El vertiginoso aumento de las tasas de interés está complicando la situación del sistema bancario, urgiendo a resolver los problemas pendientes y, sobre todo, a tomar acciones que reduzcan el riesgo de insolvencia de los bancos y, con ello, el peligro de quiebra del sistema de pagos.

Las autoridades monetarias y financieras han señalado que la volatilidad de los mercados financieros internacionales ha afectado nuestro mercado provocando que las tasas domésticas se disparen. A su vez, los directores generales de Banamex, Bancomer y Serfin, aunque reconocen que los factores externos han encarecido el dinero, señalan que la situación interna es la que más ha contribuido.

Más allá de esta diferencia, que no es trivial, lo relevante es que el alza en las tasas castiga inmediatamente a los deudores, afectando su capacidad de pago; ello ha conducido a que se mencione la posibilidad de un nuevo rescate bancario, ya que todo indica que la inestabilidad no sólo no se resolverá en el corto plazo, sino que pudiera conducir a una depresión de la economía mundial.

Las fuerzas del mercado de dinero, tan defendidas por el eje Hacienda- Banco de México, conducen a que los problemas se exacerben: los bancos que habían restringido sensiblemente sus programas de crédito, en estos momentos los han suspendido: los acreditados, con contratos a tasa variable, han visto que los intereses crecen al doble, dificultando el cumplimiento de sus compromisos, derivados de restructuraciones o de créditos nuevos; las tasas pasivas, como siempre ocurre, han respondido con lentitud, creciendo sólo una tercera parte, (un ejemplo puede ilustrar: mientras que la tasa promedio pagada por las sociedades de inversión para personas físicas es de 1.44% mensual, el crédito al consumo está cobrando 5.1%).

El crecimiento de los réditos, que pudiera alcanzar niveles de 50% para las tasas primarias, como respuesta a las presiones sobre el tipo de cambio y a los movimientos de la bolsa, tiene efectos contrapuestos para los bancos: al encarecer el costo del crédito, eleva la cartera vencida, obligando a incrementar el monto de reservas crediticias y reduce los ingresos; crece el margen de interés neto, la parte de las tasas que representa el ingreso de los bancos, castigando a los acreditados que aún cuentan con posibilidades de pago; los bancos con mayor liquidez, los captadores, pueden obtener rendimientos rápidos e inesperados al colocar los excedentes a tasas altas, pero, las inversiones financieras a plazo y tasa fija enfrentan minusvalías que se traducen inmediatamente en pérdidas.

Al gobierno mismo, también le impacta el crecimiento en tasas, en la medida en que el servicio de la deuda interna se eleva, aunque al buscar reducir las presiones sobre el tipo de cambio, reduce el riesgo de que crezca el servicio de la deuda externa.

Así las cosas, resulta evidente que el impacto negativo es generalizado, salvo para el tipo de cambio, y de esta manera reduce el crecimiento de los precios. La terquedad de las autoridades en poner en primer lugar los objetivos antiinflacionarios pudiera conducir a una situación crítica.

Evitarla requiere de tres acciones fundamentales inmediatas, que pudieran formar parte de los acuerdos de gobernabilidad: 1) Proteger a los deudores, y con ellos a los bancos, del impacto negativo del crecimiento de las tasas por medio de un fondo tipo Ficorca que absorba el riesgo de tasas superiores a 40%; 2) Actuar sobre la liquidez de los bancos mediante la aplicación de un coeficiente variable, un cierto encaje legal, tanto sobre el saldo como sobre la captación marginal; 3) establecer a la banca de desarrollo en el primer piso, para permitir que el crédito no se suspenda y la economía siga operando.

Lo urgente hoy no es resolver el Fobaproa, sino evitar la necesidad de un nuevo salvamento. Pero, si hay que realizarlo, habría que salvar a los deudores y ahorradores y no a los propietarios de los bancos.