En una de sus primeras definiciones de política exterior, el nuevo gobierno de Colombia, que preside el doctor Misael Pastrana, descartó la posibilidad de un enfrentamiento con Estados Unidos por discrepancias en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, tal y como sucedió con la administración anterior. Ahora las dos naciones viven una luna de miel que no descarta la extradición a Estados Unidos de los capos de la droga, que se encuentran presos y sentenciados, así como los que sean detenidos en el futuro.

Es bien conocida la posición de Estados Unidos en este y en otros aspectos, y que se refleja a la hora en que el mayor consumidor de drogas de la tierra (esa adicción le cuesta 76 mil millones de dólares al año) certifica unilateralmente las acciones emprendidas por Colombia contra el narcotráfico, además de aprobar otras medidas de presión que afectan la economía y las relaciones diplomáticas con la potencia del norte. Al extremo de que el anterior embajador actuó más como un procónsul que como el diplomático respetuoso de las leyes y la soberanía de un país amigo. Ello en parte se explica porque, acorralado por la denuncia de que su campaña electoral recibió apoyo financiero del cartel de Cali, el ex presidente Samper cedió a muchas presiones con tal de terminar de cualquier forma su mandato.

Ahora que el doctor Pastrana ofrece un cambio radical en la conducción del país -desde un ataque frontal a la corrupción y la pobreza, hasta medidas drásticas para mejorar la economía-, el tema del narcotráfico aparece en la agenda de los pendientes. Por principio, varios analistas le recuerdan al presidente el reconocimiento que hizo, cuando estaba en campaña, de que el cultivo de estupefacientes, que realizan unas 180 mil familias campesinas e indígenas, debe verse como un problema social, de pobreza y falta de alternativas de trabajo y calidad de vida, antes que uno de tipo judicial o policiaco que deba solucionarse con la fuerza pública. Con el agravante de que en las áreas cocaleras o amapoleras está presente la guerrilla, acusada de protegerlas.

Otro punto polémico es la fumigación masiva de las siembras ilícitas con sustancias químicas, operación en que participan efectivos estadunidenses. Expusimos aquí hace cuatro años los inconvenientes que traería la aplicación de un compuesto, el glifosato, y que fue criticada por el partido ahora en el poder. Recientemente se recurrió a fórmulas más poderosas, como el imazapyr -un herbicida granulado-, hasta llegar a otro mayor, el tebuthiuron, ocasionando serios daños al ambiente, así como desajustes sin cuento en la vida de las familias que siembran cultivos ilícitos, a las que no se les ha ofrecido una alternativa viable, convincente, para abandonar lo que ahora les permite sobrevivir.

Colombia es el único país que recurre a las fumigaciones masivas y forzadas de estupefacientes, asunto cuestionado hasta por las Naciones Unidas. Los frutos no son los que esperaban sus patrocinadores, pues los cultivos crecieron notablemente en los últimos cuatro años: sumaron más de 300 mil hectáreas, de las cuales se destruyeron unas 200 mil, causando serios problemas de orden público en las áreas afectadas.

Precisamente Pastrana prometió realizar una reforma agraria integral y dar a los campesinos alternativas productivas ventajosas que desanimen las siembras de coca y amapola. Para ello pidió la colaboración internacional. Ya obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por cien millones de dólares, destinados a la creación de empleo y justicia social en las áreas de narcocultivos. En esta tarea parece contar con el apoyo de los dos grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que controlan amplios espacios geográficos donde se siembra coca y amapola. El último grupo ofreció intervenir activamente en los programas de sustitución en varias áreas agrícolas. Mientras, Estados Unidos parece convencido de que es obsoleta su estrategia de combatir militarmente la siembra de estupefacientes, y que es mejor privilegiar los aspectos técnicos, económicos y sociales.

No tendremos que esperar mucho tiempo para ver si la luna de miel entre la potencia del norte y Colombia dura lo suficiente y permite atacar de raíz las causas de la pobreza y la violencia que hoy distinguen a vastas zonas de este país y para comprobar si un nuevo Plan Marschall desplaza a la fuerza y a la guerra química como forma de resolver un problema social y de injusticia que se agudiza cada día.