José A. Ortiz Pinchetti
Necesidad urgente de un acuerdo de reconciliación

Al fin el PRD y el PAN han planteado una iniciativa que apunta hacia un acuerdo de gobernabilidad. Puede llegar a ser una solución a la crisis que vive el país. El PRI se ha sumado aunque en forma tibia e incompleta. El PAN propone la redefinición de las reglas para la lucha por el poder en el 2000, incluyendo la posibilidad de una segunda vuelta electoral y un plan para revertir la pobreza extrema. El PRD plantea la solución del Fobaproa y al conflicto chiapaneco, la consumación de la transición política y una nueva estrategia de gasto social. Sus propuestas son coincidentes. En su enunciado, las propuestas del PRI también parecen serlo. Se ha anunciado para el fin de semana reuniones de PAN y PRD para concretar este acuerdo. Todas estas son buenas noticias y hay que aplaudir la voluntad política de los directivos de los partidos. Sin embargo, hasta hoy las propuestas son vagas, incompletas y tardías, y lo que es más grave: no han ido acompañadas ni siquiera por una respuesta cortés de la Presidencia de la República. El doctor Zedillo parece concentrado en resolver los problemas por la crisis financiera, incapaz de asumir una iniciativa política que hoy es desesperadamente necesaria y urgente. ¡Qué buen secretario de Hacienda hubiera sido el doctor Zedillo!

Si hoy por desdicha se presentara el estallamiento de una revolución en México, tendría como causas las mismas que originaron la Independencia y la Revolución: dependencia externa destructiva, extremas desigualdades sociales, incapacidad de la clase política para promover una reforma desde el poder, injusticias, abusos, corrupción, ausencia de un sistema para hacer rendir cuentas a los que ejercen el poder. Todo indica que vamos mal y la posibilidad de cambiar el rumbo depende de que los protagonistas actúen con un sano sentido de urgencia. Hasta hoy no hemos querido pagar el precio de la transición. Estos procesos tiene un alto precio: la renuncia a la idea de un triunfo aplastante y de la venganza. Todas las transiciones han estado basadas en un acuerdo de reconciliación nacional. Ello implica olvidar la justicia vindicativa y dejar atrás los agravios. Sin reconciliación no sólo no se restablecerá el grado mínimo de confianza que genere la actividad económica sino que ni siquiera se podrá garantizar la paz.

Podemos hablar de un conjunto de propuestas concretas que no han sido mencionadas por los partidos políticos y que podrían, entre otros, dar cuerpo a un nuevo pacto político: 1. La realización de un acuerdo marco semejante a la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas. 2. Una amnistía completa de los delitos políticos cometidos por los opositores al régimen. 3. Amnistía a los servidores públicos en faltas y delitos administrativos, siempre que no impliquen atentados a la economía nacional, traición a la patria o ataque a las personas. 4. Amnistía fiscal gradual y proporcional de los contribuyentes, sin que el gobierno quede descapitalizado. 5. Revisión de la política social, cuidando el crecimiento de las regiones y los sectores más marginados. 6. Creación de mecanismos de exigibilidad y rendición de cuentas para evitar la impunidad futura. 7. Mayor eficacia en los mecanismos de seguridad. 8. Reforzar las garantías individuales de vida, seguridad personal, domicilio, propiedad. 9. Renegociación inteligente de la deuda externa. 10. Solución al problema del rescate bancario y castigo a los culpables y a las autoridades consentidoras y cómplices.

Sabemos que por fortuna empiezan a perfilarse en la Cámara de Diputados proyectos de ley con algunos de estos contenidos. ¡Ojalá! Hasta hoy es patente la incapacidad para resolver adecuadamente los conflictos. Si los partidos políticos van a dialogar con la mentalidad de litigantes, el marasmo y la pugna de intereses implícitos harán imposible un acuerdo de reconciliación. En la tradición política mexicana hay una tendencia al enfrentamiento y a la confrontación. Ante este hecho podría pensarse en una tercera parte que fuera no un árbitro sino un facilitador. Que no intentara imponer una solución a los contendientes sino diseñar salidas. Este grupo de hombres y mujeres trabajando lejos de los reflectores ayudaría a identificar acuerdos y eliminar las resistencias y los puntos duros. Posteriormente los protagonistas asumirían los acuerdos, y los cuerpos legislativos y el gobierno les darían forma jurídica definitiva.

Es necesario dejar atrás el pasado y lograr con generosidad, visión y eliminación de la venganza, concesiones y renuncias mutuas en razón de un nuevo pacto político. Queda tiempo. Muy poco. A veces tiene uno la sensación de que para las élites directivas de los partidos el tiempo no cuenta. Pero éste corre sin pausa, como los finos granos de un reloj de arena.