Los dos principales partidos de la oposición con representación en las cámaras, el PAN y el PRD, en las últimas semanas han reiterado preocupaciones comunes sobre el manejo y desenlace de la crisis política de tránsito que vive el país y los riesgos para la transición y la gobernabilidad. Con formulaciones diversas coinciden en proponer un pacto de gobernabilidad con todas las fuerzas políticas y sociales, en primer lugar el gobierno y el PRI, para evitar que las confrontaciones políticas y el desbarajuste económico neoliberal desemboquen en los próximos meses en sacudidas políticas y sociales bruscas que abran las puertas a la desestabilización y a la tentación de soluciones violentas.

Los dirigentes políticos opositores revelan así madurez y en la práctica toman en sus manos la iniciativa para impulsar la transición hasta su fin. Y es acertado, pues si no lo hace la oposición el país puede entrar en un proceso de mayor descomposición y peligros. El grupo en el poder, con el Presidente a la cabeza, como ha sido evidente desde hace ya varios años y fue patente en el Informe del primero de septiembre, ha agotado su capacidad para generar iniciativas políticas creadoras encaminadas a superar la crisis y llevar al país a otra etapa de su desarrollo. Ya no tiene más proyecto que el del continuismo neoliberal y la defensa del poder, sin importar los altísimos costos que esto tiene para las grandes masas del pueblo mexicano. Se aferra al dogma económico impuesto desde hace casi 20 años, pese a que todos los días y en todo el mundo se evidencia su irracionalidad y su fracaso.

La crisis que transcurre en el país y que preocupa no sólo a los dirigentes de la oposición, sino a todas las fuerzas políticas y sociales partidarias del cambio, es producida -debe recordarse- por el inmovilismo tecnocrático priísta que no acaba de admitir la nueva realidad política y se niega a reconocer que ya no puede seguir gobernando como en el pasado, cuando eran la fuerza hegemónica indiscutible, invencible, monolítica. Esa renuencia del grupo en el poder a instalarse en la realidad se manifiesta lo mismo en la guerra de baja intensidad del gobierno para aplastar la rebeldía indígena y derrotar al EZLN, que en la militarización de varias zonas del país, sobre todo en Oaxaca y Guerrero, o en el empecinamiento oficial de que todos los mexicanos paguen los costos de la ineptitud, mala fe y corrupción en el manejo del Fobaproa, además de su negativa rotunda a hacer rectificaciones al rumbo económico, pese a la exigencia de franjas anchas de la sociedad y a sus saldos desastrosos, la extensión de la pobreza y miseria en los últimos cuatro años, los del sexenio actual, el crecimiento del desempleo y otras calamidades económicas y sociales derivadas de esa estrategia.

Atrincherados en la defensa de su política y de sus posiciones de poder, tanto tecnócratas como viejos dinosaurios del PRI son fuerzas conservadoras y un freno a los cambios políticos y económicos ya maduros en la sociedad. Es por ello en extremo difícil, si no imposible, que acepten el pacto propuesto por el PAN y el PRD; sólo lo harán si se ven obligados a ello. Desde su óptica, aceptar un compromiso para la gobernabilidad equivale a admitir ya su fracaso como fuerza gobernante y abrirle la puerta a la transición y a los cambios.

Pero la oposición no puede ni debe renunciar a la decisión de impulsar el proceso de cambios sin sacudidas bruscas. Pero necesita crear las condiciones y la fuerza para conseguirlo. Seguramente el mejor camino es la elaboración de una plataforma común que entre otras cosas garantice una confrontación civilizada y justa en las elecciones del 2000, la paz con dignidad en Chiapas, solución del Fobaproa de cara a los intereses de la mayoría de mexicanos, bases mínimas para introducir cambios al rumbo económico. Una plataforma que sea la base de una amplia convergencia de fuerzas que abarque desde segmentos del PRI que toman distancia de las posiciones oficiales hasta el EZLN. Una convergencia así podría ganar amplio respaldo de sectores decisivos de la sociedad que obligue al oficialismo a sumarse a la convergencia o a admitir su aislamiento.

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