En la cuenta pública de 1996, otras anomalías en esa dependencia

Daniela Pastrana y Raúl Llanos Ť La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa (CMHALDF) detectó irregularidades en la compra de equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para el Programa de Modernización Tecnológica (PMT) de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, rubro para el cual se aprobó un presupuesto de 289 millones 600 mil pesos, sólo en su primera etapa.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, en el ejercicio del presupuesto se detectaron anomalías en la requisitación de pedidos y elaboración de las actas de fallo de invitaciones restringidas; no hubo autorización de las adquisiciones de bienes restringidos, y hubo deficiente integración y custodia de los expedientes de proveedores, con lo cual se incumplieron diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas del DF y de la normatividad en materia de Administración de Recursos''.

Los resultados de la auditoría financiera practicada a la corporación, que se incluyen en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 1996, revelan que para dicho programa se celebraron tres contratos fechados el 16 de diciembre de 1996, para el ``suministro de servicios de conducción de señales digitales y el acceso a la red pública telefónica por un millón 401 mil pesos''.

Además, ``un convenio complementario para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del equipo de telecomunicaciones por un importe de 35 millones 147 mil pesos, y el contrato sin número para la compra de equipo de radiocomunicación y la prestación de servicios por un monto de 210 millones 604 mil pesos''.

De acuerdo con la CMHALDF, el 31 de diciembre de 1996 liquidó el contrato TX-9612-0061 por un millón 401 mil pesos, y entregó a los prestadores de servicios --no indica nombres-- los anticipos de 50 por ciento que se pactaron en los otros dos contratos mencionados: 17.5 millones de pesos en el contrato complementario TX-9612-0061 y 105.3 millones de pesos en el contrato sin número.

No obstante, ``el finiquito de los contratos, la entrega de los bienes, la instalación y puesta en marcha de los equipos y la prestación de los servicios contratados se llevaron a cabo durante el ejercicio siguiente''.

Otro de los resultados de la CMHALDF revela que en febrero de 1996 la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGJDF adquirió 100 equipos de comunicación y telecomunicación mediante adjudicación directa; sin embargo, se detectó que al momento de dicha solicitud ``no se contaba con disponibilidad presupuestal para realizar la adquisición''.

También precisa la Contaduría que en noviembre de ese año se fincaron los pedidos número 148/96 y 263/ 96, del 11 de junio y 21 de noviembre de 1996, cada uno por 294 mil pesos, sin IVA, con el objeto de comprar una partida de 21 aparatos de radiocomunicación personal para operativos policiacos que no formaban parte de los bienes contenidos en el PMT, los cuales se adjudicaron por invitación restringida a cuando menos tres proveedores, pero ``no se sometieron al dictamen de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios'', con lo que se incumplió la normatividad en materia de Administración de Recursos.

Puntualiza el Informe de Resultados que la Procuraduría de Justicia capitalina tampoco ``elaboró las actas de fallo de las invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores. Tampoco comunicó por escrito a los participantes los resultados ni llevó a cabo una reunión pública para darlos a conocer'', por lo que incurrió en desacato de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas del DF.

Una irregularidad más. La PGJDF asignó directamente pedidos por 118 mil pesos para la compra de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación ``sin someter la operación al dictamen de su comité de adquisiciones.

Además, ``no integró adecuadamente los expedientes de los proveedores de los que se adquirieron equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones durante 1996''. De los 15 expedientes solicitados, sólo se proporcionaron ocho y varios de ellos no contienen poder notarial del representante legal del proveedo; cédula del Registro Federal de Contribuyentes de éste; lista de precios de los bienes ni su curriculum, con lo que se incumplió lo que establece la normatividad en cuanto a administración de recursos.