Los cinco bancos vivos que no fueron intervenidos ni revendidos por el gobierno (Banamex, Bancomer, Serfin, Bital y Banorte) tienen en su conjunto unos 60 mil millones de pesos de capital contable, pero su cartera vencida es de 160 mil millones al 28 de febrero del presente año. Ese quebranto obliga a realizar una gran operación financiera.

Hasta ahora, el Fobaproa tomó esa cantidad de 160 mil millones, de los cuales se calcula que se puede rescatar 30 por ciento, aproximadamente. Para deshacer el Fobaproa se requiere regresar esa cartera vencida a los bancos para que traten de cobrar lo más que puedan. Al mismo tiempo, sería necesario que el gobierno invirtiera en esos mismos bancos una cantidad cercana a los 50 mil millones a través de acciones sin voto y con regalías cobrables al final de un periodo de 15 a 20 años, mediante la emisión de títulos, de tal manera que los bancos fueran capitalizados y se alargara el tiempo en que éstos deben pagar por sus quebrantos.

Los bancos, por su parte, asumirían -como ya está convenido con el Fobaproa- 25 por ciento del quebranto, mediante reservas que constituirían durante los próximos años.

Los intereses ya devengados por los pagarés en manos de los bancos (unos 35 mil millones) quedarían como deuda del gobierno, pero abonables mediante la cuantificación del impacto que tuviera el subsidio público en la recuperación de los créditos de los pequeños y medianos deudores que mejoraran sus pagos por efecto de las ayudas que recibirían del Estado mediante fondos presupuestales, es decir, en efectivo.

En síntesis, de los 160 mil millones se descontarían: 35 mil de los intereses ya devengados por los pagarés de Fobaproa, los 36 mil que representan 25 por ciento del quebranto a cargo directo del banco según lo que ya está pactado y los 40 mil que se recuperarían por el cobro de créditos o venta de activos. Al final, unos 50 mil millones serían la inversión pública, de tal manera que los bancos la pagaran conforme pase el tiempo, mejore el sistema bancario y empiecen a producirse nuevamente las ganancias de los bancos.

Frente a este esquema, se ha presentado otra propuesta para cobrar a los bancos un tres al millar sobre sus depósitos, con el cual se pagaría -según se afirma- el costo fiscal de la operación Fobaproa durante los próximos 20 años aproximadamente. Esta cantidad sería la cuota de los bancos a la nueva institución encargada del seguro bancario, la cual ya existe, es decir, se trata de la actual cuota al Fobaproa. Además, se cobraría el uno al millar para sostener el fondo del nuevo seguro.

Tal propuesta tiene como propósito dejar las cosas como están y sólo aumentar la cuota de seguro en uno al millar. Sin embargo, no se garantiza que con 0.03 por ciento de los depósitos el fisco recupere en 20 años el enorme monto comprometido en el salvamento de los cinco bancos; algunos hablan de cobrar el seis al millar. Por otra parte, la disminución de la cuota real de seguro de tres al uno al millar debilitaría el fondo para hacer frente a futuros quebrantos bancarios, mientras que los pocos bancos que no tienen cartera vencida, así como otros que pudieran formarse en el futuro, tendrían que pagar el cuatro al millar (o el seis) sobre sus depósitos, aunque la mayor parte sería para el pago de un quebranto que no tuvieron y solamente uno al millar serviría para el nuevo seguro.

Si el Estado ha sido usado para salvar a esos cinco bancos, entonces habría que admitir que el fisco también tiene intereses económicos propios -el interés público- y que sus fondos deben ser preservados al máximo posible. Por eso, el dinero de origen público que se use para ayudar a los bancos debe ser reintegrado en lugar de lanzarse a fondo perdido, como lo ha pretendido hasta ahora el gobierno a través del Fobaproa.

Prestar a los bancos y, al mismo tiempo, rescatar parte de los intereses que se les deben mediante pagos por el efecto que surta el subsidio a los pequeños y medianos deudores, sería una forma de proteger los intereses públicos y, a la vez, ayudar a las instituciones de crédito sin tener que asumir la mayor parte de las pérdidas de éstas.

Los dos planteamientos básicos que están en juego en este momento, y que aquí he descrito, sintetizan gran parte de la discusión que hasta ahora se ha producido sobre el escandaloso caso de Fobaproa. Pero queda por definir la conducta del Estado frente a unos 350 mil millones de rescates de los bancos muertos o moribundos, en los cuales el problema es mayor debido a que el gobierno ha realizado ya muchas operaciones de venta y reventa de sucursales y bancos completos, asumiendo compromisos demasiado pesados.

En todo caso, el criterio de defender los intereses públicos debe prevalecer por encima de compromisos gubernamentales carentes de legalidad.