Arturo Hernández Cruz
Y así hágase cumplir por mis vasallos...
En contraste con la apertura democrática tan en boga en el país, en
días pasados se hicieron públicas las políticas para enriquecer la
función docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
producto de un acuerdo del Colegio de Directores. En esencia, el
documento define la fórmula que el rector Francisco Barnés, junto con
los directores de escuelas y facultades, ha encontrado para acabar con
los problemas de la enseñanza del bachillerato y la licenciatura:
todos los investigadores de tiempo completo (adscritos en su mayoría a
centros e institutos) deberán impartir un mínimo de horas de clase en
escuelas y facultades ``sin afectación del banco de horas''
(e.g., sin remuneración), porque así lo establece su contrato
de trabajo.
La naturaleza coercitiva de esa disposición (cuya publicación coincide
con la de las nuevas bases del programa de primas políticas), se
fundamenta en la suposición de que muchos investigadores y profesores
no cumplen con las funciones docentes estipuladas en el
Estatuto del Personal Académico. El rector, con la especial
consideración que desde el comienzo de su gestión dispensa a los
científicos y académicos universitarios, se apresura a tomar medidas
correctivas sin molestarse en averiguar si esa hipótesis tiene
fundamento.
Varios aspectos, de fondo y forma, son discutibles en la iniciativa
que ha generado irritación entre los investigadores: en primer lugar,
un número importante de ellos imparte o ha impartido cursos en la
licenciatura, y ha recibido por ello una modesta remuneración
adicional. Eso no como una obligación, sino como un derecho consignado
en el propio Estatuto.
Por otro lado, un investigador típico dedica muchas más horas a la
enseñanza que las mínimas estipuladas en su contrato. Ello incluye la
impartición de prácticamente todos los cursos y tópicos que se ofrecen
en los programas de posgrado, el entrenamiento de los estudiantes de
licenciatura, maestría y doctorado adscritos a sus laboratorios, la
participación en comités tutoriales encargados de evaluar
periódicamente los avances de los estudiantes, amén de consultorías,
corrección de tesis y participación en exámenes de admisión, de
candidatura y de grado.
Al menospreciar las tareas docentes que los investigadores desempeñan
en el posgrado, el rector parece olvidar que la formación de
profesionales de alto nivel (doctores) es también una tarea sustantiva
de la Universidad. En cuanto a las escuelas y facultades, no está
claro si todas recibirán con beneplácito la súbita demanda de horarios
y grupos, además de la carga organizativa adicional que acarrearán las
mencionadas medidas.
Sorprende que ese edicto, de indudables repercusiones sobre aspectos
laborales de los investigadores, provenga de un grupo con grandes
pretensiones, pero sin representatividad ni atribuciones legales.
La nueva iniciativa de la Rectoría se suma a otras disposiciones
recientes nunca consultadas acerca del funcionamiento y papel de la
Universidad que pueden tener graves consecuencias académicas.
Está por verse hasta cuándo las autoridades van a seguir ignorando la
opinión del personal académico de tiempo completo de la Universidad,
``la mente pensante'' que habita de por vida nuestra máxima casa de
estudios, y hasta cuándo estarán éstos dispuestos a seguir
permitiéndolo.
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