los recursos provoca la merma de las finanzas institucionales porque la cuota calculada como nueva base de cotización no es lo suficientemente grande como para refinanciar el seguro de enfermedad y maternidad, lo que provoca, a su vez, el deterioro de las instalaciones y de los servicios.

Así, la reforma al seguro de enfermedad y maternidad ha fragmentado al sistema de atención de las instituciones públicas, en el entendido de que, por una parte, estratifica la salud, es decir, en función de la capacidad del bolsillo y en función de lo que se gane se va a tener acceso a un tipo de calidad mayor de salud; y por la otra, lo que se está haciendo es desmembrar y desmantelar a la institución pública de salud, con la privatización de sus servicios. Con eso se rompe el esquema integral de salud.

La salud, sometida a la lógica del mercado

De lo que se trata es de poner un tope a los gastos de salud, un techo a los recursos destinados a ese rubro. Lo que significa que los servicios de atención que dará la seguridad social se reducirán a un paquete básico de salud --llamado por ellos paquete comprensivo de salud--, y el que necesite un tipo de atención mayor deberá contratar un seguro privado que le cubra mayores requerimientos de salud. Lo que se está planteando con esto es terminar con lo que había sido una salud solidaria, integral y con un objetivo de cobertura universal, para introducir una lógica de mercado, privatizadora de los servicios de seguridad social.

Cuando hablamos del principio de solidaridad del IMSS nos referimos fundamentalmente a que los derechohabientes reciben los servicios médicos que requieren independientemente de sus aportaciones, es decir, el beneficio social se deriva de las necesidades de las personas y no según el porcentaje de sus cuotas. Con la nueva Ley, y de acuerdo con el documento del Banco Mundial que la inspiró, ese principio se elimina. Ahora la salud tiene un precio: un mejor nivel y calidad de los servicios van a significar una mayor erogación de dinero; es decir, a mayor salud, mayor costo, que es lo que llaman el modelo de equivalencia o costo-beneficio, el beneficio obtenido estará en función del pago realizado. Todos los derechohabientes, desde la anciana con padecimientos crónico-degenarativos hasta el recién nacido, serán atendidos en función de su capacidad económica o de la capacidad de bolsillo de sus padres, es decir, según la calidad de servicios que puedan comprar con sus recursos. Eso es una violación absoluta del derecho constitucional a la salud, establecido en la fracción del Artículo 123 referida a la seguridad social, y en el 4o. constitucional.

El problema de salud más importante que tenemos los mexicanos en este fin de milenio, además del sida, es la pérdida del derecho a la salud como lo establece la Constitución. Este es el escenario, el contexto en el cual se tiene que seguir luchando por la defensa de ese derecho, no sólo de quienes padecen sida sino de todos los mexicanos, y por detener, además, el desmantelamiento y la privatización de las instituciones públicas de salud. México necesita y requiere un mayor gasto en este rubro, similar al de los países con economías intermedias, como la mexicana, que destinan 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la salud, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras nosotros destinamos menos de 5 por ciento.

Eso supone que nosotros como ciudadanos reclamemos que el bienestar social deje de ser un asunto individual, un asunto que se obtiene a través del mercado en una sociedad y un modelo de desarrollo económico que de lo que sí estamos seguros produce mayor desigualdad y pobreza.

Profesora invitada en el posgrado de Medicina Social de la UAM-X. Edición de la ponencia presentada en las III Jornadas Hablemos de Sida, organizadas por Falcons en Aguscalientes.

Crean el premio Jonathan Mann

Las organizaciones Human Rights Watch y el Consejo Nacional para la Salud Internacional (NCIH, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, anunciaron el pasado 21 de septiembre, la creación del premio Jonathan Mann para la Salud Global y los Derechos Humanos. El objetivo de esta presea es servir de estímulo e inspiración a todos aquellos cuyo trabajo se distinga por la defensa de los derechos humanos, particularmente en el campo de la salud a nivel global, asunto al que el doctor Mann dedicó los últimos cinco años de su vida. De esta manera se pretende honrar la memoria del recientemente fallecido doctor Jonathan Mann, quien a lo largo de la pandemia del sida se convirtió en uno de los más destacados constructores de nuestra comprensión de este fenómeno desde un enfoque científico y humanista. El premio se entregará anualmente durante el mes de junio y el jurado estará conformado por el doctor Peter Piot, director del Programa sobre Sida de la ONU (Onusida), y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, entre otras personalidades.

Iniciativa sobre el precio de los fármacos

El Grupo de Trabajo por un Precio Justo (conformado por algunas organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos) lanzó una declaración en la que alerta sobre la posibilidad de que los nuevos agentes antirretrovirales abacavir (Zaigen) y efivarenz (Sustiva) tengan un precio desproporcionado cuando aparezcan en el mercado. Ambos compuestos están siendo revisados por la FDA (Food and Drugs Administration). De ser alto el precio se incrementaría sustancialmente el costo de la asistencia sanitaria para un gran número de personas que viven con el VIH. Por ello, el grupo invita a sumarse a esta declaración antes de que los comercializadores, DuPont Pharma y Glaxo Wellcome, tomen la decisión final sobre el precio. Este grupo espera que esta declaración se convierta en el primer paso de una campaña más extensa sobre el costo de los tratamientos contra el VIH dirigida a todas las farmacéuticas. "El año pasado, algunas compañías aumentaron mucho los costos de unos fármacos gravados con precios que ya eran altos sin que la comunidad afectada por el VIH reaccionara con suficiente fuerza. No hay más justificación para estos incrementos que llegar hasta 'donde el mercado aguante'. Pero conforme los regímenes combinados se hacen cada vez más complejos, las personas con VIH, o en su caso los organismos aseguradores, deberán afrontar los costos médicos que aumentarán exageradamente. Mientras tanto, la industria se prepara para obtener beneficios no esperados. Las compañías cuentan ahora con menos razones que justifiquen extraer de los fármacos fuertes ganancias a corto plazo, ya que las personas los usarán por periodos más prolongados. No nos confundamos: ¡cada vez que se establece un precio injusto se recortan las posibilidades de tratamiento para un sector de la población!", advierte la declaración. El comunicado cuenta ya con más de 80 firmas de organizaciones y más de 140 firmas individuales; si deseas anexarte envía por fax (310)471-4565 o por correo electrónico ([email protected]) el nombre de tu organización, o el propio.

Aplazan la Asamblea Nacional de Personas con VIH/sida

La fecha programada (del 11 al 13 de septiembre) para la I Asamblea Nacional de Ciudadanos Viviendo con VIH/sida en México se pospuso hasta nuevo aviso. Así lo dio a conocer el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/sida (FrenpaVIH). El cambio se debe, en parte, a que no todas las Secretarías de Salud de los estados (Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco) han dado su aportación acordada, por lo cual el FrenpaVIH ha tenido que modificar la programación de sus eventos. Con los recursos recaudados hasta el momento se han realizado las siete asambleas regionales mismas que culminaron el 6 de septiembre. En ellas se eligieron a 16 representantes (dos por región y tres por las dos regiones del Distrito Federal), quienes conforman el Comité Nacional de Interlocución (CNIn) con las autoridades de Salud. (Comunicación y medios del FrenpaVIH)

Una de cada cinco personas no se protege contra el sida

Según una encuesta realizada por Durex, productora de condones, en 14 países (Sudáfrica, Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hong Kong, Italia, México, Polonia, Rusia y Tailandia) a 10 mil personas de entre 16 y 45 años, 17 por ciento de los entrevistados no se preocupa del riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); 25 por ciento (entre 16 y 19 años) no se siente amenazada por él y tres de cada diez no tomaron precauciones al tener su primera relación sexual. En la investigación resulta que todos conocen el sida, sin embargo es alarmante el desconocimiento de las otras enfermedades de transmisión sexual (ETS); por ejemplo, 32 por ciento no sabe nada de la clamydia. Por otro lado, 62 por ciento de quienes tienen entre 16 y 19 años utilizaron mucho más el preservativo en los últimos tres meses, contra 39 por ciento de quienes oscilan entre los 30 y 39 años. Además, 98 por ciento de los encuestados es favorable a la educación sexual y ocho de cada diez consideran al preservativo como el método anticonceptivo más accesible, a excepción de Tailandia y Francia donde ese lugar lo ocupa la píldora. (AFP)