Acusarán de daño moral a las violadas en Tláhuac

Humberto Ortiz Moreno Ť Para los abogados de los 15 policías acusados de violación, las tres jovencitas no son víctimas sino, simplemente, presuntas ofendidas y, por ende, anticipan que a lo mucho en cinco meses habrán presentado pruebas suficientes para que sus clientes sean puestos en libertad.

A su juicio, no hubo violación ni abuso sexual ni nada parecido en el destacamento 18 del Agrupamiento a Caballo de la Secretaría de Seguridad Pública, en el poblado de Santa Catarina.

Y más aún, en virtud del daño moral que las muchachas han provocado a los uniformados y sus familias, por motivos cuyo fondo ``tratamos de descubrir'' --según el litigante Carlos García López--, es posible proceder penalmente contra ellas.

En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Jorge Rodríguez y Rodríguez, visitó el Reclusorio Preventivo Norte, justo cuando ocurría una diligencia más del caso, y aseveró que toda irregularidad durante la audiencia del pasado viernes por la noche y primeras horas del sábado en el juzgado 47 penal, la titular debió asentarlo en actas como infracción a la ley.

No obstante, no quiso prejuzgar en el asunto y remarcó que en procesos por violación la ley autoriza a llevarlos a cabo con discreción y confidencialidad en apoyo a las víctimas.

Al cabo de la diligencia dentro del periodo de desahogo de pruebas, el abogado García López afirmó que las contradicciones en que cayeron las menores de 13 y 15 años de edad, durante la audiencia del viernes pasado que culminó en las primeras horas del sábado, tendrán efectos jurídicos definitivos ``que nos acercan a una próxima libertad por desvanecimiento de datos de las imputaciones''.

Ayer comparecieron como testigos dos policías compañeros de los 15 uniformados procesados: Gerardo Velázquez Mijangos, quien fuera también aprehendido en principio y finalmente liberado porque las jovencitas no lo identificaron, y Rigoberto Gadiño Vences, acompañado por una abogada que fue retirada por la juez María del Refugio Méndez Hernández al no haber motivo para que estuviera allí, pues su cliente no estaba en calidad de indiciado.

Les preguntaron detalles precisos de las características del cuartel de Tláhuac y apenas pudieron exponerlos.

Por el juzgado apareció Alfonso González Cid, abogado de la Secretaría de Seguridad Pública, en previsión de que no ocurriesen omisiones que pudiesen propiciar un citatorio para Alejandro Gertz Manero.

Otro cambio fue que la Procuraduría de Justicia capitalina nombró nuevo Ministerio Público en el juzgado, otra mujer: Patricia Valladares.

En este marco, los defensores de los 15 policías tuvieron un alterado con la juez. Cuestionaron a la funcionaria por actuar más como fiscal que como juzgadora, a lo que ella replicó enérgica que su obligación es esclarecer la verdad. Como los licenciados insistieron, machacones y nerviosos, Méndez Hernández amagó con desalojarlos del recinto judicial.

Por lo demás, los dos uniformados testigos no aportaron mucho. Es más, Velázquez Mijangos ni siquiera fue capaz de reconocer por nombre a sus compañeros de destacamento.

No obstante, admitió que sí entraban mujeres al cuartel y las vio varias veces. A Edith, la mayor de 18 años, la ubicó 20 días antes en el destacamento de Tláhuac. Dijo que iba a preparar de comer, pero no atinó a identificar a la persona que la contrataba para tal servicio. El otro no sabe nada.

Ante esto, el abogado García López descalificó incluso el examen ginecológico practicado a las jovencitas: ``No arrojan nada ni acreditan nada de lo que dicen. Simplemente son los primeros exámenes y no se les considera definitivos...''

Y remacha que ``la desgracia para los oficiales se va alejando'' y ahora ``ya no hablamos de 40 a 50 años de sentencia, sino de en qué tiempo van a salir...''