El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), cuya sede está en Caracas, acaba de formular un amargo balance de la crisis que golpea a los países emergentes y que, en particular, amenaza a las naciones de América Latina y ha causado ya una grave situación en Venezuela. Según el SELA, que depende de los gobiernos latinoamericanos, las autoridades políticas abdicaron de su soberanía económica en aspectos fundamentales, transfirieron su poder a los mercados financieros, y con ello perdieron la capacidad de establecer políticas de desarrollo para reducir el impacto devastador de las crisis cíclicas.

De los señalamientos realizados por el secretario permanente del SELA, Carlos Moneta, se desprenden diversas conclusiones que deben suscitar la reflexión. Al carecer de instrumentos de control del flujo de capitales, los gobiernos, sobre todo los de las naciones en desarrollo, son incapaces de planear con la certidumbre necesaria los orígenes y montos de los recursos que requerirán para sostener los rubros esenciales de la economía y, por tanto, se encuentran en serias dificultades para estudiar en dónde invertir para estimular el desarrollo o para responder a las necesidades básicas de la población.

Además, las autoridades de los países han visto severamente mermada su capacidad de fijar no sólo sus presupuestos, sino también el valor de sus monedas y están condicionados, por lo tanto, a las decisiones que se adoptan en el exterior, a los flujos incontrolados del capital especulativo y, en lo que respecta a las expectativas de los inversionistas, a las tendencias imperantes en el mercado mundial, regidas por la opinión --en ocasiones arbitraria-- de unas cuantas agencias de calificación de riesgo.

A esa limitación se agrega otra, provocada por el hecho de que la integración latinoamericana es incipiente y débil: la mayoría de las naciones del subcontinente --a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea-- dependen fuertemente de las importaciones provenientes de los países más industrializados y de la exportación de materias primas cuyos precios tienden a caer en los mercados mundiales, reduciendo con ello las fuentes de divisas, las actividades económicas nacionales y, por lo tanto, la generación de empleos y la recaudación de impuestos.

Para las economías latinoamericanas es evidente la necesidad de reforzar los mecanismos de compensación, cooperación e integración, para reducir su dependencia actual y potenciar su nivel cultural general, la investigación y el desarrollo. Igualmente importante es disminuir el impacto de la apertura total al mercado mundial sobre el empleo y la soberanía alimentaria, que se pierde al tener que importar la mayor parte de los alimentos. Además, para hacer frente a la cuantiosa exportación de divisas hacia los países económicamente más estables y a los movimientos febriles e incontrolados de los capitales especulativos, resulta necesaria la aplicación de medidas concertadas por parte de los gobiernos latinoamericanos para preservar la estabilidad de nuestras economías.

Por último, no debe pasar desapercibida una contradicción fundamental de la globalización económica: mientras los organismos financieros internacionales y los teóricos del libre mercado exigen a los países la reducción del déficit público, el control de la inflación y la aplicación de políticas monetarias y cambiarias restrictivas, los efectos del flujo incontrolado de capitales --una característica intrínseca, se supone, de la globalización-- impiden a cualquier gobierno el cumplimiento de estas medidas.

En este sentido, es importante que un organismo como el SELA exponga su diagnóstico, pues éste lleva implícitos remedios consistentes en la restructuración del sistema financiero internacional y en el establecimiento de normas transparentes y equitativas para el flujo de capitales.