Alejandro Nadal
Fobaproa: negociar la ilegalidad

¿Sabía usted que los pasivos del Fobaproa equivalen a 5.5 veces el capital contable del sistema bancario? Es como si el Fobaproa hubiera rescatado de la quiebra cinco veces seguidas a todo el sistema bancario de México.

Ahora bien, según la Ley de Instituciones de Crédito, todas las operaciones del Fobaproa requieren garantías plenas para restituir los apoyos. ¿Contra qué garantías pudo el comité técnico del fideicomiso autorizar operaciones superiores a 5.5 veces el capital contable de todos los bancos?

Ese es sólo un ejemplo de las violaciones a la ley en el caso Fobaproa. Además de la ruptura del mandato constitucional en materia de deuda pública, la lista de ordenamientos legales violados incluye la Ley de Deuda Pública, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y su reglamento, el convenio constitutivo del Fobaproa, y las reglas para calificación de cartera y reservas preventivas expedidas por la SHCP. En ese proceso se configuraron ilícitos tipificados en el Código Penal. Los responsables son altos funcionarios del Banco de México, del Fobaproa, de la SHCP, y de la CNBV y de la banca comercial.

Si la ilegalidad es evidente, ¿qué se está negociando entre los partidos políticos y el Ejecutivo en el Grupo de Alto Nivel? La respuesta es que el gobierno busca negociar niveles de ilegalidad.

La legalidad no puede ser objeto de una negociación porque es indivisible. Negociar a la baja los pasivos del Fobaproa que pasarían a deuda pública, no subsana los vicios jurídicos de las operaciones cuyo costo fiscal se busca reducir.

Es importante que los partidos entiendan que no existe una disyuntiva entre legalidad y eficacia económica. Al contrario, si se cae en la tentación de ``negociar'' niveles de ilegalidad, se provocará un mayor costo económico. Y si se restaura la legalidad, el costo económico disminuye notablemente y se logrará el saneamiento real del sistema bancario.

Aceptar la violación sistemática e impune de la legislación bancaria impide restablecer la confianza y credibilidad de depositantes, deudores e inversionistas en el sistema bancario. Se renuncia a un sistema regulador eficaz para la banca, y se entrega el control del sistema bancario a grupos de interés. No habrá saneamiento efectivo del sistema bancario. Por eso, una ``salida negociada'', avalando la ilegalidad, acarrea mayor inestabilidad y mayores costos fiscales.

En su afán de solapar corruptelas internas, el mismo gobierno olvida que la ilegalidad negociada implicará mayores dificultades para recapitalizar bancos con capital foráneo por la falta de certidumbre jurídica. Es más, la ilegalidad negociada implica despedirse del grado de inversión que otorgan las corredurías extranjeras y que tanto deseó el gobierno Salinas.

Los partidos políticos sentados hoy a la mesa de negociación con el Ejecutivo no deben olvidar lo anterior.

En especial el PAN debe medir cuidadosamente las consecuencias de un acercamiento con el gobierno para negociar la ilegalidad. En noviembre del año pasado el gobierno convenció al PAN de aprobar el presupuesto de 1998, sólo para sorprenderlo 45 días después con el primer recorte fiscal pues ese documento se basaba en estimaciones erróneas sobre ingresos fiscales. La negligencia gubernamental, y el fácil acomodo con las tesis oficiales, hicieron ver muy mal al PAN.

Ahora el costo para Acción Nacional sería mayor porque se entraría en el oscuro terreno de una negociación para aceptar la violación a la legislación vigente.

En un cambio de sus posiciones originales sobre el Fobaproa, el PAN parece ahora creer que los créditos fraudulentos que pasaron a ese fideicomiso son el único ilícito. En realidad, todas las operaciones del fideicomiso en las cuales se expidieron pagarés sin las garantías requeridas y por encima del tope de endeudamiento autorizado son ilegales. Las posiciones del PAN y PRD sobre este punto deben ser claras: o se acepta la tesis de la SHCP y se entra en su juego al margen de la ley, o se rechazan por estar basadas en la ilegalidad y se propone una solución alternativa al problema del quebranto del sistema bancario. Sobre este punto insistiremos en próximo artículo.

Los partidos políticos no deben olvidar que en toda negociación hay principios no negociables. En este caso, el orden constitucional y la legalidad forman ese terreno.