Masiosare, domingo 20 de septiembre de 1998

Chiapas
Damnificados y elecciones


Jesús Ramírez Cuevas


A comienzos de 1998, en los círculos políticos se rumoraba que las elecciones para renovar alcaldes y diputados locales en Chiapas podrían cancelarse ante el clima de zozobra prevaleciente debido al conflicto desatado por el EZLN. El calendario electoral empezó a correr sin que ninguna irregularidad política lo pudiera detener. Pero se atravesó la tragedia provocada por las inundaciones en la zona costera de la entidad. La estela de daños a viviendas y edificios públicos ha hecho reaparecer al fantasma de la suspensión de los comicios. Habría razones justificadas para ello, aunque el debate aún no se resuelve. Mientras, el PRI no pierde el tiempo. Y -como se documenta enseguida- ofrece ayuda a los damnificadosÉ aunque aplaza el cobro de la factura al 4 de octubre, o cuando las autoridades electorales decidan celebrar los comicios.

Tapachula, Chis.- No podía ser peor.

Si una familia pretende alojarse en alguno de los albergues habilitados por las autoridades estatales, debe pertenecer al PRI.

Si un padre de familia quiere una despensa, debe comprometerse a votar por los candidatos de ese partido en las elecciones locales que están programadas para el 4 de octubre.

Y más:

Hay ``brigadas'' de militantes priístas que recorren algunos de los municipios afectados desde hace dos semanas por las inundaciones con paquetes de ropa, víveres y medicamentos, los cuales ostentan el logotipo del tricolor como una forma de ``mercadotecnia electoral''.

Es -según denuncias de los afectados- el ``coyotaje'' con los apoyos oficiales en el nombre del PRI en la región costera de Chiapas.

Pero las autoridades, los priístas y el gobierno federal, dicen que no es cierto.

En auxilio de los damnificados han acudido organizaciones no gubernamentales, iglesias y partidos políticos. Cada quien recolecta víveres, medicamentos y donativos y los envía según sus posibilidades (incluso, el EZLN anunció que una parte de su ``fondo de guerra'' ha sido destinado al auxilio de los damnificados, mientras el Papa Juan Pablo II remitió 50 mil dólares).

En la entidad corren rumores de que el gobierno de Roberto Albores acapara la ayuda y manipula su entrega, incluso en los municipios afectados donde gobierna la oposición.

Fue el EZLN el que hizo -el 12 de septiembre- la denuncia directa:

La ayuda humanitaria que viene del gobierno federal y del estatal -acusó- ``no llega completa, y lo poco que llega se distribuye sólo a militantes priístas y a aquellos que comprometen su voto en favor del PRI''.

Sostuvo que a través de una ``complicada maniobra de lavado de dinero humanitario'' se desviaron recursos y donativos que recibió el gobierno estatal hacia cuentas privadas del gobernador Roberto Albores.

La dirigencia zapatista llegó al grado de comparar al gobernador interino con el dictador nicaragüense Anastacio Somoza.

La gravedad de la situación afecta tanto a la vida interna de la entidad que la demanda de aplazar los comicios parece imponerse.

Hasta la percepción de las autoridades locales cambió.

Hace una semana, Albores Guillén, durante un recorrido presidencial por Tapachula, dijo que ``el gobierno está haciendo el mejor esfuerzo por atender los problemas de la zona de conflicto''.

-Es zona de desastre, Roberto -le corrigió el presidente Zedillo.

-Efectivamente, señor, porque la zona de conflicto ya pasó a segundo término -respondió el mandatario estatal.

La rapiña

Una tercera parte de Chiapas está destruida por la tragedia: desde Tonalá -casi en los límites con Oaxaca- hasta la frontera con Guatemala, decenas de miles de chiapanecos han perdido todo lo que tenían, debido a las inundaciones. La crecida desproporcionada de los ríos ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, miles de casas y decenas de comunidades arrasadas.

Dos semanas después, aún permanecen incomunicados más de medio millón de damnificados que carecen de agua potable, alimentos, y que están a merced del hambre y las enfermedades.

Las fuerzas opositoras de la entidad, en tanto, han recopilado testimonios de pobladores de las comunidades afectadas que señalan a autoridades estatales y municipales como las directamente responsables de condicionar la entrega de las donaciones a cambio de votos para el PRI el próximo 4 de octubre.

Según Gabriel Gutiérrez Avila, presidente estatal del PRD, es evidente el uso de los recursos públicos para apoyar al partido oficial. ``Lo están haciendo funcionarios en todos los niveles de gobierno. La ayuda a los damnificados la están desviando, incluso, a lugares que no han sido afectados, todo con fines electorales''.

Cita como ejemplo el caso de Frontera Hidalgo, donde los candidatos del PRI entregaron despensas a la población que originalmente estaban destinadas a las víctimas de Pijijiapan.

Y, dice, además en todos los municipios de la Costa y la Sierra los candidatos del PRI reparten despensas.

En Motozintla, ``hay soldados que están vendiendo las despensas a la gente que llega de la sierra'', se queja Sergio Hernández, estudiante de preparatoria que escapó del lugar a pie.

Refugiado en San Cristóbal como decenas de motozintlecos, refiere: ``Casi toda la ciudad fue arrasada por el agua y está cubierta por el lodo. La prepa quedó bajo una capa de arena que fue arrastrada por el río. Como no llegaba ayuda, nos salimos para no morir de hambre y de enfermedades porque hay una hediondez a muerto que no se aguanta''.

A Motozintla llegaron el domingo 13 seis helicópteros con ayuda. Vecinos revelaron que uno de los guías desvió la carga hacia uno de los ranchos de la familia del presidente municipal, Héctor Paniagua Guzmán, pero que el mando militar intervino para obligar al munícipe la devolución.

La semana pasada, el líder nacional del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, realizó un recorrido por la zona devastada, donde aceptó que en la entrega de la ayuda se presentaban irregularidades.

Los candidatos de ese partido suspendieron sus actividades proselitistas por tres días. Después del 15, prosiguieron con el lema ``acepta lo que te dan, pero vota por el PAN''.

Por su parte, el PRD determinó suspender indefinidamente las campañas de sus candidatos.

En su penúltima estancia en la entidad -el 14 de septiembre-, el presidente Ernesto Zedillo dirigió en Tapachula un mensaje que se difundió, primero, por la radio local y luego íntegro en televisoras de todo el país.

Afirmó que el gobierno federal ``garantizará que ningún recurso gubernamental que se aplique a la ayuda de Chiapas sea utilizado para fines políticos'' y advirtió que ``se sancionará'' cualquier tipo de ``clientelismo político''.

***

Tres estampas presidenciales:

El 12 de septiembre, en Tapachula:

``Nos vamos a asegurar que los recursos del gobierno -que no son del gobierno, sino de todo el pueblo de México- no se le entreguen a ninguna organización política o de otra naturaleza que pretenda hacer proselitismoÉ Si algún partido u organización quiere apoyar con su propio esfuerzo, eso nada tiene que ver con el gobierno''.

Dos días después, en el mismo lugar:

``Sé que la ciudadanía reprueba y rechazará a quienes traten de aprovechar este problema para hacer propaganda política con falsedades y ataques infundadosÉ Es reprobable y digna de sanción cualquier forma de clientelismo o uso propagandístico del auxilio que se envíe a las comunidades''.

El 17, en Mapastepec:

``Hay organizaciones de carácter nacional que están diciendo en la ciudad de México que están haciendo grandes colectas. Yo no he visto un kilo de esa ayuda, que ellos podrían estar distribuyendo directamente aquí''.

Elecciones a debate

Aún no existe un censo completo de la comunidades afectadas. Los recientes incendios forestales -la mayoría provocados en la zona de conflicto- acabaron con gran parte de los bosques chiapanecos y provocaron que los ríos se lo llevaran todo a su paso.

Los municipios afectados por la tragedia son Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec (distrito 15), Huixtla, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Mazatán, Tuzantán,Villa Comaltitlán (distrito 16), Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, Siltepec, Amatenango de la Frontera (distrito 17), Tapachula (distritos 18 y 19), Villaflores, Villa Corzo y Angel Albino Corzo (distrito 23).

De acuerdo con datos del PRD, son 30 municipios y la mitad de las circunscripciones electorales las afectadas por el fenómeno natural.

A Mapastepec y Pijijiapan solo hay acceso por vía aérea. Allí, hay hambre y falta de medicinas. Ochenta comunidades están totalmente inundadas, como El Manguito, La Polka, Manuel Avila Camacho, Cabeza de Toro, Tres Picos, Pueblo Nuevo, Ricardo FloresMagón, Franscisco I Madero, Joaquín Amaro, San Isidro y Santa Martha.

El Manguito quedó sepultado bajo las aguas y el lodo, ahí la gente está viviendo en los techos de sus casas y en la copa de los árboles, según relató un lanchero:

``No se han querido salir del lugar por que dijeron que si ahí se había inundado es porque era el fin del mundo y no tenía caso irse a otro lado''.

El senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía propuso el aplazamiento total de las elecciones, a fin de que se realizaran el 6 de diciembre, como extraordinarias.

``Nada está por encima de la desgracia y el dolor humano, ni siquiera las elecciones'', aseveró el legislador priísta y enlistó los argumentos que sustentan su propuesta:

La ausencia de ánimo social, ya que miles de chiapanecos viven en desgracia.

Una porción importante de electores no podrían ejercer el voto debido a la pérdida de la credencial de elector.

Hay graves dificultades para que los consejos electorales -municipales y distritales- puedan instalarse en las zonas afectadas.

En necesario evitar el recrudecimiento de viejos sentimientos regionalistas.

``No tenemos derecho a desperdiciar nuestra energía en actividades, por legítimas que sean, que nos confronten y dividan cuando miles de hermanos nuestros esperan solidaridad oportuna''.

El obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi, consideró como ``una falta de respeto'' su eventual realización. Y lamentó que representantes de partidos políticos ``lucren en este momento del dolor por su ambición de conseguir votos, (no obstante que) aún hay personas que están en peligro de morir porque están aisladas en la sierra y en la costa''.

Desde que se conoció la magnitud de la tragedia, el dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ha viajado por lo menos en tres ocasiones a la entidad. Aquí, anunció que los recursos que su partido originalmente destinaría a las campañas servirán para apoyar a los damnificados.

El sábado 12, el presidente Zedillo dijo que la realización de las elecciones ``es un asunto interno'' y que el principal interés -en la perspectiva federal- es que se desarrollen ``encima de cualquier duda o afectación''.

El gobernador Albores expresó, apenas el jueves 18, que los comicios serán aplazados sólo ``en una zona muy reducida''.

Ese mismo día, se difundió un informe del Consejo Electoral Estatal, donde se señala que en atención a factores como el trabajo electoral, la instalación de casillas, la documentación y la identificación del padrón, serían 33 municipios y siete los distritos electorales afectados.

Al respecto, la posición del PAN es ambigua. Según Calderón Hinojosa, la suspensión del proceso electoral debe pensarse ``a fondo'', pues hay condiciones para los sufragios en casi todo el estado. Matizó: ``no se justifica la posposición generalizada, pero si en algunas regiones no se puede, hay que evaluarlo y decidirlo''.

Pero el PAN chiapaneco se pronunció por la celebración de elecciones en la zona afectada, ``toda vez que la comunicación vía terrestre se ha restablecido'', dijo Carlos Raymundo Toledo, presidente estatal del blanquiazul.

La decisión final será tomada por los órganos electorales municipales y distritales, informó Eugenio García Mendoza, presidente del CEE.

Si se cancelan los comicios en alguna circunscripción local, será el CEE quien informe al Congreso local, a fin de que decrete lo procedente para integrar consejos municipales o convoque a elecciones extraordinarias. El problema es que en la zona afectada los consejos electorales ni siquiera han podido sesionar.

Juan Carlos Bonifaz, líder del Congreso, aseguró que ``ninguna ley electoral, estatal o federal, prevé la posibilidad de diferir las elecciones; sin embargo, en los municipios afectados por las lluvias que no puedan realizar elecciones según las leyes, deberán instalarse concejos municipales''.

El PRD presentó un recurso formal para pedir el aplazamiento de los comicios, luego de un acuerdo de su dirigencia nacional. Su propuesta es que se realicen 40 días después de la fecha original y que la suspensión tenga alcance estatal.

La medida implicaría la ampliación -en un mes- del mandato que ejercen las actuales autoridades municipales.

-¿Qué hará el PRD si no cede el gobierno? -se le preguntó, el viernes 19, a Andrés Manuel López Obrador.

-Sería una muestra de poca sensibilidad por parte de las autoridades de Chiapas, de sus diputados y de los miembros de su órgano electoral. El asunto es que no está el ánimo en Chiapas para hacer elecciones.


La década electoral en Chiapas

* Resultado del Partido Mexicano Socialista

Fuente: Consejo Estatal Electoral

AñoLista nominalPRIPANPRD Abstencion
19881,119,03483.20%4.05%2.41%*57.36%
19911,358,36380.20%6.56%7.97%42.86%
19941,625,87445.58%11.18%31.46%32.83%
19951,679,43344.99%14.32%28.29%56.44%
19971,678,42148.23%12.44%28.08%61.28%



Del desastre al conflicto

La fecha programada para los comicios en Chiapas -cuando se renovarán las 111 alcaldías y las 24 diputaciones locales- es el domingo 4 de octubre.

A dos semanas, en por lo menos 60 municipios no hay condiciones mínimas para llevarse a cabo.

Los pueblos y habitantes de una treintena de municipios padecen los estragos de las intensas lluvias.

Pero no sólo eso.

La militarización, la violencia política, la acción de grupos paramilitares, los cacicazgos en las regiones de la Selva, Los Altos y la zona norte, obstaculizan el desarrollo normal de una vida democrática en otros 30 municipios.

La zona de conflicto abarca 14 distritos electorales. En un número similar, hay presencia de grupos paramilitares priístas que actúan en 25 municipios. El territorio donde hay retenes militares y patrullajes aéreos y terrestres constantes es de 30 municipios.

Un ejemplo de la falta de condiciones en regiones de Los Altos y de la zona norte es la existencia de más de 20 mil desplazados de guerra por la acción de más de 12 grupos paramilitares que mantienen presencia en varios municipios donde han realizado por lo menos 38 acciones violentas.

Más de cien presos políticos zapatistas evidencian esta estrategia.

A la acción impune de los paramilitares se suma la política de confrontación que se sigue con las comunidades indígenas zapatistas, cuyo ejemplo más visible ha sido la ofensiva policiaca-militar en contra de 32 municipios autónomos rebeldes.

En ese contexto, las elecciones se han convertido en parte importante de la estrategia contrainsurgente y de la lucha por el control de territorio.

A la sombra de los comicios ha crecido el radio de acción de los grupos paramilitares sobre los cuales ha recaído el papel de avanzar en el control de comunidades y de territorio.

Las otras historias

Los primeros en ayudar a la población afectada por las lluvias en la región del Soconuzco han sido los mismos chiapanecos. Son ellos quienes relatan las pequeñas historias de la solidaridad que ha privado aquí, y los primeros en quejarse de la manipulación política que muchos han intentado.

Un ejemplo de ello son los maestros de la sección 7 del SNTE quienes se han dado a la tarea de juntar víveres y medicinas para los damnificados. Miles de profesores, estudiantes y padres de familia organizan recolectas en todo el estado, mientras otros participan en los rescates.

``Los más pobres son los que más cooperan. Las familias indígenas llegan a dar lo poco que tienen para apoyar a los damnificados (apenas un kilo de frijol o una bolsita de maíz). Los damnificados de siempre son los que más cooperan, porque saben lo que es la necesidad'', dice José Giber Cruz, maestro de San Cristóbal de las Casas.

La ineficiencia y el desabasto ha provocado movilizaciones de damnificados. En Tapachula, el 15 de septiembre hubo una movilización de niños y madres que exigían comida (en esa ciudad el precio del kilo de frijol está a 80 pesos y el de tortilla a 14, sin que las autoridades hagan algo por acabar con los especuladores y los acaparadores).

Guadalupe Martínez, maestra de Los Altos, organizó una campaña de acopio en San Andrés el 15 de septiembre: ``Al salir rumbo a San Cristóbal con la ayuda para los damnificados que se juntó, en el retén militar los soldados nos pararon y nos cortaron cartucho, en lugar de ir a auxiliar a la población afectada''.

Giber Cruz, coordinador regional del SNTE, explicó que los maestros ``hicimos nuestro el problema y organizamos los centros de acopio en planteles''.

Relata que de la Sierra y de la Costa han recibido denuncias de que la ayuda no llega a la gente que la necesita y se la reparten los priístas. La gente afectada nos pide que vayamos a dejar la ayuda que reunimos directamente para garantizar que se entregue''.

Eduardo, un estudiante de economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, organizó con otros universitarios un centro de acopio y distribución.

``El pueblo está devastado, no hay nada para la gente. El dinero no vale ahí porque no hay nada que comer, nos han dicho que tan sólo en Pijiajiapan puede haber mil 500 muertos, porque hay mucha gente que no aparece y se cree que está bajo el lodo. Es desolador el panorama. En los albergues llega la ayuda, pero la gente que está fuera de ellos no tiene abasto y es la mayoría.''

Del conflicto al desastre

Con la desgracia provocada por las lluvias, la militarización en Chiapas se ha extendido cautelosamenteÉ y es que parece que el Ejército federal prefiere vigilar las zonas zapatistas que atender a la población afectada.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 15 mil efectivos militares atienden la emergencia -dos mil fueron desplazados de la zona de conflicto. En los cuarteles instalados en las regiones indígenas de la Selva, el Norte y Los Altos se mantienen 63 mil.

Los albergues donde se auxilia a las familias damnificadas están bajo control militar. Pero esto sucedió luego de la inconformidad generalizada y las denuncias públicas, sobre el uso político de la ayuda.

Las consecuencias del siniestro están aún por conocerse y los efectos tardarán años en superarse.

Gabriel Gutiérrez, presidente estatal del PRD, denunció que las cifras oficiales sobre los efectos de las lluvias están maquilladas ``según a quien está dirigida la información''.

Afirma: ``Para obtener ayuda internacional elevan las cifras de damnificados que se dan al exterior. En el ámbito nacional, utilizan otras para demostrar que el gobierno está cumpliendo su papel. A nivel local, dan a conocer información con fines electorales: todo está bajo control, no pasa nada, ahí se puede realizar la elección''.