La detención e imputación por fraude fiscal del accionista mayoritario del Grupo Sidek, José Martínez Güitrón, y del presidente del consejo de administración de ese emporio, José Manuel Gómez Gil, no puede verse como un hecho aislado del proceso de concentración y crecimiento de grupos empresariales durante el sexenio pasado y de su rescate -por medio del Fobaproa, a fin de cuentas- en la administración presente.

Cabe recordar que el Grupo Sidek fue el primer gran conglomerado empresarial que se declaró en suspensión de pagos, en 1995, a consecuencia de la crisis económica que se desencadenó en diciembre del año anterior.

De acuerdo con la lista divulgada el mes pasado por Andrés Manuel López Obrador, la voluminosa deuda bancaria del Grupo Sidek -unos diez mil millones de pesos, actualmente- se encuentra entre las que fueron transferidas al Fobaproa y forma parte, en consecuencia, de los más de 500 mil millones de pesos que las autoridades económicas pretenden convertir en deuda pública.

Ayer, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda informaron, de manera conjunta, haber descubierto que el holding de Martínez Güitrón declaró, durante 1995, ingresos menores a los realmente percibidos, lo que se tradujo en una evasión de impuestos por más de 106 millones de pesos.

En la medida en que los impuestos se aplican a las ganancias, la acusación contra Martínez Güitrón y su socio obliga a preguntarse si, tras las pérdidas astronómicas declaradas por el conglomerado empresarial, no se ocultaron ganancias de manera ilícita.

El episodio tiene como conclusión lógica la imperiosa necesidad de profundizar las investigaciones en torno de las operaciones efectuadas por el Fobaproa, e induce a fortalecer las sospechas en el sentido de que ese mecanismo de rescate bancario ha sido, en realidad, una tapadera de fraudes multimillonarios que ahora se pretende saldar trasladando los faltantes al erario público.

Con el inicio de procesos legales contra Martínez Güitrón y Gómez Gil, suman ya cinco, entre los grandes empresarios que han visto trasladadas las deudas de sus compañías al Fobaproa, que son acusados de actos ilícitos diversos, si se considera a los banqueros Carlos Cabal Peniche, Jorge Lankenau y Angel Isidoro Rodríguez.

No es fácil entender, sin embargo, que ninguno de los funcionarios que en su momento tuvieron la responsabilidad de supervisar la legalidad y la regularidad de las empresas correspondientes haya sido objeto de imputaciones administrativas o penales, y ni siquiera de una investigación exhaustiva.

Para los asalariados, profesionistas, pequeños empresarios y otros ciudadanos comunes, que deben enfrentar las rigurosísimas medidas de control y coerción empleadas por la Secretaría de Hacienda, resulta increíble que el dueño y el administrador de Sidek hubiesen podido escamotear a la supervisión de esa dependencia -si no hubiesen contado con complicidades internas en la administración pública- cientos o miles de millones de pesos.