Las tormentas que sepultaron vidas, poblados y siembras en la costa y sierra chiapanecas revelaron, también, el entramado de las relaciones de poder en la entidad. Las lluvias que dañaron gravemente la infraestructura de la región más rica del estado borraron, además, el maquillaje con el que se buscaba embellecer la democracia bárbara del sureste.

Sobre el desastre natural y el inducido ha crecido la militarización en el estado. En la zona de emergencia, al igual que en la zona de conflicto, autoridades militares prevalecen sobre las autoridades civiles. La presencia del Ejército se desparrama ya sobre la casi totalidad. Por cada soldado destacado para atender a los damnificados por las inundaciones existen cuatro para cercar a las comunidades indígenas rebeldes.

A diferencia de la parálisis e invisibilidad con la que Miguel de la Madrid enfrentó los sismos de 1985, el presidente Zedillo ha visitado la entidad en cinco ocasiones en menos de dos semanas y ha desplegado un intenso activismo. La figura presidencial ha opacado la del por sí nunca reluciente gobernador interino de la entidad, Roberto Albores, quien, en medio de fuertes impugnaciones, ha sido relegado a desempeñar el papel que desde un inicio se le asignó: ser el encargado del despacho del Ejecutivo estatal designado por el Centro.

El Presidente de la República ha ocupado su tiempo no sólo en supervisar los trabajos de rescate sino en comprarse nuevos pleitos con viejos adversarios. Primero descalificó el trabajo de las organizaciones civiles en general y de la Cruz Roja en particular. Después arremetió en contra del dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Ambos ataques, además de absurdos en una situación de emergencia como la que se vive en Chiapas, evidencian la desesperación de un hombre aislado, y la animadversión con la que enfrenta las acciones y opiniones de otros actores políticos y sociales.

La atención a la población afectada por desastres naturales (y su prevención) es responsabilidad gubernamental. La solidaridad y la filantropía que animan el trabajo de las organizaciones civiles en las tareas de rescate y apoyo a los damnificados son un plus en una tarea que no está contemplada en los mandatos de la mayoría de ellas. El que estas organizaciones tengan ante la población y la opinión pública internacional mayor credibilidad que el gobierno mexicano es un hecho que difícilmente podrá ser remontado por las críticas del jefe del Ejecutivo.

En el fondo de esta querella se encuentra la disputa por cuantificar la magnitud del desastre, la denuncia del uso que el PRI ha dado a la ayuda humanitaria de cara a las próximas elecciones locales y el debate sobre la posposición de éstas. Los afanes oficiales por minimizar el número de muertos y la dimensión de la tragedia se han topado con la amplia documentación que los medios de comunicación han hecho de la catástrofe. Al lado de los llamados presidenciales a no politizar las tareas de rescate cientos de testimonios dan cuenta de la presión sobre los afectados y los desvíos de recursos a manos de funcionarios del gobierno del estado para garantizar el voto a favor de su partido en una región en la que la oposición tiene una fuerza significativa. La intención gubernamental de realizar los comicios locales el próximo 4 de octubre, o de posponerlos sólo en unos cuantos municipios, choca con el señalamiento que el PRD, el senador Pablo Salazar e importantes sectores de la Iglesia católica y la opinión pública han hecho sobre la falta de garantías para celebrar elecciones libres y justas en la entidad en la fecha establecida. Para Albores Guillén es fundamental que los comicios se realicen ya: desde que fue designado los ha preparado para dotarse de una red de relaciones políticas propias y procurarse un poco de legitimidad.

El reciente drama chiapaneco ha desnudado las relaciones de poder en la entidad. Al lado del dolor por la pérdida de familiares, vecinos y bienes los que sobreviven han tenido que padecer lo que el resto de los chiapanecos de otras regiones viven: la militarización, el centralismo, la antidemocracia y el clientelismo político.

En el Soconusco coexiste una larga tradición separatista con el crecimiento de la oposición política partidaria. Con estos ingredientes, no se requiere de mucha perspicacia para imaginar los efectos políticos que el desastre tendrá entre su población.