Conforme se acerca el 30 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, crece en el país el clamor para que se esclarezcan los muchos puntos oscuros que aún persisten -a pesar de los incontables materiales publicados y difundidos- en torno de ese trágico suceso. Partidos políticos, organizaciones civiles, legisladores y ex participantes en el movimiento estudiantil de hace tres décadas, han venido reclamando que las autoridades civiles y militares den muestras de voluntad política para poner a disposición de la sociedad los materiales documentales que permitan, a su vez, avanzar en ese esclarecimiento indispensable.

Una voz destacada en medio de ese clamor es la del jefe del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, quien se refirió, ayer, al silencio -o la evidente insuficiencia de las declaraciones- por parte de ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, entre ellos el que fue su secretario de Gobernación, el ex presidente Luis Echeverría, así como el ex jefe del Estado Mayor Presidencial, los ex procuradores de la República y del Distrito Federal y el ex titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad.

Más allá de la responsabilidad general por la matanza, asumida en su momento por el propio Díaz Ordaz, los ex funcionarios señalados po-drían aportar datos que permitieran reconstruir la forma precisa en la que actuaron las altas esferas del poder público en aquellos días aciagos, sobre las consideraciones y criterios que las llevaron a cometer un asesinato masivo y sobre las razones por las cuales los organismos encargados de procurar justicia se olvidaron de los victimarios y castigaron a las víctimas.

El afán por hacer del conocimiento público los factores mencionados no tiene por objeto sancionar penalmente a nadie, así sea porque las responsabilidades delictivas correspondientes prescribieron hace ya tiempo, según lo establece el Código Penal. La sociedad exige conocer las circunstancias en las que fueron tomadas las decisiones que provocaron la matanza para saldar una deuda del país con su propio pasado y para evitar que una situación semejante pudiera llegar a repetirse.

El esclarecimiento es importante también porque, como lo señaló Cárdenas, la nación debe exonerar a sus instituciones -la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, el Ejército, las procuradurías, las corporaciones policiales, entre otras- de un lastre histórico que han venido cargando a lo largo de estas tres décadas y que debería ser asumido por quienes tomaron las determinaciones correspondientes, o las acataron, muchos de los cuales están vivos y tienen nombre y apellido.