En marzo de este año, según recuerdo, el Presidente del CEN del PRI se comprometió a convocar a la asamblea 18 antes de que finalizara 1998. Hace unas semanas, se dijo que se celebraría en el primer trimestre de 1999 y hace unos días se ha dicho que el candidato a la presidencia se definirá a finales del mismo año. Ante esto, es indispensable que el partido determine cuanto antes la fecha para celebrar la citada asamblea.

A cuatro años de iniciada una administración que prometió establecer una sana distancia entre el partido y la presidencia de la República, hay muchos asuntos que ventilar, entre ellos, precisamente, el del peso que tiene y el que debería tener el Presidente dentro de las decisiones del partido. Esta cercanía entre gobierno y partido, que en otros tiempos fue la mejor garantía de la existencia misma de la organización, se ha convertido para el segundo en uno de sus lastres más pesados. Esto trae varias y nefastas consecuencias, entre las que destaca la pérdida de la capacidad de interlocución. En efecto, cada vez con mayor claridad es posible observar que, para cuestiones de gran importancia, los partidos de oposición se dirigen al propio gobierno ignorando al PRI. La lógica de las oposiciones está cargada de una amarga verdad: ¿para qué hablar con el vocero si se puede hablar directamente con el jefe? Mucha de esta actitud opositora encuentra su explicación en la generalizada actitud priísta de esperar la ``línea'' del Ejecutivo. De muchas maneras hemos sido los mejores promotores de esta situación. Es indispensable que redefinamos la relación PRI-gobierno a la luz de las necesidades del partido.

Ligado con lo anterior, está el tema del método de selección del que será nuestro candidato a la presidencia de la República. Imposible referirse a este rubro sin mencionar los controversiales ``candados'' que dejara la Asamblea 17. El problema, sin embargo, no son los candados en sí, sino los métodos de selección. A este respecto, me atrevo a afirmar que la gran mayoría de los priístas preferimos métodos de selección abiertos, con todos los riesgos que esto puede conllevar. A favor de esta posición se han pronunciado varios priístas, con distinta credibilidad y prestigio, como los integrantes del grupo Galileo y de la corriente renovadora del partido, miembros de la dirección nacional empezando por el propio Palacios Alcocer y hasta gobernadores que de hecho se mencionan como precandidatos, tales como Miguel Alemán, Roberto Madrazo y Manuel Bartlett, mandatarios de Veracruz, Tabasco y Puebla, respectivamente. Hay, desde luego, voces opuestas a la idea de abrir la selección del candidato. Posturas que, me parece que sin razón, han argumentado el riesgo de fraude interno o división. Estas voces, algunas con buenas intenciones, pero la mayoría de manera oficiosa, seguramente se pronunciarían por seguir eligiendo al candidato por la forma tradicional, es decir, que lo nombre el Presidente. Para muchos priístas, la celebración de la asamblea es ya urgente. La sola preparación política y logística llevará meses. Por otra parte, salvo algunos elementos básicos como la capacidad probada del IFE, la elección del año 2000 no se parece a las anteriores, es terra incognita. Acudir a esa contienda inédita con fórmulas trilladas y candidatos impuestos puede ser suicida.

¿Qué relevancia tiene para la sociedad o para los que no son priístas la asamblea? Por el peso político que tiene el partido, por la cantidad de espacios de gobierno que detenta, por el número de votantes que logra atraer y por los cuadros que a lo largo de su historia ha formado, el tema de un PRI más comprometido con la democracia es sin duda relevante y puede ser incluso una buena señal. Esto se verá con más claridad a la luz de los resultados de dicha asamblea.

Sin lugar a dudas, los temas que se tocaran, entre otros muchos, serán o deberían ser: 1. tomar distancia del gobierno. Si éste no ha podido o querido distanciarse del partido, es hora de que la organización asuma la tarea de terminar con un maridaje caduco y, por conveniencia propia, proceda a sentar las bases para una nueva relación; 2. selección de candidatos, en especial el de la presidencia. La ley señala que los candidatos presidenciales deben renunciar con un mínimo de seis meses antes del día de la elección a cualquier puesto en la administración pública. Sería conveniente que en el partido les exigiéramos a los aspirantes renunciar un año antes con objeto de participar en un proceso de selección interna. Así, seis meses antes de la elección, contaríamos con un candidato presidencial producto de un proceso interno que, bien llevado, nos puede fortalecer; 3. tal vez sea necesario que la asamblea 18 proceda a una selección abierta de la dirección partidaria, mecanismo que puede ser la única manera de lograr que las decisiones que se tomen se obedezcan y evitar que la selección del candidato se manipule.

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