Luis Javier Valero Flores
Matar en la sierra

El teniente coronel de infantería, Vázquez Saavedra, buscó en su oficina al presidente seccional de Baborigame: ``Quiero que les diga (a los vecinos del pueblo) que ya no habrá patrullajes, ni revisiones. No queremos problemas. Si los familiares del muerto o alguien del pueblo quieren violencia, no nos quedaremos callados. Habrá respuesta. El responsable está detenido y se le sigue proceso de acuerdo con la ley...''

Mirey Trueba, joven ranchero del municipio de Guadalupe y Calvo, en la sierra Tarahumara, nunca imaginó que el paseo en camioneta realizado por él, un amigo y su hermano, por el centro del poblado de Baborigame sería el último. El 22 de agosto cayó acribillado por las balas de una metralleta accionada por el teniente coronel Luis Raúl Morales Rodríguez, que en calzoncillos deportivos, y a la medianoche, encabezaba a un grupo de soldados que patrullaba la población.

Los Trueba y su amigo fueron detenidos por los militares; asustado, Mirey corrió desobedeciendo las órdenes de Morales, quien le disparó por la espalda. Murió desangrado sin que los soldados permitieran el auxilio médico al herido. Estos, además, intentaron ``sembrarle'' un arma para que el oficial alegara defensa propia.

El general Alfonso Hernández Morales, jefe de la quinta Zona Militar, declaró que Mirey había caído en un retén instalado fuera del poblado, lo acusó de ser narco y, tratando de justificar la acción delictiva, caracterizó a la familia Trueba de muy conflictiva y que algunos de sus miembros tenían órdenes de aprehensión por ejecutar. Presuroso, ordenó la agilización de los trámites para trasladar a Morales al puerto de Mazatlán, ya que al ``estar en servicio'' debería ser juzgado por la justicia militar.

Así completó el cuadro el comandante: un sospechoso que huye, ``desobediente'', a medianoche y con antecedentes familiares delictivos ¿Para qué son las armas, pues?

No sólo la instalación de retenes y el patrullaje militar violan los ordenamientos constitucionales. Erigidos en policías, investigadores, fiscales, jueces, autoridades civiles y militares, los altos jefes del Ejército violan la ley a ciencia y paciencia de los gobernantes locales. Y cuando existen hechos delictuosos que involucran a ``paisanos'', en otra abierta violación jurídica, determinan que deben ser juzgados por los tribunales militares.

Transcurridos ya más de 25 años de presencia militar permanente en esta región, los índices delictivos no sólo no disminuyeron; adquieren, incluso, niveles de burla: A unas horas de realizarse la más reciente visita de Ernesto Zedillo a Guadalupe y Calvo -el 14 de agosto- a escasos metros del acto presidencial se encontraron algunas matas de mariguana.

Venciendo su miedo, los familiares de Trueba, vecinos y autoridades del pueblo, denunciaron que el asesinato ocurrió en el centro del poblado, que los soldados impidieron la ayuda médica y que Mirey era un joven sin antecedentes criminal y, al igual que la diócesis de la Tarahumara, exigieron la salida del cuartel militar ubicado en el centro de Baborigame.

Los elementos de cualquier ejército se adiestran para enfrentar y eliminar al enemigo. No están preparados para prevenir el delito, una vez enviados los militares a una acción, su objetivo es matar al contrario. Es la vida propia o la del otro. Quien desobedece una orden es objeto de medidas disciplinarias. Muy tarde lo supo Mirey Trueba.

A pesar de las protestas de la población, de los organismos derechohumanistas y de la diputación permanente del Congreso local, las autoridades militares insistieron en que el delito era un asunto de su ámbito.

No sólo desoyeron las numerosísimas protestas de la población. A raíz del asesinato de Rafael Muñoz Talavera, el comandante de la quinta Zona Militar anunció que el Ejército estaba preparado para patrullar Ciudad Juárez, ``estamos listos para intervenir en cuanto el gobernador lo solicite''.

Correo electrónico: [email protected]