Amparo al general Gallardo contra la determinación del Tribunal Militar

Jesús Aranda Ť La justicia federal concedió un amparo al general José Francisco Gallardo Rodríguez en contra de la decisión del Supremo Tribunal Militar, el cual ``ilegalmente'' prorrogó por dos meses el plazo para resolver la apelación presentada por aquél en contra de la sentencia de 14 años de prisión que le impuso la justicia castrense en abril pasado, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El pasado 8 de septiembre, el juez séptimo de distrito en materia penal, José Juan Trejo Orduña, amparó al militar en contra de la petición del cuarto magistrado militar, quien había solicitado al Supremo Tribunal Militar que se ampliara dos meses el plazo para resolver la apelación de Gallardo en contra del dictamen del Primer Consejo de Guerra.

De esta manera, el juez federal ordenó al tribunal castrense que dictara en un plazo de 24 horas la resolución sobre la apelación, sin embargo, la ley prevé también que la autoridad tiene plazo de diez días para inconformarse por la decisión del juzgado de distrito ante un tribunal colegiado.

Aun cuando en los hechos, el Supremo Tribunal Militar tendrá -contando con los diez días- más de un mes para emitir su dictamen (tomando en cuenta que la apelación ante el colegiado tardará alrededor de un mes), el abogado defensor de Gallardo, Francisco Garza Martínez, destacó la importancia de que el juez de distrito haya determinado que la justicia militar violó las garantías individuales del general.

Así, Garza Martínez señaló que la justicia militar ``debería comprender'' que ``no es nada sano retrasar la impartición de justicia'', como tampoco lo es el violar el artículo 831 del Código de Justicia Militar, el cual establece que agotada la vista -lo cual ocurrió desde abril pasado- el Supremo Tribunal Militar tenía un plazo de quince días para resolver la apelación a la decisión del Consejo de Guerra.

Y en este caso, dijo, no sólo el Supremo Tribunal violó la ley al no dictaminar en los quince días, sino que también pidió una prórroga que no está prevista en el código castrense para resolver la apelación, lo cual es inconstitucional.

Comentó el abogado que los magistrados militares alegan que el expediente del general Gallardo es voluminoso y por eso requieren de más tiempo, sin embargo, sostuvo, lo que queda de manifiesto es que en la justicia castrense ``no hay conocedores del derecho'', pues no hay una judicatura profesional, y quienes juzgan son militares nombrados ``de dedo'' e incondicionales del titular de la Defensa Nacional en turno.

Por otra parte, Alejandro Gallardo, hijo del general, señaló que la resolución del juez séptimo confirma las ``tácticas dilatorias'' que emplea la justicia castrense en contra de su padre, y recordó que la justicia federal ya le ha otorgado 18 amparos a su padre en contra de 20 sentencias emitidas por la justicia castrense, lo que habla de la parcialidad con la que sido tratado el general Gallardo por parte del fuero de guerra.

A su vez, Garza Martínez comentó que está pendiente de resolución un amparo solicitado por Gallardo en el propio Supremo Tribunal Militar, ya que éste tampoco ha resuelto la apelación que el general presentó en contra de la sentencia que le impuso el segundo consejo de guerra, por 14 años; esta vez por los presuntos delitos de malversación y destrucción de lo perteneciente al Ejército.

Lo cierto, concluyó el abogado, es que la justicia castrense no ha demostrado ``ni eficacia ni seriedad'' en el caso del general.