El presidente de la primera potencia mundial podría ser sometido a juicio político, y eventualmente destituido, debido a una muy peculiar combinación entre un estricto respeto por la justicia, una hipócrita moral puritana, la revancha de un sector de la derecha carente de otros argumentos y de perspectivas, y las preocupaciones imperantes en el medio financiero por la estabilidad de Estados Unidos en momentos en que la severa crisis a nivel internacional amenaza con alcanzar la economía de ese país.

Lo importante en este caso no son las relaciones sexuales de William Clinton con Monica Lewinsky --reseñadas profusamente, pese a tratarse de asuntos estrictamente privados, en el informe presentado al Congreso por el fiscal independiente Kenneth Starr-- sino, por un lado, el oportunismo, rayano con el linchamiento moral, con que se ha manejado el caso y, por el otro, las implicaciones políticas inherentes a la posibilidad de que el mandatario haya incurrido en los delitos de perjurio y obstrucción de la justicia. Las mentiras del presidente, reiteradas durante meses, y el presunto abuso del poder para acallar a testigos o a detractores son acciones que, a juicio de los conservadores --pero también de muchos otros-- afectan la credibilidad del Ejecutivo en asuntos mucho más graves que los problemas de alcoba.

Es evidente que el Congreso estadunidense ha encontrado motivos suficientes para hacer del conocimiento público el informe de Starr y, con ello, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de abrir un juicio político.

Menos clara aún es la actitud que adoptarán en este escenario los representantes del sector de los negocios, quienes tienen intereses superiores a los de la disputa entre demócratas y republicanos, y evalúan las consecuencias que tendría escalar el proceso judicial contra el mandatario en un entorno económico desfavorable. En esos rubros la opinión está dividida entre quienes piensan que Estados Unidos no podría enfrentar una recesión con un presidente desprestigiado y semiparalizado, y quienes, en cambio, establecen que la finalización anticipada del segundo periodo de gobierno de Clinton podría tener indeseables consecuencias desestabilizadoras en el plano económico nacional e internacional.

Probablemente, el curso de la actual crisis mundial terminará por ser decisivo en lo que respecta al alineamiento final de los partidarios de una u otra opción, pues tanto una renuncia como un proceso largo a Clinton son situaciones peligrosas para Estados Unidos y para la estabilidad geopolítica y económica mundial. Baste señalar que, simultáneamente, varias de las más importantes potencias del orbe atraviesan por severas crisis políticas como resultado de la debacle financiera. Los gobernantes de Alemania, Japón y Rusia se encuentran ante la posibilidad de perder el poder, y múltiples naciones tienen frente a sí un panorama económico y social difícil e incierto.

Por ello, a pesar del provincialismo de la derecha estadunidense y en el entendido de que la imagen del presidente difícilmente se recuperará en lo que queda de su mandato, las poderosas fuerzas detrás de la especulación financiera y de los grandes capitales podrían intervenir en la definición del destino de Clinton para prevenir que Estados Unidos se sume a la lista de naciones agobiadas por turbulencias políticas y financieras.