Pablo Gómez
Alerta

Parece que para ciertos círculos gubernamentales la política es un juego. El secretario de Hacienda no entrega a la Cámara la información completa sobre el Fobaproa y manda unos papeles que dicen casi nada. Mientras tanto, busca negociar con los partidos opositores por separado, lo cual no llevará a nada mientras no comparta toda la información.

Gurría busca, ante todo, una solución consistente con la inicial propuesta de Ernesto Zedillo, es decir, dar la certidumbre de que se pagarán los pasivos del Fobaproa y asumir todo el costo fiscal que ya había admitido desde principios de año.

Pero las cosas no podrán ser exactamente como lo desea el secretario de Hacienda, pues la política no es ciertamente un juego. La idea de que, al final, cierto segmento de la Cámara entrará en pánico y asumirá el dictado presidencial, aunque no deja de tener ciertas bases, no puede ser suficiente para normar el comportamiento político de un gobierno.

El asunto del Fobaproa se tiene que resolver este mismo año, de tal suerte que en el presupuesto de 1999 se asuman los compromisos que implique el modo en que habrá de encararse el desastre bancario que arrastramos desde 1994. Por esto, el secretario de Hacienda juega con fuego al regatear la información a la Cámara. Gurría parece no darse cuenta que los diputados opositores podrían suspender negociaciones mientras no llegue la información exhaustiva que ya ha sido solicitada por escrito.

El alerta de hoy es frente a la falta de sensatez del gobierno, lo que los priístas convertirán, seguramente, mañana, en insensatez de las oposiciones. Ya podremos leer en los titulares de los diarios que Ernesto Zedillo llama a los partidos a llegar a un acuerdo sobre el Fobaproa, ante la catástrofe financiera que se avecina si no hay solución. Pero culpar a las oposiciones de no resolver un asunto, después de negarse a poner las cosas en claro sobre ese mismo asunto, aunque es muy del estilo de Zedillo, no tiene la menor seriedad.

Con el Fobaproa podría pasar algo semejante a los acuerdos de San Andrés: el gobierno los firmó y, después, los desconoció, pero culpa a los zapatistas de romper el diálogo. Si el gobierno ha declarado que entregará la información a la Cámara pero no lo hace, entonces es inútil seguir hablando de un asunto sobre el cual existe disparidad en los niveles de conocimiento concreto.

Las cosas se han complicado a partir de la exhibición de los documentos donde se muestra cómo el PRI recibió donativos procedentes de fraudes bancarios. Si la directiva priísta sabía o no que esos dineros procedían de operaciones ilegales, entonces se tiene que poner en claro, pero de todas formas tendrá que haber una devolución, aunque fuera por motivos éticos y no solamente legales, pues la nación no puede asumir costos fraudulentos de campañas políticas. El Presidente de la República podría estar directamente vinculado con las operaciones de los fideicomisos del PRI, pues él era el candidato de ese partido y, por esto mismo, es absolutamente indispensable investigar a fondo la denuncia presentada por el PRD.

No es casual que la quiebra bancaria tenga conexiones con las actividades políticas, pues al menos una parte de los banqueros fueron beneficiados desde el gobierno.

Todo debe quedar claro antes de que sea demasiado tarde.