Gutiérrez Oropeza y Hernández Toledo, entre los que dieron órdenes
María Esther Ibarra Ť En la búsqueda de la verdad sobre la masacre del 2 de octubre de 1968, hoy como ayer, quienes participaron y ahora intentan -por distintos caminos y formas- mantener vivo y reivindicar el movimiento estudiantil de ese año, reeditan sus visiones opuestas e irreductibles en torno de los sucesos trágicos que durante 140 días, hace 30 años, sacudieron al país.
Ya sea entre los propios líderes más destacados o conocidos del Consejo Nacional de Huelga (CNH) -polarizados en los grupos La Nave Va y el Comité 1968-1998- o las llamadas bases o activistas que les increpan y reclaman ostentarse el derecho de ser los únicos para debatir sobre el movimiento, un aspecto central, entre otros muchos, los ha enfrentado: conocer la verdad del por qué de la desmesurada represión del gobierno el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
En la euforia que, en propios y extraños, ha despertado la conmemoración de los hechos aciagos del llamado octubre negro, foros no les han faltado para dirimir sus desacuerdos respecto de la exigencia a que el gobierno abra los archivos o entregue la información sobre el movimiento del 68, en particular de las secretarías de la Defensa Nacional y Gobernación.
Raúl Alvarez Garín, ex representante de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN en el CNH e integrante del Comité 1968-1998, asegura que no buscan venganza, sino deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de la represión; pero en particular que el gobierno aclare la actuación del Ejército en la masacre estudiantil. Explica: ``De ser cierto lo que declaró Luis Gutiérrez Oropeza (el entonces jefe del Estado Mayor en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz), de que los hechos de Tlatelolco ocurrieron porque ellos (la Secretaría de la Defensa) tenían información de que los estudiantes pretendían tomar con unidades armadas la Secretaría de Relaciones Exteriores, para provocar un conflicto internacional y propiciar una intervención militar extranjera, por qué no rodearon con tanquetas el edificio de la cancillería. En lugar de esto, decidieron masacrar a los estudiantes, y esto lo tiene que explicar el gobierno o quienes decidieron ejecutar esa acción''.
Abunda: ``Debe haber un documento en el que Gutiérrez Oropeza confirme que recibió ese informe de Inteligencia Militar de parte de algún organismo o de alguien. Y no sólo eso: en el Ejército tuvieron que valorar y determinar la confiabilidad o no de ese tipo de información, lo cual también se hace por escrito''.
-¿De qué le va a servir al país?
-Todo esto sirve porque en estos momentos estamos ante un juicio histórico muy claro: el gobierno mexicano al haber utilizado al Ejército cometió un crimen en Tlatlelolco. La responsabilidad personal de los distintos actores se debe determinar. Para quienes ya fallecieron, el juicio es histórico-político, y para quienes viven puede ser penal.
Para Raúl Jardón, quien representó a la preparatoria 2 de la UNAM en el CNH y es actual miembro del Frente Zapatista de Liberación Nacional, el acceso a la documentación oficial es un punto importante, pero no central. ``Aparte de las claves que podamos encontrar para saber bajo qué argumentos actuó el gobierno, la utilidad es política para el movimiento popular actual. Primero, porque si en aquel entonces el gobierno nos acusó de comunistas y se comprueba que no era así, evidenciará que el poder utiliza cualquier pretexto para justificar la represión. Y dos, porque sentará un precedente para, por ejemplo, en adelante se demande abrir los archivos de los crímenes de Aguas Blancas, El Charco y Acteal''.
De otra manera -dice Jardón- no se explica la negativa del gobierno y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de proporcionar información o abrir los archivos oficiales, ``toda vez que es obvio que no les afecta en lo personal a los gobernantes, incluido a Zedillo''.
Ambos ex líderes estudiantiles consideran que a lo mejor no se encuentra un documento que demuestre quién disparó, pero sí la documentación oficial de las disposiciones y órdenes administrativas, todos los documentos que se producen normalmente cuando hay acciones militares.
Normalmente -abunda Alvarez Garín- ``hay planes operativos cuando interviene el Estado Mayor'' de la Sedena, en los cuales ``un jefe de un batallón recibe las órdenes por escrito.
-A 30 años ¿prescribieron o no los delitos que se les pudieran imputar a quienes aún viven?
-Eso depende de en qué marco de referencia se haga. En la legislación internacional no prescribe el genocidio y hay consideraciones de que delitos graves de violaciones a derechos humanos se juzgan por analogías con disposiciones internacionales, porque en México nunca se ha hecho un juicio por genocidio. Asimismo, en el país hay jurisprudencia y retroactividad bajo consideraciones de interés público y el caso de Tlatelolco lo es''.
Prácticamente -señalan- está concluido el tiempo para que abrieran los archivos, y el problema es que no responden nada a los legisladores que, desde marzo o abril, solicitaron un solo documento: la relación de los documentos que tengan relación con el 68 y que estén sus archivos. Por más que se niegue -concluyen- es imposible que hayan desaparecido los rastros de los hechos del 2 de octubre.
La controversia de los archivos
De manera formal, en 1993, en ocasión de los 25 años del 68 y después de varios intentos por esclarecer la masacre, se integró la llamada Comisión de la Verdad, integrada por una veintena de intelectuales, artistas, periodistas, escritores. Sus objetivos: acceso a los archivos gubernamentales, políticos y policiacos; recopilar los testimonios para buscar evidencias y deslindar responsabilidades acerca de la matanza estudiantil; analizar la validez de los procesos judiciales a los encarcelados del 68 y elaborar listas de los muertos, cuyo número aún se desconoce.
Desde ese año, la comisión solicitó acceso a los archivos de 21 dependencias oficiales vinculadas a la tragedia. También envió 60 cartas a ex funcionarios y ex militares que participaron en los acontecimientos. Encabezaba la lista Luis Echeverría, quien en 1968 fungía como secretario de Gobernación, el general Alfonso Corona del Rosal (ex regente capitalino) y los generales José Hernández Toledo y Crisóforo Mazón Pineda, encargados de la operacióm militar en la Plaza de las Tres Culturas. Todos ellos funcionarios del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Los principales objetivos de la comisión no prosperaron. Ninguno de los funcionarios respondió a su misiva y su demanda de acceso a los archivos fue cancelada por la entonces directora del Archivo General de la Nación, Leonor Ortiz Monasterio, quien arguyó que por razones de ``seguridad nacional y de protección a los ciudadanos'' la documentación sobre el 68 no podría ser consultada sino pasados 30 años, por ser una regla internacional que preserva la privacidad de los archivos durante ese lapso.
La comisión se desintegró al concluir sus funciones con la entrega -en diciembre de 1993- de un informe, con testimonios y documentación que pudo recopilar entre los sesentaiocheros, familiares de éstos y personas vinculadas al movimiento. Logró integrar una lista de 35 personas muertas en la masacre.
Con similares propósitos, en octubre del año pasado se conformó la Comisión Investigadora del Caso 68, integrada por ocho legisladores de los partidos representados en la Cámara de Diputados. Retomó la demanda de exigir el acceso a los archivos oficiales o en su caso la entrega de la información referente al movimiento estudiantil. También enfocó sus acciones a entrevistar a ex funcionarios de las dependencias gubernamentales involucradas y a recabar los testimonios de los ex líderes del 68.
A la propuesta de la comisión legislativa, se sumó el Comité 1968-1998, que el 21 de julio pasado publicó un desplegado de prensa -con más de 500 firmas- para exigir la documentación oficial y la apertura de los archivos gubernamentales. Para los promotores de esta demanda, la masacre constituyó un crimen de Estado, previamente planeado por las más altas autoridades del país en el ejercicio de sus funciones públicas, desatado con sorpresa y ejecutado fría y cruelmente.