Presenta hoy Cárdenas su primer informe

Daniela Pastrana Ť En los nueve meses de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, la administración perredista en el Distrito Federal ha tenido que sortear diversos intentos de intervención de las instancias federales en asuntos que competen sólo a las autoridades locales.

Ejemplos hay varios, documentados: Una notificación de la Secretaría de Gobernación sobre un ``Programa de Supervisión de las Delegaciones''; la solicitud, del secretario Francisco Labastida Ochoa, a la secretaria general de Gobierno del DF, Rosario Robles, de ordenar el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes de la plancha del Zócalo, previo al desfile del primero de mayo e, incluso, asuntos que han trascendido a la esfera pública como la determinación de la SEP de levantar las restricciones al aire libre en las escuelas, sin considerar la resolución de la Comisión Ambiental Metropolitana.

``Es la guerra'', admite un funcionario de muy alto nivel en el DF.

Una guerra fría permanente, de baja intensidad, que va más allá de las disputas públicas por el cobro de los adeudos de agua a las dependencias federales o las denuncias e inhabilitaciones de funcionarios de ambas instancias --Fernando Peña Garavito, Carlos Tornero Díaz, Manuel Merino Castrejón--, hasta asuntos que laceran las áreas más sensibles del gobierno: las escuelas.

Supervisión de las delegaciones

El 11 de junio llegó a la oficina de Rosario Robles un oficio del director de Gobierno adjunto ``A'' de la Secretaría de Gobernación, Jesús Reyna García, en el que le informaba del Programa de Supervisión de las Delegaciones Políticas del DF, que fue propuesto a Francisco Labastida por un profesor de nombre Jesús Fuentes.

El oficio anexaba la currícula de posibles candidatos para ``apoyar el programa''. Siete en total, todos con una amplia trayectoria en el PRI, según la información proporcionada. Pero el programa en cuestión no estaba incluido en el oficio DGAG 393/98.

Luego de la sorpresa inicial, las autoridades capitalinas decidieron ignorar la propuesta ``por improcedente'' y enviar la documentación al archivo, según consta en la nota informativa del 15 de julio del coordinador de asesores, Enrique Flota, a la secretaria general de Gobierno.

El incidente, que se conoció en un círculo muy cerrado del jefe de gobierno, fue interpretado por algunos funcionarios como ``un aviso'' de la intención de colocar, desde la dependencia federal, una estructura paralela en los gobiernos de las delegaciones. Para otros fue sólo un error de ``alguien que no vio de qué se trataba''.

El cierre de escuelas

El 12 de agosto, a unos días de iniciar el actual ciclo escolar, los padres de familia de la escuela Doctor Silva, en la colonia Argentina, fueron notificados de que no se abriría el grupo de primer año de primaria.

El argumento dado a conocer por la SEP, por medio de la subsecretaria de Servicios Educativos para el DF, que encabeza Benjamín González Roaro, fue que no se reunía el mínimo de 15 alumnos para abrir el grupo.

Unos días después, la misma notificación llegó a la escuela Nezahualcóyotl, en la colonia Tlaxpana. Y luego tocó el turno a la Aquiles Serdán, en la colonia Daniel Garza.

La historia la cuenta el diputado local del PRD, Javier Hidalgo, a cuyo módulo llegaron las quejas de los padres de familia.

``El argumento que nos dieron es que hay una disposición desde febrero de no abrir grupos con menos de 15 alumnos en escuelas urbanas, porque en las escuelas rurales el mínimo es 20, y dan toda una explicación neoliberal sobre esto, pero el problema es que lo hicieron sin ningún aviso previo, y a partir de un cálculo aritmético ridículo, porque en la cuenta de los 15 consideraban sólo a los que hubieran acreditado el preescolar'', dice el legislador, que encabezó una manifestación con los padres de familia en la SEP.

En los primeros dos casos, la movilización de maestros y padres provocó la rectificación de las autoridades educativas. En la escuela Aquiles Serdán todavía están negociando.

Las fiestas patrias y la próxima comparecencia del secretario de Educación, Miguel Limón, impidieron una respuesta sobre este asunto de las autoridades educativas en el DF, a quienes se intentó localizar antes de esta publicación.

Las ``instrucciones''

Unos días antes del desfile del primero de mayo, Rosario Robles recibió un oficio del secretario de Gobernación, en el que le pedía emplear la fuerza pública para retirar a los campesinos instalados en el Zócalo.

La respuesta de la funcionaria --cuentan sus allegados--, fue clara: ``el mismo derecho tienen unos manifestantes como los otros''.

Finalmente, se negoció el retiro de los inconformes. Pero para los funcionarios perredistas es una muestra más de que ``siguen con la idea de que pueden darnos instrucciones, como lo hacían con el PRI''.

Otro ejemplo. El 20 de mayo, luego de la crisis ambiental que se vivió en la ciudad, la SEP anunció el levantamiento de las restricciones al aire libre en las escuelas. La determinación ocasionó fuertes reclamos del secretario del Medio Ambiente del DF, Alejandro Encinas, e incluso del jefe de gobierno, por lo que el subsecretario González Roaro tuvo que aclarar que se trató de un ``lamentable malentendido''.

Al asumir el cargo el 5 de diciembre , en su primer discurso, el jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas describió a una ciudad que estaba en la ``incertidumbre y el deterioro crecientes de todo y por todos lados''. Hoy podrá conocerse la nueva visión de un Distrito Federal que ha gobernado desde aquella fecha.

Entre los logros que los propios funcionarios han destacado, están los ahorros sustanciales en los programas de contratos de desazolve, la basura y en la impresión de papelería. Ha aumentado el número de jornadas ciudadanas para cambiar la fisonomía de la ciudad. El remozamiento de escuelas, la reforestación y actividades conjuntas con organizaciones sociales han definido la nueva relación con los gobernados.

Otras obras de gran impacto, como el Proyecto Alameda, la Torre Chapultepec --que será el edificio más alto de la ciudad-- y el Centro de Exposiciones en Santa Fe, conforman los principales proyectos con el capital privado.

En el renglón de seguridad y procuración de justicia, disminuyó 10 por ciento el elevado índice delictivo, se inició la limpia en las corporaciones policiacas. En materia de medio ambiente impulsó el uso de gas natural, que ya utilizan autos oficiales, y en la promoción de autos eléctricos.

Se han rehabilitado comisiones de trabajo que únicamente tenían vida en el papel. Por ejemplo, la de nomenclatura en las calles, la de espacios públicos para decidir colectivamente el futuro de monumentos, y se han instalado consejos consultivos en materia de seguridad y procuración de justicia, desarrollo urbano, turismo, entre otros.

En el área laboral se ha impulsado la preservación y fomento del empleo mediante ferias con ofertas de trabajo, y la defensa de las condiciones de trabajo de los llamados cerillos y carretilleros en la Central de Abasto. En coordinación con las autoridades federales se han entregado libros de texto gratuitos, se han creado instancias de apoyo a las mujeres, se ha replanteado la relación con ONG y se ha tratado de romper la posesión ilegal de centros deportivos en manos de particulares.

Los retos

Está pendiente el reordenamiento de los ambulantes, proceso que no reporta avances en la construcción de puentes peatonales ni plazas comerciales, y sin un padrón de las asociaciones, la mayoría de filiación priísta, que se han negado a colaborar.

En las calles de la ciudad los grupos de trabajadores de la ex Ruta 100 se encuentran en conflicto permanente a pesar de que han firmado pactos en los que el gobierno ha sido mediador. .

Está pendiente también la investigación penal por la denuncia de espionaje en la oficina de la secretaria de Gobierno, Rosario Robles; la captura del policía más agresivo en el caso de las violaciones de las tres jóvenes de Tláhuac.

La temporada de lluvias está por concluir sin que se haya concretado el retiro en las zonas de riesgo, y tampoco se ha entregado el censo de invasiones.

Con el SUTGDF no se ha logrado concretar el cambio de inspectores por verificadores y tampoco ha mejorado la justicia cívica que ha solicitado la Procuraduría Social. (Ricardo Olayo)