Fin a la discordia Ejército-sociedad por el 68: Cárdenas

José Galán y Alma E. Muñoz Ť Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano convocó ayer a terminar con el enfrentamiento que desde el 2 de octubre de 1968 existe entre las fuerzas armadas y sectores importantes de la población del país -por las visiones encontradas sobre la masacre estudiantil-, mediante la apertura de los archivos y el testimonio de actores civiles y militares directamente involucrados en los hechos.

Esto permitiría, dijo, el esclarecimiento de la ``responsabilidad directa'' de quienes impartieron las órdenes a soldados profesionales que cumplieron con la institución. ``Ha sido injusto que el Ejército cargue, desde esa fecha, con las responsabilidades de la masacre'', ya que, como institución, ``las fuerzas armadas no tuvieron ninguna responsabilidad''.

Sostuvo que las muertes y la represión en la Plaza de las Tres Culturas se dieron por la decisión del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz; el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Luis Gutiérrez Oropeza; del general José Hernández Toledo, comandante de la operación militar en Tlatelolco ``y eventualmente por otros funcionarios civiles y militares, que también tenían nombres y apellidos''.

Como heredero del general Lázaro Cárdenas del Río, ``como hijo de un militar, mi apreciación es que durante todo ese tiempo se ha tratado de manera injusta al Ejército Mexicano'', dijo en entrevista luego de hacer públicas sus reflexiones en el discurso de inauguración del ciclo ``México, 30 años en movimiento: 1968-1998'', ante cientos de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que en su inmensa mayoría no habían nacido en 1968, y del rector Enrique González Torres, sacerdote de la Compañía de Jesús.

En su mensaje recordó a todos que ``no estaríamos aquí hablando si esta nuestra capital y el país entero no hubieran sido sacudidos hasta lo más profundo por la terrible masacre de esa fecha'', hecho que llamó la culminación de ``un largo proceso de desviaciones y claudicaciones de los compromisos de la Revolución Mexicana: la negación de la reforma agraria, la consolidación de la corrupción y el corporativismo en la dirección del movimiento obrero, el sometimiento de la soberanía del país'', factores que, sin embargo, dieron pie al proceso de la apertura democrática en México, aún sin concluir.

A continuación, el texto íntegro del discurso del jefe de gobierno de la ciudad de México:

Las aportaciones al cambio social y la proyección al futuro

Agradezco a la Universidad Iberoamericana la distinción de que me hace objeto, al darme la oportunidad de participar en este ciclo de pláticas ``México, 30 años en movimiento'' y hacerlo, precisamente, en esta sesión de inicio de una serie de reflexiones que abren la posibilidad, en esta comunidad cultural, de rememorar lo que han sido para nuestro país estas últimas tres décadas, de cómo ha cambiado en esos años, de lo que en ellas se ha aportado en la política, en la cultura, en la evolución de la sociedad, para el presente y lo que todo ello se proyecta todavía hacia el futuro.

No estaríamos aquí hablando de estos últimos 30 años si ésta nuestra capital y el país entero no hubieran sido sacudidos, hasta lo más profundo, por la terrible masacre del 2 de octubre de 1968.

Uno era, sin duda, el México de antes de aquella sangrienta fecha; otro ha sido después.

Lo que sucedió en Tlatelolco nos marcó y nos sigue marcando a todos. Con diversas interpretaciones, con posiciones distintas sobre los sucesos, nadie queda indiferente ante ellos y, según cada quién los vea, se define con claridad una actitud política.

Todo acontecimiento histórico o social, toda situación política, tienen antecedentes en hechos del pasado con el que se relacionan en forma directa, a veces con mayor, a veces con menor intensidad.

El México de hoy, que se abre paso, aun enfrentando fuertes resistencias, a la edificación democrática; con un intenso debate político, con una vida partidaria que se diversifica y tiene cada vez mayores presencias; con una sociedad que, no sin dificultades, va organizándose cada vez mejor y ganando su derecho a participaciones cada vez más amplias y diversas en la vida pública, no puede explicarse sin reconocer como uno de sus antecedentes principales al movimiento social del 68 y lo que éste aportó con un enorme sacrificio de vidas jóvenes; con la privación de la libertad, por años, de centenares de jóvenes y también de luchadores políticos; para abrir las mentes y renovar las ideas, para traer nuevas luces y romper viejos anquilosamientos; para ver el mundo en forma distinta, para entender que la sociedad cambiaba y debía cambiar; para recuperar rumbo e identidad como pueblo que aspira a una vida soberana; para rescatar reconocimiento y respeto a los derechos de la gente, para recuperar valores éticos, para dar garantía al reclamo popular frente a las violaciones y los atropellos a derechos y a las leyes; para romper mitos y desacralizar el trato con personajes de la vida pública y hacer menos complicadas las relaciones entre la sociedad.

El 2 de octubre de 1968 fue un punto culminante de un largo proceso de desviación y claudicaciones a los compromisos y objetivos primordiales de la Revolución Mexicana: la negación de la reforma agraria, la consolidación de la corrupción y el corporativismo en la dirección del movimiento obrero, el sometimiento de la soberanía del país. Se había llegado a colmar la paciencia de un pueblo tolerante y a través del movimiento estudiantil se dio un llamado de atención que fue de los jóvenes, la parte más limpia y generosa de la población, un llamado a la conciencia de la nación, a lo más hondo de sus valores e identidades, para sacudirse el lastre y recuperar el rumbo.

Sin el 68 no se hubiera dado cuanto se dio: la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que tipificaban y establecían cómo se sancionaba el delito denominado de disolución social; tampoco se hubiera llegado al público reconocimiento, por parte de las autoridades, de la gravedad que para la convivencia social y política constituyen las violaciones de autoridad a los derechos humanos y la necesidad de contar con defensores en la materia, como son ahora las comisiones de derechos humanos, que aún deben ampliar sus facultades y su autonomía.

No se hubiera ido abriendo y ampliando el régimen de partidos políticos y la representación legislativa. La apertura, que empezó con timidez, llevó a crear, primero, la figura de los diputados de partido, que como forma política ha evolucionado hasta llegar a la composición actual de la representación legislativa, integrada, en parte, con representantes electos por el principio de mayoría relativa, en parte, de representación proporcional. Las leyes electorales se han ido modificando, y si bien no han estado ausentes los retrocesos, como las contrarreformas del sexenio pasado, que habrá que revertir, hoy se abren posibilidades que antes no se tenían. Ahora existen, sin duda, nuevas condiciones para la participación política.

De no haber sido por el movimiento del 68 no se hubiera legalizado, hacia la segunda mitad de los años setenta, el Partido Comunista; no habrían tenido reconocimiento el Partido Mexicano de los Trabajadores, que impulsara Heberto Castillo, ni el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en dos ocasiones postulara a Rosario Ibarra como candidata presidencial; ni se hubieran dado las fusiones de partidos y agrupaciones políticas y sociales que dieron surgimiento al PSUM y posteriormente al PMS.

En la movilización democrática del 88 está presente el espíritu del 68. La gran ruptura del régimen, que provocara el agrupamiento en torno a la Corriente Democrática y la constitución del Frente Democrático Nacional, la insurgencia que se manifestó el 6 de julio del 88, los resultados de la elección del 6 de julio de 1997, en las que han sido participantes importantes muchos de los actores del 68, se cuentan entre los tantos productos del gran parto político y social del 2 de octubre.

Uno más de los grandes logros que tenemos el reto aún de consolidar, es el del respeto al voto y la transparencia de los procesos electorales, como condiciones indispensables para que exista en nuestro país una democracia verdadera.

Fueron distintas, muy distintas, las elecciones de 1988, en las que se cometió un fraude de proporciones descomunales; las de 91, cuando el gobierno pretendió aniquilar a la oposición democrática, e incluso las de 94, regadas con sangre y con oscuro financiamiento del partido oficial, de las de julio de 1997, que se condujeron con rectitud, en la mayor parte, pero debe quedarnos muy claro, como una voz de alerta, no en toda la República.

Todavía en la muy reciente elección estatal de Zacatecas, el régimen pretendió instrumentar un enorme fraude y hubo en el lado oficial quien estuviera dispuesto a ahogar la decisión democrática de los zacatecanos a cualquier costo, en dinero y en sangre. Esta maniobra, que pudo ser detectada con oportunidad, la echaron para atrás la organización de los ciudadanos y una conducción política firme e inteligente. Se pudo imponer la sensatez, pero ese caso nos deja ver que aún hay un buen trecho por andar y que serán la organización y participación de la gente, y no las solas declaraciones oficiales, las que se constituyan en la verdadera garantía de que los procesos electorales se llevan con rectitud y transparencia plenas de aquí en adelante.

Si recordamos el 68, con las mil iniciativas desplegadas y las múltiples formas de organización adoptadas por el movimiento estudiantil para dar a conocer sus planteamientos, sensibilizar a la población de la ciudad y crecer, actuar, defenderse, encontramos esa misma voluntad y esa creatividad en la organización que adoptara la población de esta capital frente al desastre que la golpeara con los sismos del 19 de septiembre del 85 y el pasmo oficial. Fue la gente organizada ante la tragedia la que logró salvar vidas que, de otro modo, se hubieran perdido, e iniciar con solidez la reconstrucción.

De los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, de cómo se desarrolló el movimiento estudiantil, de sus demandas, del Consejo Nacional de Huelga, de la Coalición de Maestros, de la masacre misma del 2 de octubre, de los presos políticos del movimiento, mucho se ha escrito. Existen valiosos testimonios de quienes fueron actores destacados del lado de los estudiantes, de los maestros y de los presos políticos, así como profundos análisis de estudiosos de aquellos hechos.

Con lo que no se cuenta es con una versión oficial de lo acontecido, que presentara con objetividad lo que entonces pasó, que relatara cómo y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, qué factores internos o internacionales influyeron en ellas, qué personas asumieron qué responsabilidades, quién compartió o no opiniones que fueron determinantes en los acontecimientos.

Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de la República, expresó en sus informes de gobierno de 1968 (previo al 2 de octubre) y de 1969 que en los movimientos estudiantiles había intervención de manos no estudiantiles y de intereses ajenos a los de los estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Habló de conjuras y contubernios que nunca expuso a la luz pública, ni dio al respecto nombres ni de personas, ni de organizaciones, ni de países. Fueron siempre señalamientos generales, vagos, subjetivos. Dejó muy claro, a partir de sus argumentaciones nunca confirmadas por la realidad, que estaba decidido a utilizar, con toda la fuerza, el poder coercitivo del Estado, y fue muy preciso cuando, en el informe del 1o. de septiembre de 1969, expresó: ``Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad: personal, ética, social, jurídica, política e histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado''. El es, entonces, y por propia declaración expresa, el responsable principal de los acontecimientos de 1968.

Vale la pena recordar cuáles eran las demandas del movimiento estudiantil después de las agresiones policiacas de finales de julio y agosto, para compararlas con la desmesurada y cruel respuesta oficial que se dio, principalmente, a lo largo de septiembre y hasta el 2 de octubre: bazukazo que destruyó la puerta de la preparatoria universitaria de San Ildefonso; allanamiento de la Universidad Nacional por fuerzas del Ejército; la criminal masacre del 2 de octubre en Tlaltelolco, cuyo número de víctimas se desconoce, pero bien puede suponerse en centenares de muertos, negados siempre por la parte oficial; la aprehensión también de centenares de estudiantes, maestros, periodistas y dirigentes políticos, entre otros hechos.

El movimiento estudiantil planteaba: a) cese de los jefes policíacos (general Luis Cueto Ramírez y general Rodolfo Mendiolea Cerecero, jefe y subjefe de la policía de la ciudad de México, y teniente coronel Armando Frías, jefe de los granaderos y quien encabezara la represión contra los estudiantes en el mes de julio; b) desaparición de los cuerpos represivos; c) deslinde de responsabilidades; d) respeto a la autonomía universitaria; e) indemnización a los deudos de los estudiantes muertos (en la represión de finales de julio); f) derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal (relativos al delito de disolución social); y, g) libertad de los presos políticos, que, bien se puede ver retrospectivamente, pudieron haber tenido respuesta del gobierno en lo esencial, se hubiera devuelto así la tranquilidad a la ciudad y al país y nada más hubiera sucedido.

Fuera de la responsabilidad global asumida explícitamente por Díaz Ordaz respecto a las decisiones que movieron al Ejército antes y después de Tlatelolco, a las policías y a las autoridades judiciales y penitenciarias, no ha sido posible conocer las versiones de quienes fueron actores principales de los acontecimientos desde la parte gubernamental, ni de funcionarios civiles ni de jefes militares, dejando así la responsabilidad de los hechos difuminada en las instituciones, que siguen sin descargarse de esas responsabilidades: el Ejecutivo y el Ejército, principalmente.

Algunos ya no hablaron, como Gustavo Díaz Ordaz, en cuyas memorias inéditas, dadas a conocer en partes muy reducidas en reciente publicación de Enrique Krauze, parece que sólo reitera su versión de conspiraciones y contubernios, sin aportar datos para sustentar sus afirmaciones.

Pero no han hablado, al menos no con la precisión con la que seguramente podrían hacerlo, actores importantes, civiles y militares, de aquellos acontecimientos: dando nombres, relatando hechos con detalles; refiriendo qué instrucciones dieron o recibieron y a quién o de quién; a quién reportaron del cumplimiento de instrucciones recibidas o de misiones realizadas, etcétera, como quienes fueron en esos días secretario de Gobernación, jefe del Estado Mayor Presidencial, los que comandaron las fuerzas públicas, Ejército y policía, en los allanamientos a la Universidad y el 2 de octubre, el titular de la Dirección Federal de Seguridad, los procuradores de la República y del Distrito Federal, entre otros.

Varios de esos funcionarios de entonces viven, son ya, ciertamente, los más, de edades mayores, pero harían un gran servicio al país contribuyendo a esclarecer los hechos del 68. Y harían un gran servicio a las instituciones que sirvieron limpiándolas de responsabilidades con las que cargan, que corresponden, en la realidad, a individuos.

Existen, debe reconocerse, compromisos institucionales que pasan de una administración a otra, como pueden ser programas de trabajo o pagos pendientes, pero las decisiones las toman siempre, en todos los casos, individuos, y las consecuencias y responsabilidades que de ellas se derivan, del momento y/o de carácter histórico, deben ser asumidas y asignadas a individuos.

Ha sido injusto que el Ejército cargue, desde el 2 de octubre de 1968, con las responsabilidades de la masacre. Que al Ejército, a todos sus miembros, se les siga considerando hasta hoy como los responsables de la pérdida de vidas, de los encarcelamientos, de la represión que atropelló derechos, leyes y los más elementales principios de humanidad, es, repito, injusto.

Al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez no los asesinó el Ejército o la Presidencia, fueron sacrificados por el jefe de rurales Francisco Cárdenas, los integrantes de la escolta que él mandaba, por instrucciones precisas del usurpador Victoriano Huerta, más allá de la posición que cada quién pudiera, en aquel momento, adoptar sobre los hechos y sus consecuencias inmediatas.

A Alvaro Obregón no lo asesinaron los católicos de México, sino un individuo, José de León Toral, a la vista de partidarios y amigos.

Asimismo, las muertes y la represión de Tlatelolco no se dieron por la acción institucional de todos los miembros del Ejército, de las policías o del gobierno, sino por las decisiones tomadas por el presidente Gustavo Díaz Ordaz; el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Luis Gutiérrez Oropeza; el comandante de la operación militar en Tlatelolco, general José Hernández Toledo (quien en años anteriores había encabezado la toma y allanamiento del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Michoacana, y en el propio 68 encabezara la tropa que lanzara el bazukazo contra San Ildefonso y la ocupación de la Ciudad Universitaria), y/o eventualmente por otros funcionarios civiles o militares, que tienen también nombres y apellidos y que no han hecho ni aclaraciones ni deslindes, para ellos en sí o para las instituciones en las que prestaban sus servicios.

Considero importante que se pudiera dar luz sobre los sucesos del 68, con testimonios de quienes en más o menos intervinieron en ellos o tienen conocimientos de primera mano que hasta ahora no han sido revelados, abriendo archivos oficiales, en fin, de todas las formas posibles, con lo que, entre otras cosas, se pondría fin a un enfrentamiento que ha existido desde entonces entre las fuerzas armadas y sectores importantes de la población del país, por la forma como desde la opinión pública se aprecian y oficializan por individuos y por los distintos y sucesorios representantes institucionales las versiones de lo que entonces sucedió.

Si se deja en claro qué personas tomaron las decisiones, que indiscutiblemente marcaron a la gestión institucional de entonces, se liberaría de una carga que injustamente han llevado y llevan instituciones y funcionarios que han servido en ellas con posterioridad a los hechos y hasta hoy.

¿Por qué asumir y echarse encima, como individuos, responsabilidades derivadas de decisiones tomadas por otros, en sus circunstancias, por sus particulares apreciaciones e intereses?

¿Por qué no hacer las aclaraciones pertinentes y una carga hoy diluida, pero de enorme significación política y ética en tropa, clases, oficiales y jefes de las fuerzas armadas no se hace recaer, con plena justicia, en unas cuantas personas, civiles y militares que fueron los verdaderos responsables de las tragedias del 68?

¿Por qué seguir cargando con ese terrible lastre de muertes, de desaparecidos, de torturados, de violaciones a los derechos de la gente?

Poner las cosas en su lugar contribuiría, sin duda, a eliminar tensiones, a cerrar fisuras, a restañar heridas y favorecer así una convivencia más constructiva y fructífera entre todos.

En fin, estas son algunas reflexiones en relación a estos últimos 30 años, en los que han estado presentes, como importante factor del avance político y social alcanzado en el país, las lecciones, experiencias y aportaciones del 2 de octubre de 1968, que no deben repetirse jamás.

En su propia voz

Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación: ``El licenciado Díaz Ordaz ya está fallecido, no veo el caso... pero en fin'', dijo luego de una reunión con legisladores en el Senado de la República.

Porfirio Muñoz Ledo, líder de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados: El Ejército ha sido usado como instrumento para subsanar problemas que el gobierno no ha podido resolver por la vía política, y la responsabilidad de las decisiones que afectan su imagen ha correspondido, en exclusividad, al Ejecutivo federal. El Ejército ya no debe ser propiedad exclusiva o coto de un poder, porque la Presidencia de la República se ha equivocado en muchas ocasiones y le ha dado mal uso. Es necesario poner en claro la relación constitucional que existe entre el mandato y la atribución que tiene el Ejecutivo para emplear al Ejército en las cuestiones de seguridad interna. Hace falta una reglamentación respecto de la actividad de las fuerzas armadas en tiempos de paz, además de que hace falta definir la cooperación de la milicia en tiempos de paz.

Voces al interior del Ejército

General retirado que pide anonimato: Cárdenas cesó hace poco al general Héctor Careaga del cargo de subsecretario de Seguridad Pública por haber participado en el 68, debido a la presión que hubo en los medios. Sin embargo, en ese tiempo muchos éramos oficiales y unos, directa o indirectamente, participamos porque así se nos ordenó. Si Cárdenas piensa como dice, hubiera hablado y defendido la postura que ahora asume con relación a Careaga ¿Por qué no lo hizo? Jefes míos pasaron al PRD creyendo que tendrían eco, pero Cárdenas no les ha dado nada. Creo que como Cárdenas sabe que está fallando, ahora trata de congratularse con gente de otro sector, cuando en los hechos actúa al contrario. Incluso dijo que quitaría el Estado Mayor Presidencial. Su propuesta de que el 2 de octubre la bandera nacional esté a media asta da a entender que el Ejército victimó a la sociedad civil. Yo lo veo como un antimilitarista y seguramente no va a pasar nada con sus palabras de hoy.

Luis Garfias, general retirado: ¿Por qué se insiste en cargarle la culpa al Ejército? Sabemos que los soldados cumplieron una orden en el 68 y punto. La orden vino de arriba. Por qué el Ejército debe pagar culpas que no debe, cuando actuó en circunstancias muy difíciles y en donde los beneficiarios fueron un grupo de civiles que todos conocemos: secretarios de Estado que han ocupado los principales puestos políticos. Mientras, nadie se acuerda de la masa de soldados que expusieron su vida y de los muertos que también tuvieron, como tampoco nadie se acuerda de la masa estudiantil, los mirones y la gente que murió ese día cuando se dirigía a misa. ¿Qué por qué los secretarios de la Defensa Nacional no defienden abiertamente a los soldados y por qué el Ejército debe pagar culpas que no debe? Hágale la pregunta a ellos. Lo más conveniente es no caer en decir quiénes eran los buenos y los malos. Lo que nos debe importar es que estas cosas no vuelvan a suceder y que al Ejército no se le ocupe en misiones ingratas, difíciles y a veces fuera de la ley, y que además se le dé el lugar que marca la Constitución. Que la bandera esté a media asta el 2 de octubre está bien, pero que sea por todos los que murieron, civiles y militares. Todos merecen un recuerdo, que el recuerdo no sea nada más para un lado.

``Todas las órdenes están por escrito, que se abran los archivos''

Pablo Gómez, miembro del Comité de Lucha de la Escuela Nacional de Economía, ex preso político y actual diputado del PRD: Nosotros nunca hemos planteado un castigo al Ejército como institución, sino contra quienes dieron las órdenes y contra quienes las operaron y que fueron un puñado de personas. Creo que fueron seis o siete, y eso se ha planteado desde el 3 de octubre de 1968. No creo que haya habido una confrontación del Ejército con la sociedad en 1968, lo que hubo fue una confrontación de una parte de la sociedad -la más activa y avanzada, la más democrática, que era la juventud estudiantil- con el Presidente, el gobierno y el PRI. Por más que usaron al Ejército en nuestra contra, la confrontación nunca se dio en los términos de luchar contra él, como fue, por ejemplo, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia, en donde había la enemistad de sectores muy grandes de la sociedad con las fuerzas armadas. No se dio, pues quienes gobernaban no eran militares y fueron ellos quienes usaron al Ejército. Los responsables fueron los generales, porque ellos daban las órdenes.

Roberto Escudero, ex integrante del Consejo Nacional de Huelga: El Comité 68-98 no se opone a la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas porque el Ejército, como institución, recibió ordenes superiores para cometer un crimen de Estado. Por lo tanto exigimos una aclaración legal sobre los hechos, a fin de contar con una verdadera división de poderes en donde no se culpe a instituciones, sino a los funcionarios públicos de los hechos.

Elba Esther Gordillo, dirigente de la CNOP del PRI: No conozco la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, pero yo no tengo por qué culpar ni a los altos mandos ni al Ejército. Tendría que tener las pruebas, y no las tengo.

Oscar González Rodríguez, diputado federal del PRI: En la medida en que se ventilen públicamente las opiniones de los diferentes actores, se podrán conocer con más a detalle los hechos, además de ser un ejercicio para cerrar heridas. Sin embargo existe una preocupación de que esta búsqueda concluya en un ``pago de culpas''. Fue un evento doloroso, pero también decisivo en la contrucción de la nueva vida democrática de México.

Armando López Romero, diputado del PRD y miembro de la Comisión Investigadora del 68: El 2 de octubre se montó una trampa para que el Ejército Mexicano cayera en ella, por lo que la apertura de esos archivos permitirá que las fuerzas armadas se quiten una loza que vienen cargando desde hace 30 años. En la masacre de Tlatelolco hay una clara responsabilidad del entonces presidente, Díaz Ordaz, y del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez, porque si el Ejército hubiera tenido la orden de ``masacrar'' hubiéramos tenido 5 mil o 10 mil muertos. El Ejército tenía la orden de rodear la manifestación, pero no de agredirla. Los francotiradores debieron pertenecer a las fuerzas de seguridad dependientes de la Secretaría de Gobernación, pero en toda la investigación hace falta un eslabón que muy probablemente se encuentra en los archivos de la Defensa Nacional.

José Luis Cruz, consejero universitario de la Facultad de Ingeniería: Hay jefes políticos y militares que dieron la orden, pero también hubo quienes la ejecutaron y no es posible ignorar ambos aspectos. Si bien el Presidente, el secretario de Gobernación y el de la Defensa tienen alta responsabilidad, también la tuvieron muchos de los mandos que aplicaron la decisión. Con ese criterio de separar a unos y otros, al cuerpo de mando y a la institución, en el caso de Chiapas concluiríamos que unos son responsables de la militarización, los mandos, y que los soldados y la institución no tienen nada que ver. (José Gil Olmos, Matilde Pérez, Jesús Aranda, Alma Muñoz, María Esther Ibarra, Víctor Ballinas, Salvador Guerrero y Gustavo Castillo)

Prioritario, eludir a provocadores el 2 de octubre

Salvador Guerrero Chiprés Ť Defensa de la autonomía de los centros universitarios y de la soberanía, abierta oposición al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, respaldo a la consulta sugerida por el EZLN y una abierta oposición a la militarización y al porrismo son los ejes en que convergieron las propuestas avaladas en principio por los representantes de una veintena de escuelas de la UNAM, activistas del INBA, los tres planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y hasta alguno de la Universidad Iberoamericana que se preparan para organizar la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968.

Reunidos en el cubículo Cachumbambé de la Facultad de Filosofía y Letras, consideraron que es indispensable la apertura de todos los archivos relacionados con el movimiento estudiantil de hace treinta años.

Integrantes de diversas corrientes y más de 12 consejeros universitarios destacaron como preocupación central la seguridad de una marcha de una magnitud que ``pudiera antojar a los provocadores'', según Lizette Jacinto, consejera universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras.

Manuel Gómez, de la UAM Xochimilco, afirmó: ``Aunque el de la capital del país es un gobierno democrático no podemos confiar la custodia de la seguridad a la policía''. Bolívar Huerta señaló que existe preocupación por lo que podrían planear grupos porriles de la Preparatoria Popular Fresno, los integrantes de Antorcha Campesina o ``los porros del grupo 3 de Marzo del CCH Vallejo, de la Organización de Estudiantes del Politécnico (ODEP) y de la Federación de Estudiantes del Politécnico. En un gobierno como el de Cárdenas los grupos porriles pueden intentar golpear la manifestación''.

Hace treinta años ``se abrió una herida no cerrada'', comentó Inti Muñoz. ``Hay una lucha política que continúa, siguen asuntos pendientes'' entre los que mencionó la injusticia, una mayoría de jóvenes excluida de la educación y el desarrollo con una política que impide, estimó, que 80 por ciento de los jóvenes tengan oportunidades de movilidad social.

Consideró que la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas acerca de la separación de responsabilidades entre mandos políticos y la institución militar hace más que nunca conveniente la instalación de una operativa comisión de la verdad, ante la cual puedan presentarse todas las informaciones y archivos que el gobierno federal aún considera secreto de Estado.

Los estudiantes no conocían la declaración de Cárdenas. Al ser informados sobre su sustancia por algunos presentes, Huerta externó: ``La mano que reprimió el movimiento es la misma, desde su impunidad, que reprime a campesinos y que representa a grupos de poder''.

En la discusión se hicieron críticas a la distancia que, según algunos representantes estudiantiles, existe entre el centralismo de izquierda que dijo compartir el rector Francisco Barnés de Castro y su ``autoritarismo en la UNAM'', se le asoció con el esquema de una educación ``excluyente''. Se escucharon también voces de estudiantes del Bloque Universitario de Izquierda en favor de revisar los mecanismos de convocatoria, organización y dirigencia y la de Héctor Jiménez, quien trató de hacer compartir a los estudiantes reunidos la problemática que vive la Universidad Popular de la Chontalpa.

Desde la mesa se hizo la propuesta de que los estudiantes de Tabasco sean uno de los comités que encabece la concentración que se realizará en diez días.