Para Raúl Alvarez Garín, la matanza es un crimen de Estado
José Gil Olmos Ť ``Los delitos cometidos (el 2 de octubre) en Tlatelolco son imprescriptibles y en consecuencia se mantiene abierta la posibilidad de examinar el caso en términos penales, lo que tiene una indudable importancia en los asuntos políticos de actualidad'', sostiene Raúl Alvarez Garín a propósito del movimiento del 68.
Con el ojo puesto en la memoria de los acontecimientos que él mismo vivió como miembro del Consejo Nacional de Huelga (CNH) por la Escuela de Físico-Matemáticas del Politécnico, insiste en que se puede tipificar como ``crimen de Estado'' lo ocurrido hace 30 años porque ``fue dirigido a un conjunto o sector genérico de la población''.
De igual manera, reitera que es tiempo de abrir todos los archivos oficiales -incluidos los de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional- para indagar no sólo lo sucedido aquella noche de otoño, sino los meses previos y los posteriores al 2 de octubre, en los cuales el Ejército actuó hasta en cinco ocasiones en contra también de grupos políticos, sociales y sindicales.
``Es crimen de Estado porque la planeación y ejecución de la acción delictiva se produce en los espacios de decisión política y operativa de los organismos de Estado, y porque se determina y se exige la participación y disciplina personal en el hecho delictuoso precisamente por el puesto y la jerarquía política de la persona en la estructura de la administración pública'', explica, al tiempo de aclarar que si se procede penalmente se podría juzgar a personas en lo individual y no directamente al ``Ejército'' o al ``gobierno'', como sería el caso de un juicio político.
Sostiene que al mismo tiempo se podría formar una segunda comisión de la verdad en la Cámara de Diputados, ``no partidista, con personajes ampliamente reconocidos por su capacidad moral y técnica para investigar sucesos de responsabilidad política y penal, como se presupone que es el caso del 2 de octubre en Tlatelolco''.
Dicha comisión recuperaría la investigación de la primera creada en 1993 y podría sustituir a la actual Comisión Especial Investigadora de los Sucesos del 68 de la Cámara de Diputados, pues, afirma, está limitada por su misma conformación partidista y por la naturaleza de su función investigadora que se toparía con archivos confidenciales inviolables por decisión de Estado.
En su tercer libro sobre el tema, La estela de Tlatelolco, Alvarez Garín no sólo pretende hacer una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil desde aquel 22 de julio del 68, cuando se enfrentaron alumnos de la preparatoria Isaac Ochotorena y de las vocacionales 2 y 5, al término de un partido de futbol americano. También intenta evaluar la responsabilidad penal de ciertos personajes que estuvieron al mando de las fuerzas del Estado, militares y policiacas.
``Las consecuencias políticas de la utilización del Ejército para reprimir a los estudiantes en el movimiento del 68 son diversas y es importante tomarlas en cuenta. En cualquier balance político medianamente objetivo, la actuación del Ejército en el 68 sólo registra resultados negativos'', sostiene el ex líder estudiantil, quien siendo diputado en diciembre del 93 presentó una iniciativa de ley para abrir los archivos oficiales secretos, con la intensión de reconstruir los hechos y las responsabilidades de quienes participaron en Tlatelolco, propuesta que sigue congelada en la Cámara de Diputados.
La aplicación del Ejército, abunda, respondió a una actitud obsesiva por mantener ``el principio de autoridad''. Así, en lugar de atender las causas profundas del descontento y flexibilizar su política, el gobierno decidió aplicar la fuerza militar y ya no dejar correr el riesgo de fracasar en su intento por detener al movimiento o enfrentar una crisis de poder extrema, ``porque estaba configurándose una situación que cuestionaba la autoridad política del gobierno e incluso su capacidad militar para mantener el orden''.
Por eso, sostiene, ``quienes planearon la agresión el 2 de octubre lo hicieron en términos de infalibilidad: no podía haber fallas de ningún tipo y los objetivos políticos y militares debían cumplirse estrictamente. Era necesario restablecer el principio de autoridad, detener al CNH y dar un escarmiento general''.
La estela de las operaciones militares fuera de la ley
Alvarez Garín señala que, en diversos momentos de la historia moderna del país, las fuerzas militares ha actuado con una estrategia fuera de la ley para someter a movimientos opositores al régimen.
``La simple descripción de sucesos como la masacre de San Luis Potosí (movimiento navista), el 2 de octubre, el 10 de junio y las formas de operación del Batallón Olimpia, de los Halcones, de la Brigada Blanca, y ahora de los grupos paramilitares de Chiapas, muestran la continuidad de técnicas y procedimientos represivos que transgreden las disposiciones y las prevenciones supuestas para evitarlos'', señala y advierte que la experiencia acumulada de las fuerzas armadas en este campo de acción forman ya una ``escuela mexicana'' para el trato a los opositores.
Ahora, en una perspectiva política de mayor control ciudadano y de respeto a la legalidad y a los derechos humanos ``es imprescindible restringir el uso del Ejército en los conflictos políticos internos, y eso requiere de diversas medidas, de mayores precisiones en la legislación respectiva, de juicios de responsabilidad penal en los casos que correspondan y de una profunda reeducación de las fuerzas armadas, en el espíritu del respeto a la legalidad y a los derechos humanos, de los civiles y de ellos mismos como soldados''.
Del análisis de los documentos de origen militar, reitera que existen hechos que permiten fincar responsabilidades penales por acciones u omisiones a un número importante de actores, como el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa; el general Alfonso Corona del Rosal, regente de la ciudad de México; Luis Echeverría Alvarez, secretario de Gobernación; el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Díaz Ordaz; los generales Crisóforo Mazón Pineda y Raúl Mendiola Cerecero, que estaban a cargo de la policía; y el también general Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger los cuerpos de los muertos en Tlatelolco.
Alvarez Garín va más allá de lo ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 para observar el proceder de las fuerzas armadas y afirma que hay ``nuevos crímenes'' cometidos por fuerzas armadas o policiacas en Aguas Blancas, Acteal y en la colonia Buenos Aires. Sin embargo, sobre el 68 precisa: ``La búsqueda de la verdad histórica y del deslinde de las responsabilidades de los involucrados no está motivada por un afán de revancha o por propósitos de venganza, es simplemente un imperativo elemental de justicia, absolutamente necesario para la salud de la República''.