El Grupo de Alto Nivel logró varios acuerdos políticos
Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Silva Ť Los poderes Ejecutivo y Legislativo llegaron ayer finalmente a una serie de ``acuerdos políticos'' que ponen fin a la parálisis legislativa, y que harán posibles reformas legales para dar plena autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y crear un órgano superior de fiscalización -que controlará los gastos de los tres poderes de la Unión-, así como dar curso a los cambios constitucionales planteados por el presidente Ernesto Zedillo para mejorar el sistema de justicia.
Al finalizar la reunión del llamado Grupo de Alto Nivel -encabezado por el secretario de Gobernación y los coordinadores parlamentarios del Congreso-, Francisco Labastida Ochoa, quien ya se dirigía al elevador para bajar al estacionamiento, volvió sobre sus pasos para toparse de frente con los senadores que darían la conferencia de prensa sobre el encuentro y comentarles: ``Es importante que demos un mensaje de certeza, de que avanzamos, de que hay acuerdos''.
Los acuerdos de ayer ponen fin al largo periodo de infructuosos encuentros Legislativo-Ejecutivo, que se originó cuando los diputados y senadores de oposición se negaron a dictaminar las iniciativas del presidente Zedillo -sobre todo el llamado paquete financiero-, si a cambio los priístas no incluían en la agenda los proyectos legislativos de los distintos partidos y se entregaba al Congreso la información relacionada con el Fobaproa.
Precisamente para discutir el paquete financiero se reunirá nuevamente el próximo lunes -esta vez en Bucareli- el Grupo de Alto Nivel. Para ello está citado el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, quien ayer no estuvo presente porque no se abordaron temas de carácter económico. Asistieron Santiago Levy e Ismael Gómez Gordillo, pero el tema de la reforma presupuestal no se alcanzó a tocar ``por cuestiones de tiempo''.
Por lo que hace a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según informó Jorge Alcocer, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, se acordó reformar la Constitución para darle plena autonomía. Será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y presupuesto propios. Su titular será designado por el Senado de la República mediante el voto calificado de las dos terceras partes de sus miembros. El Consejo Consultivo de la CNDH, según lo acordado, será electo por el Senado de la República.
Los legisladores harán también cambios a la ley de la CNDH, para precisar sus facultades, de tal manera que sus recomendaciones no interfieran con las atribuciones de los órganos del poder público. Es decir, que la comisión no puede hacer recomendaciones a los poderes Legislativo y Judicial, ni de la Federación ni de los estados de la República.
En los aspectos donde no se alcanzó consenso, el Grupo de Alto Nivel convino que cada fracción parlamentaria revise su postura e informe en la próxima reunión de la Mesa de Coordinación sobre los puntos en que estaría dispuesto a flexibilizar su posición.
Una nueva entidad revisará los gastos de los poderes de la Unión
Hace casi tres años, el 28 de noviembre de 1995, el presidente Ernesto Zedillo propuso al Congreso la creación de ``la Auditoría Superior de la Federación''. La iniciativa, contrariamente a lo que había ocurrido siempre, nunca fue dictaminada por los legisladores por falta de consenso. Durante la reunión de ayer se decidió que se creará un ``órgano superior de fiscalización'', que tendrá facultades para revisar los gastos de los tres poderes de la Unión.
Según informó Alcocer, será un órgano con autonomía plena de gestión, ubicado en el ámbito del Poder Legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el senador perredista Mario Saucedo comentó que aún no se define si estará bajo la tutela de los diputados o será una institución ``al estilo del IFE''.
Incluso dentro del PRD, apuntó el senador, aún no hay consenso sobre el tema. Hay una corriente de pensamiento, encabezada por el diputado Pablo Gómez, que considera que debe ser totalmente autónomo, es decir, como el Instituto Federal Electoral (IFE).
Durante la conferencia de prensa que ofrecieron al final del encuentro los senadores Juan Antonio García Villa (PAN) y María de los Angeles Moreno (PRI), se dieron algunos roces con el subsecretario Alcocer al abordar el tema.
El panista García Villa comentó que no se discutió si con el nacimiento del órgano superior de fiscalización desaparecerán la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) -que es la contraloría interna del Ejecutivo--y la Contaduría Mayor de Hacienda -que es actualmente lo más parecido al órgano que se está pretendiendo crear, porque bajo la tutela del Legislativo fiscaliza los gastos del Ejecutivo--. Sin embargo, intervino Alcocer para acabar con ``la confusión'' y decir, tajantemente, que la secretaría del señor Farell no desaparecerá.
``La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo y es intención del Poder Ejecutivo que esta secretaría siga existiendo'', expresó el funcionario.
Entonces intervino el senador García Villa, para ``precisar'' que esa ``es la visión de algunos grupos parlamentarios'', y aprovechó el momento para defender la existencia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y echar en cara que la Secodam haya disfrutado, hasta el momento, de más recursos que el órgano camaral de revisión del gasto público.
El titular del nuevo órgano será nombrado por la Cámara de Diputados a propuesta de esta misma. Este acuerdo es contrario a la propuesta del presidente Zedillo -planteada en su iniciativa de noviembre de 1995--, quien pretendía que fuera dirigido por un ``cuerpo colegiado de auditores generales'' ( y no una persona) y que sus miembros fueran designados por los diputados, pero a propuesta del Presidente de la República.
La iniciativa del Presidente -recibida hace casi tres años por los diputados--plantea la desaparición de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y deja a salvo a la Secodam.
Como sobre este tema hay una serie de discrepancias, en la reunión de ayer en San Lázaro se determinó integrar un grupo de trabajo -coordinado por el diputado panista Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda--que habrá de buscar consensos. El Ejecutivo tendrá ahí dos representantes.
Habrá reformas constitucionales en materia de seguridad pública
En lo que se denominó ``paquete de seguridad y justicia'', Labastida y los legisladores acordaron dar cauce a la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el presidente Zedillo el pasado 9 de diciembre al Senado de la República y sobre las cuales no habían logrado ponerse de acuerdo.
El Ejecutivo propuso entonces al Congreso reformar los artículos 16,19, 20, 22 y 123 de la Constitución para, entre otras cosas, ``flexibilizar los requisitos que establece el artículo 16 para obtener una orden de aprehensión'', y en caso de que el inculpado se evada de la justicia, el proceso no sea suspendido, como actualmente ocurre.