Guerra en Guerrero

Informe Tlachinollan

Espiral de violencia, la figura es conocida: un hecho de sangre genera otro de mayor intensidad, que es origen de otro mayor. El cuarto informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (El laberinto de la guerra), caracteriza con esta figura la situación de la región de Guerrero habitada por tlapanecos, nahuas y mixtecos, llamada La Montaña. Lo que hace grave esta situación es el hecho de que uno de los responsables del incremento progresivo de la violencia y la militarización, es el mismo que debería responsabilizarse de su disminución: el Estado.

``En la Montaña de Guerrero'' --afirma Tlachinollan en su informe-- ``el engranaje de la guerra está en marcha y lo desesperante es que no se avizora una fuerza social y política que contenga esta espiral de la violencia. Lo frustrante de esta situación es que tampoco ha habido voluntad política por parte de las autoridades estatales, para abrir un impasse que dé oportunidad al diálogo y la negociación. Por el contrario constatamos que la polarización de los conflictos se remarcan y se tensan peligrosamente. Se ha caído en juicios simples y ligeros para catalogar en dos bloques antagónicos a toda la ciudadanía. Se les impone el dilema de estar con el régimen o contra él, sin permitir posiciones y tonalidades políticas civilizadas que puedan ubicarse como intermedias''.

El laberinto de la guerra es una buena ventana a la situación de los derechos humanos en Guerrero. No es el panorama completo por dos razones: primero, porque se limita a la región de La Montaña, así violaciones tan graves como las de El Charco1, y otros muchos hechos violentos dentro del estado no entran dentro de su área de acción y, segundo, porque es natural que las quejas que recibe Tlachinollan, en un ambiente nacional de escasa cultura sobre derechos humanos, sean muchas menos de las que suceden.

¿Existe en realidad una situación bélica en el estado sureño? Son varios los elementos que llevan a los redactores del informe a afirmarlo. El Ejército ha asumido en diversas ocasiones el gobierno civil. El 31 de marzo en el Cerro del Chupamirto, municipio de Metlatonoc, y el 7 de junio en la comunidad mixteca de El Charco. ``En ambos se impidió la entrada al lugar de los hechos a los presidentes municipales por órdenes militares porque se trataba presidentes de extracción perredista. [...] De facto los militares asumen el control político y toman decisiones al margen de las autoridades civiles: impiden el libre tránsito a la ciudadanía y a los medios de comunicación; se incomunica a los detenidos; no se les brinda auxilio a los heridos; no optan por una acción que evite la pérdida de vidas humanas, persiste una obsesión por aniquilar y destruir al adversario; se interroga ilegalmente a los detenidos, se les traslada de manera inconstitucional a las zonas militares, se les amedrenta y se les tortura''.

Otro de los síntomas de la guerra en las tierras del Sur es que el Ejército ha invadido el espacio de las comunidades. Al ejército ``poco le ha importado consultar a los pueblos y solicitarles con el respeto que se merecen, permiso para instalarse en las tierras comunales, como en la comunidad nahua de Temalacatzingo, en los terrenos ejidales de la ciudad de Tixtla, en una casa hogar y los terrenos de Chilapa, en los lechos de ríos y las barrancas de los municipios de Atlixtac, Tlacoapa, Acatepec, San Luis Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Malinaltepec, Ahuacotzingo, Ayutla y Metlatónoc y en los huertos familiares como Malinaltepec, Ayutla, Ahuacotzingo y Metlatónoc''. Para dirigir este ``cerco militar'' se ordenó construir en un terreno de 70 hectáreas, pertenecientes al ejido de Tlapa, una comandancia de zona que coordine todas las operaciones militares de La Montaña.

En su forma de actuar los militares y policías dejan claro (porque así lo quieren hacer notar) que ellos gobiernan la zona. 36 quejas de atropellos cometidos por diferentes corporaciones policiacas y el ejército --incluida la violación de dos indígenas del municipio de Atlixtac, por cinco militares-- manifiestan que son ``sabedores que atrás de ellos hay otras personas que los respaldan, los protegen, los defienden, los libran de todo mal y castigo, se encargan de maquillar los escenarios de la impunidad''. Las quejas contra el ejército incluyen la provocación de incendios. El 19 de abril, las comunidades de Zontecomapa, Puerto Buenavista, Agua Tordillo, Xilotlacingo y El Llano, del municipio de Acatepec protestaron por los daños que miembros del Ejército Mexicano causaron en ``el supuesto combate al narcotráfico, al incendiar grandes extensiones de bosques''. Lo que significó la pérdida de viviendas, huertas y mangueras para la conducción de agua.

La reciente militarización de Guerrero comenzó, de acuerdo El laberinto de la guerra, en 1994. Sin embargo era una diferente a la actual. Pretendía ``emprender labores social, campañas de despistolización y combate al narcotráfico'' ganándose la confianza de la población indígena. Pero después cambiaron de rumbo a finales de 1996 con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (epr) y ``sus labores se encaminaron a reprimir, aniquilar al adversario, a catear hogares, a detener arbitrariamente a los individuos, a humillar a la población y a torturar; este Centro empezó a registrar quejas en su contra. [Hoy] se ha optado por las armas; se ha invertido en la creación de bases militares y en el fortalecimiento de las corporaciones policiacas; paradójicamente, la pobreza, la injusticia y la violencia son problemas para `atender' más tarde''.

Tlachinollan fue uno de los organismos civiles que más presionó para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera recomendaciones sobre la militarización en la zona. El 20 de octubre de 1997 la CNDH emitió las recomendaciones 96/97 y 100/97 ambas dirigidas al General Brigadier de Justicia Militar, Marcial Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de Justicia Militar. La recomendación 100/97 abarca tres rubros: a) detención arbitraria, lesiones, tortura; b) allanamiento de morada, amenazas, intimidación y c) desaparición forzada de personas. Ocho de las 18 quejas que se presentaron en esta recomendación de carácter estatal, las presentó este organismo local.

Sin embargo, Tlachinollan considera que, por la forma en que fueron redactadas estas recomendaciones, han tenido un efecto muy limitado. Al instruir únicamente al Procurador de Justicia Militar que investigue las presuntas violaciones, las recomendaciones se ``entrampan en su contenido mismo, porque la institución castrense se convierte en juez y parte''. A esto se suma la negligencia de las autoridades militares en la realización de las investigaciones. Al paso del tiempo, muchas víctimas han tenido que emigrar a otros estados en búsqueda de trabajo y, más importante, los quejosos que permanecen en la región, temen presentarse a comparecer ante una Agencia del Ministerio Público Militar ubicada en la 35a Zona Militar. Después de recibir amenazas de muerte y vivir la tortura, esta reticencia es más que natural. Tlachinollan argumenta que se pudieron facilitar las indagatorias, disponiendo que primeramente se diera parte a la Procuraduría General de la República.

Dentro de los delitos que reporta El laberinto de la guerra destaca el de la tortura: en el reporte anual esta falta ``ocupó un lugar importante por su incidencia'', otro delito importante es el de los interrogatorios ilegales. El informe destaca el contenido de la recomendación CNDH 100/97 contra la autoridad militar y corrobora que ``los casos de queja expuestos tienen mucha similitud. En la mayoría se utilizaron los mismos métodos de tortura, y sus fines de esta fueron los mismos. No menos importantes resultaron los lugares donde los quejosos eran privados de su libertad, torturados e interrogados. En su mayoría refirieron lugares similares, por ejemplo `muchas escaleras que conducían a una baño'. De igual forma nos muestra que gran parte de los quejosos mencionan las famosas listas que los agresores portan y en donde cotejan los datos con sus identificaciones. Algunos testimonios coincidieron que al ser torturados se presentaron individuos que se ostentaban como de `Derechos Humanos' aplicándoles los mismos interrogatorios.''

El laberinto de la guerra no pretende ser un mapa para encontrar la salida del sangriento embrollo en el que se ha metido La Montaña de Guerrero, pero es un excelente reporte que indica lo entrampado la situación; la enorme distancia que le separa de la salida.

Tlachinollan, como parte de la Red Nacional de Derechos Humanos ``Todos los Derechos para Todos'', fue invitada a prestar su ayuda en este trágico episodio en el que perecieron cerca de 40 personas. El laberinto de la guerra incluye un capitulo sobre El Charco en el que da a conocer testimonios que corroboran las versiones periodísticas de que se trató de un ataque del Ejército Mexicano al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en el que murieron civiles, y que los sobrevivientes fueron torturados y obligados a firmar declaraciones falsas.