Rechaza Gurría propuesta de remover a directivos de la CNBV

Roberto González Amador, Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť Sin irritarse, pero también sin dar paso al menor asomo de duda, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, salió ayer en defensa de quienes impulsaron el rescate bancario: si los removiéramos, ``cometeríamos una injusticia tan grave como las acusaciones infundadas que se les hacen. Estas personas son las que mejor conocen el procedimiento''.

Gurría salió así al paso de la exigencia del senador independiente Adolfo Aguilar Zínser de remover al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández, y al vicepresidente de ese organismo, Pedro Zamora, a quienes acusó de ``ser juez y parte''. Sólo acotó que están en marcha cien procesos legales relacionados con el rescate de la banca, que involucran a 116 altos funcionarios de subsidiarias de grupos financieros, entre ellos cinco presidentes de consejos de administración.

Aguilar Zínser fue más allá y dijo que los funcionarios de esa comisión ``están abusando de sus facultades y utilizando la información de la Comisión Bancaria para realizar actos presumiblemente intimidatorios que pudieran afectar aún más el ambiente político nacional''.

Al inicio de su comparecencia, citada para analizar el capítulo económico del Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, el secretario de Hacienda ofreció que se castigará ``con todo el peso de las normas vigentes a quienes hayan permitido la ilegalidad o irregularidad de las operaciones de saneamiento bancario'' instrumentadas por el gobierno desde septiembre de 1994.

La afirmación del secretario dio la pauta a Aguilar Zínser: ``Los funcionarios de la CNBV han sido señalados implícitamente por usted como el área posible de responsabilidades en este asunto. Por ello, no es procedente que la CNBV esté en manos de los mismos funcionarios, porque le quita objetividad al proceso de auditoría al rescate bancario, destruye la confianza que los legisladores pudieran tener en ese proceso y vicia el ambiente político''.

A la exigencia de la remoción de funcionarios, Gurría respondió que la idea de que pudiera existir un conflicto de intereses es ``una observación que no comparto. Cometeríamos una injusticia al solicitar que fueran removidos para que se pudiera llevar a cabo mejor el trabajo de auditoría, porque son precisamente quienes mejor conocen el procedimiento''.

La petición de renuncia no fue secundada por los senadores panistas, quienes hicieron vacío a sus correligionarios en la Cámara de Diputados, que la víspera exigieron la renuncia de Eduardo Fernández, así como la de Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México.

Irritado, el coordinador panista Gabriel Jiménez Remus eludió los cuestionamientos: ``Del Fobaproa no voy a hablar, no hay nada más que decir'', atajó molesto.

--¿Pero hay severas diferencias entre la posición de la dirigencia y los diputados panistas?

--No sé, que ellos hagan lo que quieran, nosotros nada tenemos que ver.

--¿Entonces, que ellos se hagan bolas?

--Pues sí. Esa es la Cámara de Diputados.

En tribuna, fue el connotado empresario Mauricio Fernández Garza -cabeza del grupo Domos-, quien fijó la postura del PAN. ``La iniciativa presidencial para transformar el Fobaproa ha creado un gran consenso, sólo que en su contra. Es difícil creer lo mal cabildeado que estuvo''.

El senador por Nuevo León dijo que la situación actual en torno a la banca en México es ``preocupante''. Aunque se solucione el Fobaproa, ``la compostura definitiva del sistema financiero será la factura parcial o total del tronido de 94. O sea que si ahora entramos a una recesión y de nuevo hay un quebranto del sistema financiero, estaríamos hablando del Fobaproa 2, 3, 4 u 8, con cargo a México para el próximo sexenio''.

La hipótesis de nuevos Fobaproas fue también asentada por la perredista Rosa Albina Garavito, quien sostuvo que el único rescate bancario legítimo es el que vaya a la raíz del problema e inyecte recursos a la economía, porque si de nueva cuenta se les dan a los banqueros, ``tarde o temprano iríamos a la edición de un nuevo Fobaproa, el dos, sabemos que con el objetivo de financiar de nuevo, de manera ilegal, la campaña priísta del 2000''.

En defensa de la postura gubernamental en torno al Fobaproa, Gurría desestimó cualquier relación con la sucesión presidencial. ``Dice usted -respondió a Garavito- que uno de los propósitos de este ejercicio es financiar la campaña del 2000. Esa afirmación no quisiera comentarla, quisiera simple y sencillamente rechazarla totalmente''.

Gurría defendió una y otra vez la actuación del gobierno en el caso Fobaproa, tantas veces como la oposición la cuestionó. Las medidas de emergencia -dijo- adoptadas a raíz del sensible debilitamiento del sistema bancario en 1995 ``implican un costo fiscal''; sin embargo, ``haber permitido la quiebra del sistema bancario hubiera implicado un costo mucho mayor, tanto para la población como para el fisco''.

En respuesta a la pregunta de por qué el Fobaproa absorbió créditos multimillonarios en vez de sólo los pequeños, Gurría declaró que en el proceso de saneamiento a través del fondo se intervino directamente en 14 de los 19 bancos que existían antes de la crisis, lo cual implicó tomar tanto sus activos como todos sus pasivos.

La postura priísta fue asumida por Rodolfo Becerril, quien sostuvo que la solución del Fobaproa está en la ``justicia legal, para lo cual es necesario concluir las auditorías e investigar pormenorizadamente las irregularidades, además de castigar conforme a derecho las corrupciones''.