En octubre habrá resultados de la investigación de Carla del Ponte sobre Raúl Salinas
Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 23 de septiembre Ť Aunque se prevén varias opciones para la mejor presentación pública del resultado de la investigación judicial contra Raúl Salinas de Gortari, por parte del Ministerio Público de Justicia helvético, una cosa es segura: para mediados de octubre, la fiscal Carla del Ponte presentará la documentación a las autoridades competentes, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, confirmaron hoy a La Jornada varias fuentes oficiales.
Los cargos para juicio al hermano del ex presidente mexicano incluyen lavado de dinero, soborno de capos y de cárteles (ganancias hasta de 500 millones de dólares entre 1988 y 1994) y asociación criminal, según documentos periodísticos publicados entre el 24 de noviembre de 1995 y el 23 de septiembre de 1998, pues las fuentes consultadas hicieron hincapié en que ``no estamos, de ninguna manera, confirmando las informaciones publicadas por el periódico norteamericano The New York Times'', pues ``lo que se tiene que saber, se sabrá a mediados de octubre''.
Si la fiscal de hierro, Carla del Ponte, decide enjuiciar a Raúl Salinas con base en las conclusiones de las dos partes de la investigación iniciada en noviembre de 1995, aquella de la procedencia del dinero y la de la participación del propio prisionero de Almoloya, entregando el material suficiente y contundente al Tribunal Superior, con sede en Lausana, para que se inicie el juicio en su contra, dos hechos habrán de ocurrir: el de la confiscación de los 123 millones de francos suizos congelados en cuentas bancarias en Ginebra y Zurich y el del juicio mismo, para lo cual se requerirá la presencia de Salinas para defenderse de la imputación de delitos como lavado de dinero y asociación criminal, que le significarían, cada uno, no menos de 20 años de prisión.
``Suiza no tiene un acuerdo de extradición con México, pero ello no quiere decir que no se pueda hacer, es posible negociarlo'', dijo Dominique Raymond, nuevo vocero de la fiscalía suiza a La Jornada, confirmando que, de no ser ello posible, se mantiene lo dicho por la procuradora Del Ponte de que se tendría que llevar el expediente a México y abrirle juicio allá.
Ante la noticia de que, esta vez sí, Del Ponte estará presentando su informe criminal contra Salinas en octubre, las informaciones rumoradas confluyen en el reparto (sharing) de los bienes confiscados, que, en principio, pasarían a ser propiedad de la Confederación Helvética, tanto porque los bienes se encuentran aquí (aun si se le encuentra culpable, Suiza no puede confiscar bienes de Salinas ni en México ni en Estados Unidos), como por ser el que tiene el proceso penal. Así, México y Estados Unidos quedarían fuera de cualquier maniobra de sharing, aunque de hecho, todo puede pasar, sobre todo porque buena parte de ese dinero sucio procede de negocios en Estados Unidos.
Es normal que haya quienes piensen en el reparto de lo confiscado, afirmó Raymond, pues en investigaciones apoyadas jurídica y logísticamente por otros países involucrados en un affaire, ha habido repartos; con Estados Unidos hay un acuerdo de este tipo, no con México, aclaró el vocero de Del Ponte.
Sin embargo, el 28 de abril pasado, el subprocurador para asuntos internacionales, de la Procuraduría federal mexicana, Eduardo Ibarrola Nicolín, aduciendo estipulados de la Convención de Viena referentes al narcotráfico, afirmó que ``las cuentas, en Suiza, de un mexicano, quedan aseguradas para nuestro gobierno''.
Si Raúl Salinas es declarado culpable, no tiene ni voz ni voto sobre los bienes actualmente congelados; la confiscación, según las leyes suizas, no requiere su consentimiento.
Desafortunadamente las leyes suizas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico no son muy claras respecto a la fórmula para actuar en cuanto al reparto del dinero confiscado, pero en principio, si se confiscan por el Tribunal a petición de la Procuraduría, pasan a ser propiedad de la Confederación, nos dijo Raymond desde Berna, y añadió que si hay un acuerdo entre dos países, entonces se distribuye ese dinero confiscado entre ambos, según cuotas que deberán ser negociadas. Citó como el más reciente ejemplo el del affaire Arana del Nasser que involucró el reparto de 250 millones de francos, primero entre Estados Unidos y Suiza y luego entre la Confederación y dos de sus cantones.
Ahora, cómo cada país utiliza ese dinero que no esperaba recibir en sus arcas, es otro asunto, político sobre todo, abundó el vocero de la procuradora. Muchos son del sentir de que ese dinero de origen criminal, debería servir para mejorar los cuadros de combate al narcotráfico, otros pudieran pensar que es mejor destinarlo a cuestiones de desarrollo cuando la situación económica del país receptor es bastante mala, o para asistencia humanitaria si se requiere. En fin, queda a ese país decidir.
Por su parte, Víctor Schlumpf, portavoz del Departamento Federal de Justicia y Policía, interrogado sobre el mismo tema en Berna, afirmó que ``si bien existe una base legal, la del Código Penal suizo, para la confiscación de bienes producto de actividades criminales, no existe instrumento jurídico similar en lo tocante al reparto de los bienes confiscados''. Añadió sin embargo que ``la laguna jurídica será pronto cubierta, pues, como resultado de otra investigación del Ministerio Público, relacionada con la confiscación del dinero del narcotráfico del cártel de Medellín, el Departamento Federal está integrando una comisión de expertos que propondrá una fórmula que pueda servir de precedente''.
La base legal es la del Código Penal suizo, artículo 50, ``sobre confiscación de valores patrimoniales, en la que el juez puede dictaminar la confiscación de bienes patrimoniales como resultado de una infracción. El apartado 3 es preciso: el juez dictaminará la confiscación de todos los valores sobre los que una organización criminal ejerce un poder de disposición o de los valores pertenecientes a una persona que ha participado u apoyado a una organización criminal''.
El affaire Arana del Nasser, investigado entre Suiza y Estados Unidos, llevó recientemente a la confiscación de 250 millones de francos, ganancias ilícitas del cártel colombiano. Cómo proceder en el sharing en Suiza provocó la controversia sobre el reparto de 50 por ciento de ese dinero que le correspondió a la Confederación Helvética, entre la propia Confederación y los cantones involucrados, en este caso Vaud y Zurich. Aparentemente la negociación fue dura y finalmente se llegó a una decisión negociada por el consejero federal Arnold Koller y hecha pública el pasado lunes 21 de septiembre por la cual el reparto se hará con la fórmula de 20% para la Confederación y 40 por ciento para cada cantón.
La modalidad de ese reparto fue considerada por el Departamento Federal de Justicia y Policía como ``una solución política negociada entre la Confederación y los dos cantones y es únicamente válida en el cuadro del affaire Arana del Nasser, por lo que no deberá ni constituir un precedente ni cubrir el carácter insatisfactorio de la situación jurídica actual'', según el comunicado de la policía de este lunes pasado.
Como dijo Schlumpf a este diario, ``siempre se tendrá que negociar, caso por caso, la manera como se repartirán los bienes confiscados''. Así se ha visto desde que la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico Ilegal de Estupefacientes vio la luz en 1983 al aprobarse la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal y a partir de las reformas al Código Penal y a la Ley Federal sobre Estupefacientes para incluir este delito.
No hay en Suiza grandes historias de sharings o repartos de bienes confiscados por delitos de narcotráfico, aunque sí algunos con Estados Unidos, en septiembre de 1995 y otra en septiembre de 1993, de montos menores, aunque hay sin embargo grandes avances en lo importante de sus investigaciones. La historia más conocida antes que el affaire Salinas fue la conexión Líbano, filial de la conexión Pizza, sin quedarse atrás las investigaciones por las que se confiscaron los bienes de Mobutu, de Benazir Bhuto, de la familia Marcos... siendo la más actual de las investigaciones terminadas la llamada affaire Arana del Nasser.
Los dos puntos en litigio, aquel de cómo repartir bienes confiscados y el para qué utilizar esos bienes, serán temas principales de trabajo de una comisión de expertos creada por el Departamento Federal Suizo el 21 de septiembre pasado, bajo la presidencia de Peter Müller, subdirector de la Oficina Federal de Justicia, y en la que habrá representantes de todos los cantones suizos; dicha comisión será la que ``elabore una reglamentación legal aplicable a la repartición nacional e internacional de bienes confiscados y examine la posibilidad de que se identifique un objetivo preciso a la utilización de esos bienes''. Ni idea por ahora de cuándo estará lista.
No hay quinto malo
Esta vez es en serio, la entrega de la documentación del affaire Salinas a las autoridades judiciales (Tribunal Superior de Justicia de la Confederación, con sede en Lausana) se hará pronto y ello se dará a conocer a mediados de octubre.
Aparentemente se prepara todo un folletón, con rueda de prensa, documentos a la mano y acceso a todos, incluyendo a los abogados de Raúl Salinas; habrá un anuncio, con tiempo para permitirle a la prensa desplazarse a Berna y la procuradora Del Ponte podrá incluso destinar unos 30 minutos a responder preguntas.
Esta es, si se quiere, la reacción de la Procuraduría a la infiltración informativa de las 369 páginas del informe de Del Ponte sobre el affaire Salinas al periódico The New York Times y publicada a fines de la semana pasada desde la ciudad de México por el corresponsal Tim Golden.
Así han sido las reacciones en el pasado. A una infiltración, Berna responde con el anuncio de que el informe está listo para ser presentado a las autoridades competentes. Así ocurrió en julio pasado en que el Ministerio Público suizo no hizo comentarios a la carta enviada por el sospechoso de delitos penales, Raúl Salinas, a la procuradora Carla del Ponte, en la que la acusa de ingenua, de parcialidad, de someterse a los intereses políticos de Estados Unidos, etc., sino que escuetamente anunció que el informe sería hecho público en agosto y el propio funcionario encargado de la investigación policiaca, Valentín Rosacher, indicó días antes, el 16 de julio, que ``tenemos pruebas de que Raúl Salinas sí recibió dinero de los narcos que distribuyen la cocaína en Estados Unidos como consta en el informe de la policía actualmente terminado'', dejando en manos de Del Ponte la decisión del próximo paso.
El 17 de julio, la procuradora decidió postergar la presentación del informe, a petición de los abogados de la defensa que pidieron más tiempo para examinar la documentación.
El 24 de abril el Tribunal Federal de Justicia reveló que Estados Unidos denunció ante esa instancia que Raúl Salinas recibió sobornos para garantizar el paso de la droga, principalmente cocaína, sobre territorio mexicano.
En enero de este año, concretamente el 22, Del Ponte afirmó a La Jornada: ``sí es dinero del narcotráfico'' el encontrado en las cuentas bancarias en Suiza del hermano del ex presidente mexicano, procedente en buena parte de las redes de capos en Estados Unidos, y aseguró ``tener pruebas suficientes, fehacientes y convincentes contra Salinas'' como incurrente en delitos mayores, pues se tenían ya todas las pruebas de que su dinero en Suiza provenía del narcotráfico, especialmente de sobornos para franquicia de cocaína de México a Estados Unidos, distribución de cocaína en México y Estados Unidos y asociación con cárteles de drogas.
En ese entonces, Del Ponte nos dijo que ``las dos partes del proceso procuratorio han terminado a nivel de investigación'' y que en marzo lo haría público.
En febrero concedió a la defensa el derecho de vista (droit de regard) y por lo tanto el informe ya no fue presentado.
La primera ocasión en que el Ministerio Público reveló formalmente que del informe judicial contra Salinas se desprende que tiene conexiones con el tráfico de cocaína fue el 11 de diciembre de 1997; aseguró entonces que el informe sería hecho público ``muy pronto''.
A una pregunta de La Jornada sobre el contenido del informe, la fiscal Del Ponte respondió (enero) que ``la Procuraduría no está solamente para poner a la gente en la cárcel o hacerla condenar, estamos sobre todo para investigar la verdad''. La verdad y toda la verdad, si es cierto que ``no hay quinto malo'' se sabrá en octubre, y Del Ponte podría mostrar a quienes la han acusado de parcialidad y servir a intereses políticos ajenos a Suiza que ``quien ríe al último ríe mejor''.