Reconocen a sus agresores las violadas en Tláhuac
Humberto Ortiz Ť Con mínimas garantías, acosadas, bajo una constante intimidación y hostilizadas sin descanso por los familiares y abogados de sus agresores, las tres jóvenes violadas tumultuariamente por policías del agrupamiento de a caballo tuvieron que mantener el aplomo durante más de 14 horas en el juzgado 47 penal para ratificar sus imputaciones, confrontarse con los 15 preventivos y sostener un difícil careo con ellos en la rejilla de prácticas.
La audiencia estuvo caracterizada por la tensión. Las dos menores, de 13 y 15 años de edad, y la mayor, de 18, quienes tuvieron que rememorar los hechos del pasado 19 de julio, identificaron plenamente a los uniformados pese a que, con artimañas legaloides, los litigantes intentaron confundirlas con preguntas capciosas permitidas por la juez María del Refugio Méndez Hernández, quien toleró que se hicieran bromas sexuales a las declarantes, que por momentos provocaron carcajadas. *
En un momento cuando uno de los abogados encabezados por Pablo Borboa Jaime jaloneo del brazo a la niña de 13 años para que no se separara de él durante el interrogatorio, Patricia Olamendí, coordinadora del Programa de Participación de la Mujer del Gobierno capitalino, no aguanto más y protestó por el acoso del hombretón. La juzgadora, prudente hasta donde pudo, conminó a la funcionaria a no intervenir, mientras el litigante bravuconeaba con Olamendi.
Hubo un instante en que la presión y tantos días de sufrimiento hicieron flaquear ala muchacha de 15 años, el proceso contra los policías violadores parecía tambalearse. Ella, con su humilde figura ataviada con suéter rojo de estambre y vestido negro estampado, de tez morena y rasgos indígenas, hundió su mirada en el escritorio, siempre rodeada de los siete abogadas defensores, de los malos defensores públicos, y titubeo cuando la impartidora de justicia le preguntó si ratificaba sus declaraciones incriminatorias. ``No'', replicó y, súbitamente, provocó nervios entre las mujeres que acudieron a apoyarla, en tanto que afuera, con jubilo, las esposas y parientes de los policías festinaban una eventual derrota de las víctimas.
Más aún la jovencita responsabilizó a Edtih la mayor de 18 años, de haberles dicho que decir durante los interrogatorios. Inclusive, dijo que su amiga conocía a los uniformados. ``Nos dijo que dijéramos que nos violaron''.
Entonces, los victimarios creían convertirse en víctimas. El abogado Borboa salió del juzgado, cerrado al público en general y a los periodistas, para comunicar la ``buena nueva'' a los familiares de los policías, amontonados en el reducido espacio tras la rejilla de prácticas.
Era el momento de atacar. Agresivos los defensores, pidieron que la joven de 15 años pasara a identificar a sus violadores. Allí cara a cara, de uno en uno, la niña hecha mujer violentamente reconoció a Juan Cruz Ramos, Roberto Ortega Parral, Alberto Castro Martínez, Heriberto Barrera, Everardo López Zamora, Juan Manuel González, Miguel Angel Batres Gómez, Pablo Mejía, Arturo Camacho Hernández, Juan Sebastián Santes, Fernando Beltrán, Luis Antonio Espinosa Martínez, Gerardo Bandera Cervantes, Rogelio Díaz Ramírez y al ``chulito'' Luis Enrique Patiño Andrade, quien fue el principal instigador del ultraje y volador sistemático de las menores, a grado tal que la quinceañera enrojeció su rostro morena e inhibida, soltó una sonrisa.
Pasadas las 19 horas, al cabo de más de ocho horas de diligencia, cayó una tromba tan fuerte que inundó los pasillos y el interior del jugado 47 penal.
Agotada y hambrienta como se veía la menor de 13 años mantenía el mismo aplomo que mostró durante el intenso interrogatorio a que la sometieron los abogados. Ratificó las imputaciones contra sus agresores. Aguantó hasta el límite las preguntas incisivas y hasta, a momentos, tal vez impertinentes de los defensores. No se dio. El abogado Carlos García Paz, lanzó una de esas bromas que pretenden relajar el ambiente, pero no hizo más reiterar el acoso. La juez ofreció un sándwich a la jovencita y el litigante ironizó ``pero dénselo sin chile''
Presentes en el juzgado 47 penal, Adolfo Gilly y Patricia Olamendi lamentaban la falta de garantías y la indefensión que la ley vigente coloca alas víctimas.
``No habrá impunidad'', garantizó el enviado personal del jefe de gobierno antes de retirarse del Reclusorio Norte.
Olamendi, permaneció hasta el final, literalmente como un escudo protector de las tres jovencitas. Edith ratifico sus declaraciones, pero tuvo que carearse con su propia amiga de 15 años para confrontar testimonios.
Eran casi las 23 horas de anoche y la incertidumbre permeo en dos vertientes: como evitar que por tecnicismos legales pudiese colarse la impunidad y como salir de este reclusorio cuando sus avenidas periféricas quedaron anegadas por el agua que se abatió en fuerte tromba sobre la ciudad.
En un momento, cuando uno de los abogados encabezados por Pablo Borboa Jaime jaloneó del brazo a la niña de 13 años para que no se separara de él durante el interrogatorio, Patricia Olamendi, coordinadora del Programa de Participación de la Mujer del gobierno capitalino, no aguantó más y protestó por el acoso del hombre. La juzgadora, prudente hasta donde pudo, conminó a la funcionaria a no intervenir, mientras el litigante bravuconeaba con Olamendi.
Hubo un instante en que la presión y tantos días de sufrimiento hicieron flaquear a la muchacha de 15 años. El proceso contra los policías violadores parecía tambalearse.
Ella, de humilde figura, ataviada con suéter rojo de estambre y vestido negro estampado, de tez morena y rasgos indígenas, hundió su mirada en el escritorio, siempre rodeada de los siete abogados defensores, y titubeó cuando la impartidora de justicia le preguntó si ratificaba sus declaraciones incriminatorias. ``No'', replicó, y súbitamente provocó nervios entre las mujeres que acudieron a apoyarla. En tanto, afuera, con júbilo, las esposas y parientes de los policías festejaban una eventual derrota de las víctimas.
Más aún, la jovencita responsabilizó a Edith, la mayor de 18 años, de haberles dicho qué declarar durante los interrogatorios. Incluso, dijo que su amiga conocía a los uniformados. ``Nos dijo que dijéramos que nos violaron''.
Entonces, los victimarios creyeron convertirse en víctimas. El abogado Borboa salió del juzgado, cerrado al público en general y a los periodistas, para comunicar la ``buena nueva'' a los familiares de los policías, amontonados en el reducido espacio tras la rejilla de prácticas.
Era el momento de atacar. Agresivos, los defensores pidieron que la joven de 15 años pasara a identificar a sus violadores. Allí, cara a cara, de uno en uno, la niña reconoció a Juan Cruz Ramos, Roberto Ortega Parral, Alberto Castro Martínez, Heriberto Barrera, Everardo López Zamora, Juan Manuel González, Miguel Angel Batres Gómez, Pablo Mejía, Arturo Camacho Hernández, Juan Sebastián Santes, Fernando Beltrán, Luis Antonio Espinosa Martínez, Gerardo Bandera Cervantes, Rogelio Díaz Ramírez y al chulito Luis Enrique Patiño Andrade, quien fue el principal instigador del ultraje y violador sistemático de las menores, a grado tal que el rostro moreno de la quinceañera enrojeció y soltó una sonrisa al verlo.
Pasadas las 19:00, al cabo de más de ocho horas de diligencia, cayó una tromba tan fuerte que inundó los pasillos y el interior del juzgado 47 penal.
Agotada y hambrienta, como se veía la menor de 13 años, mantenía el mismo aplomo que mostró durante el intenso interrogatorio a que fue sometida por los abogados. Ratificó las imputaciones contra sus agresores, aguantó hasta el límite las preguntas incisivas y en momentos impertinentes de los defensores. No cedió al embate.
El abogado Carlos García Paz lanzó una de esas bromas que pretenden relajar el ambiente, pero no hizo más que reiterar el acoso. La juez ofreció un sandwich a la jovencita y el litigante ironizó: ``Pero dénselo sin chile''.
¿Y el Ministerio Público obligado a representarla y defender sus derechos? El licenciado Salvador López se mantenía al margen, ausente, displicente, callado, bromista y juguetón con las secretarias del juzgado.
Presentes en el juzgado 47 penal, Adolfo Gilly y Patricia Olamendi lamentaban la falta de garantías y la indefensión en que la ley vigente coloca a las víctimas.
``No habrá impunidad'', garantizó el enviado personal del jefe de gobierno antes de retirarse del Reclusorio Norte.
Olamendi permaneció hasta el final, literalmente como un escudo protector de las tres jovencitas. Edith ratificó sus declaraciones, pero tuvo que carearse con su propia amiga de 15 años para confrontar testimonios.
Eran casi las 23:00 y la incertidumbre permeó en dos vertientes: cómo evitar que por tecnicismos legales pudiese colarse la impunidad y cómo salir de este reclusorio cuando sus avenidas periféricas quedaron anegadas por la tromba que se abatió sobre la ciudad.