Fijan a Martínez Güitrón fianza de $700 mil; hoy podría quedar libre

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 24 de septiembre Ť El presidente y principal accionista del Grupo Sidek, José Martínez Güitrón, y José Manuel Gómez Gil, apoderado de sus empresas y su coacusado por el delito de defraudación fiscal, podrían obtener esta misma noche la libertad provisional bajo caución, mediante el pago de una fianza de 700 mil pesos cada uno que fijó la juez Xóchitl Guido Guzmán, quien en un plazo que vence el sábado 26 resolverá si dicta el auto de formal prisión.

Los indiciados, que fueron detenidos en la ciudad de México y recluidos ayer en el Centro de Readaptación Social de este puerto, presentaron este mediodía su declaración preparatoria en el juzgado segundo de distrito, por el delito de defraudación fiscal por un monto de un millón 926 mil pesos, relacionado con una de las empresas del grupo con domicilio fiscal aquí, Paraíso del Pacífico, que opera el hotel El Mirador.

La juez Guido Guzmán resolvió hoy en favor de la posición presentada por la defensa de los acusados, al determinar como base para fijar la fianza sólo el monto de las contribuciones presuntamente evadidas al fisco, por un millón 926 mil pesos. Resolvió también que cada uno de los detenidos tendrá que pagar esta última cantidad por concepto de reparación del daño. Por su parte el agente del MP pidió que la fianza fuera de 34 millones de pesos, que equivale al doble de la cantidad que no pagó al fisco la empresa, más actualizaciones, recargos y multas que suman 17 millones de pesos en esta querella.

El subprocurador de Procedimientos Penales B de la PGR, Alfonso Navarrete Prida, dijo por la tarde que ``en las próximas horas esperamos que se giren nuevas órdenes de aprehensión, en Jalisco y Nayarit, y quedan pendientes revisiones que está realizando el Sistema de Administración Tributaria para determinar si de estas auditorías hay otros quebrantos y por lo tanto nuevas querellas y nuevas solicitudes de ejercicio de acción penal''.

Señaló que se han consignado cinco averiguaciones previas más, por defraudación fiscal, iniciadas a partir de cinco querellas. El monto de lo defraudado al fisco, según la PGR, tomando en cuenta las cantidades evadidas en los seis casos -todos en 1995-, y las actualizaciones, multas y recargos, es de 106 millones de pesos.

Otra querella en Acapulco está relacionada con el hotel La Joya, tres en Jalisco que se refieren a las empresas Promotora Hotelera de Aeropuertos, Grupo Corporativo Sidertuc y Sierra Vallarta, en las que según la PGR se cometieron dos actividades ilícitas, ``porque en los pagos parciales del IVA el señor Martínez Güitrón y sus empresas y el apoderado que firmó materialmente estos pagos provisionales declaró haber pagado cantidades superiores a las que realmente pagó, y ahí hay una omisión de impuestos, y la segunda es que en su pago anualizado no declaró otras actividades que había realizado y que generaron omisión en el pago de impuestos'', dijo el funcionario.

Hay otra querella en Nayarit por defraudación fiscal presuntamente cometida en la empresa Sierra Paraíso. En su declaración preparatoria, Martínez Güitrón negó ser responsable del delito de defraudación fiscal. Explicó que en Paraíso del Pacífico ``efectivamente fui consejero y apoderado, pero en la que nunca tuve participación operativa o en la administración, ya que éstas estaban en administración profesional propia, con auditoría interna y externa de profesionales de reconocida capacidad en los que yo confiaba plenamente''.

En tanto, José Manuel Gómez Gil se negó a declarar. Los alegatos en el juzgado se centraron en si procedía o no la libertad bajo caución, y en el monto de lo defraudado.

El subprocurador Alfonso Navarrete argumentó que si se le deja en libertad provisional podría sustraerse de la acción de la justicia, en vista de que existen cuatro querellas más contra él, y probablemente esta tarde se dicten nuevas órdenes de aprehensión en Jalisco. Sin embargo, esto no fue confirmado.

Rafael Heredia Rubio, defensor de José Martínez Güitrón, dijo que su cliente no tiene ninguna responsabilidad en el delito de defraudación fiscal de que lo acusan la PGR y la Secretaría de Hacienda. Señaló que en casos como este, ``la PGR siempre opta por consignar y ejercer la acción penal contra el director y contra el presidente del consejo de administración de las empresas, es la manera de ejercer presión para el pago, pero indebidamente, porque la responsabilidad penal sólo compete a quien realmente participa en los hechos, y los presidentes de los consejos de administración generalmente en grupos tan grandes no tienen nada que ver en la operación, sino en el fijamiento de políticas generales de la empresa''.

Agregó: ``No admitimos a priori que la evasión haya existido, en el peor de los casos podría haber alguna irregularidad como hay en todas las empresas, alguna falta administrativa, o alguna diferencia o precisión de impuestos con la Secretaría de Hacienda, y sería responsabilidad del director de la empresa y de los contadores. Son empresas que tienen dictaminación contable, auditores externos; no son los dirigentes quienes elaboran la contaduría ni quienes hacen las declaraciones de impuestos, evidentemente las dan por buenas, consideran que los profesionistas que tienen contratados para esos efectos tienen la capacidad para hacerlo''.

Heredia Rubio y el también defensor Julio Esponda, en entrevista consideraron que no tienen argumentos para considerar que el caso tenga un fondo político relacionado con la aparición de este grupo empresarial en la lista de deudores del Fobaproa. Esponda señaló que ``Sidek es uno de los grupos privados más importantes no sólo de México sino de América Latina, y como todos los grupos tenía financiamientos bancarios, pero esos financiamientos han quedado saldados''.